Publicado: marzo 27, 2025, 1:07 am
A Pedro Sánchez se le ha vuelto una vez más en contra la hemeroteca, estos días a cuenta de todas las señales que apuntan a que renunciará incluso a tratar de aprobar este año la ley que define las prioridades políticas del país. «Un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina», le llegó a recriminar en 2018 el hoy presidente a su predecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy.
Forzado a modificar su discurso ante la debilidad parlamentaria sobre la que se asienta su gestión, agravada ahora por la oposición frontal de sus socios a incrementar el gasto en defensa, el jefe del Ejecutivo argumentó ayer en el Congreso que él prefiere «unos Presupuestos prorrogados a unos Presupuestos tutelados por la ultraderecha». Trataba así de echarle en cara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el acuerdo al que ha llegado Carlos Mazón con Vox en la Comunidad Valenciana, al que Sánchez se refirió como «el infame pacto del Ventorro», y la posibilidad de que se extienda al resto de regiones con dirigentes de su partido sin mayoría absoluta.
Previamente, Feijóo había recordado al presidente que la presentación de un proyecto de Presupuestos es una obligación constitucional que el Gobierno ya incumplió el año pasado con la excusa del calendario electoral. «Si a usted le sobra la democracia, aquí el que sobra es usted», le advirtió para retarle, de nuevo, a llevar a la Cámara Baja un proyecto de cuentas públicas con el que comprobar qué apoyos le quedan de aquel bloque de la investidura que prolongó su mandato en noviembre de 2023.
En medio del rifirrafe en el hemiciclo ayer volvieron a resonar la palabras de la portavoz de Gobierno, Pilar Alegría, dando a entender en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ni se iniciará el trámite parlamentario de los Presupuestos, a no ser que se cuente con la hoy improbable certeza de que tendrán los apoyos para su aprobación, porque sería «perder el tiempo». En La Moncloa reconocieron que esta expresión probablemente no fue la adecuada para un mensaje institucional, pero subrayaron que en ningún momento se quiso «despreciar» la labor del Congreso.
La desazón por no intentar siquiera tener Presupuestos también se manifiesta dentro de la propia coalición, donde Sumar presiona, aunque sin bazas reales, para que el PSOE se mueva y trate de buscarlos hablando con sus socios parlamentarios. No obstante, y pese a ser un tema candente, toda la preocupación del socio minoritario se centra ahora mismo en intentar salvar el choque con los socialistas respecto a la tributación del salario mínimo en el IRPF. El reloj aprieta. El plazo para alcanzar un acuerdo expira mañana. Fuentes conocedoras de la negociación señalan que se han producido avances desde que el diálogo se reanudara el pasado lunes con una oferta del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, las posiciones han encallado y se discute la manera de encontrar una salida. De lo contrario, se echará el tiempo encima y el Ministerio de Hacienda tendría que ejercer el veto a la ley de Sumar que exime del pago del IRPF a los perceptores del SMI. Si se consumara ese bloqueo, Sumar ha advertido de que se aliaría con el PP en el Congreso para anularlo y dar pie a la tramitación de la norma.
El caso es que se trabaja a fondo para no llegar a ese extremo y anunciar antes un acuerdo entre los socios, que incluso podría comunicarse hoy mismo. Ayer las posiciones estaban muy cercanas pero a la hora de plasmarlas sobre un papel se reavivaron las diferencias entre los ministerios de Hacienda y Trabajo. Aun así, en Sumar confían en conseguirlo.
Como explicó Montero el pasado martes, el PSOE y Sumar trabajan en una «fórmula» para «compensar» a todos aquellos trabajadores que cobran el SMI para que no vean mermada la subida de 1.184 euros en 14 pagas por el pago del IRPF -unos 25 euros al mes-. El relato de Hacienda es que esto afecta a «pocos» asalariados: un 20% del total. Que son los que no tienen cargas familiares como los hijos y, por tanto, no tienen ventajas fiscales.
Para Sumar, los que cobran el SMI no deberían tributar o, en todo caso, no perder parte de su salario de 16.500 euros anuales, por ser un colectivo vulnerable. De hecho, Yolanda Díaz viene reiterando que su formación insistirá en «defender» hasta el final la «justicia fiscal», aunque sea votando con el Partido Popular. Que no sería el único en apoyar esta tesis, pues la mayoría de los socios de investidura de Pedro Sánchez también están en la trinchera de la vicepresidenta. Por eso la falta de acuerdo conduce al PSOE hacia el abismo de una fractura dentro del Gobierno y a una previsible derrota parlamentaria si llegara el pulso hasta el final.
