Publicado: marzo 21, 2025, 5:07 am
Gobernar en minoría pero tratando de pasar un rodillo sobre el Parlamento es una estrategia que empieza a dejar cadáveres por el camino. El Ejecutivo tuvo ayer un mal día en el Congreso que puso de manifiesto sus divisiones internas y su extrema debilidad parlamentaria. Bastó una moción del BNG con carácter declarativo para evidenciar las discrepancias radicales que anidan en el Consejo de Ministros y fue suficiente un intento del Ejecutivo por imponer sus intereses, utilizando su mayoría en la Mesa de la cámara, para desatar una revuelta de grupos parlamentarios.
Las consecuencias fueron, de un lado, la imposibilidad de que Pedro Sánchez pueda defender en Bruselas una posición unánime del Gobierno en relación con los planes de rearme europeo propuestos por la Comisión y, de otro, el decaimiento del proyecto patrocinado por el Ministerio de Sanidad con el que se pretendía reformar la ley General de Salud Pública y crear una Agencia Estatal de Salud.
Es muy probable que este último altercado acabe desembocando en un nuevo conflicto de atribuciones entre Congreso y Senado e incluso en un recurso de inconstitucionalidad contra el veto de última hora impuesto por el Ejecutivo a varias enmiendas aprobadas en la Cámara Alta por mayoría absoluta y consecuentemente incluidas en el texto de la ley contra el Desperdicio Alimentario que se remitió al Congreso.
La batalla de tres formaciones de muy distinta ideología –PP, ERC y Junts– contra la imposición del Gobierno de excluir in extremis de la citada ley las enmiendas que no le convenían derivó en una catarata de acusaciones de «arbitrariedad» y «prevaricación» contra la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, y a la que se le reprocha actuar, no como garante de la soberanía y las facultades de la Cámara, sino como correa de transmisión de los intereses de La Moncloa en el poder Legislativo para cortar de raíz las iniciativas que contradicen los deseos gubernamentales.
Las enmiendas objeto de discordia se referían a la prórroga de la vida útil regulada de las plantas de cogeneración de tratamiento de purines (los residuos generados por las cabañas porcinas), presentadas por Junts y por ERC, y a la rebaja del IVA a un tipo del 2% para los alimentos de primera necesidad hasta el 31 de diciembre, presentada por el PP. Todas fueron introducidas durante la tramitación de la norma en el Senado y aunque el Gobierno trató de vetarlas haciendo valer su prerrogativa constitucional de oponerse a la aprobación de iniciativas que supongan una merma o un aumento de las previsiones presupuestarias, la Mesa de la Cámara Alta, en uso de sus atribuciones, rechazó la pretensión del Ejecutivo.
Una vez levantado el veto del Gobierno, el pleno del Senado aprobó por mayoría absoluta las citadas enmiendas y estas se incorporaron al texto del proyecto de ley que se remitió al Congreso para su votación final. Fue en este último trámite cuando el Ejecutivo intentó de nuevo ejercer su poder de veto y la Mesa de la Cámara Baja lo aceptó aun con el informe verbal en contra del letrado mayor que argumentó que aceptar el veto del Gobierno en la fase final del procedimiento legislativo es un acto contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional.
La Mesa dominada por PSOE y Sumar desoyó este pronunciamiento así como los escritos de reconsideración y queja presentados por los grupos afectados y, plegándose a los deseos del Gobierno, cercenó el proyecto de ley excluyendo del mismo las enmiendas aprobadas en el Senado.
El embrollo derivó ayer en una bronca monumental en el Pleno con acusaciones de «arbitrariedad» y «prevaricación» contra la presidencia del Congreso, ejercida en ausencia de Francina Armengol por el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, abiertamente posicionado en favor de las tesis del Ejecutivo y contrario a aplazar el debate y la votación de la ley, como reclamaron los grupos afectados, hasta contar con un informe de legalidad sobre la capacidad de veto del Gobierno cuando se trata de ejercer duplicadamente y de manera extemporánea.
La representante de ERC, Teresa Jordá, lamentó que a partir de ahora habrá que dar por hecho que el Congreso «sólo puede debatir y votar lo que le interesa al Gobierno». «¿Quieren que hablemos de la separación de poderes?», lanzó.
Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Tellado, en una airada intervención, tachó de «atropello democrático» la actitud del Gobierno y de la presidencia del Congreso y remató: «Esto tiene un nombre y es prevaricación». También el diputado de Junts, Josep María Cruset, expresó su queja.
La batalla no se quedó en mero enfrentamiento parlamentario y pasó a mayores cuando PP y Junts decidieron vengarse del Ejecutivo votando sorpresivamente en contra de otra ley, la que creaba la Agencia Estatal de Salud Pública y que, en principio se daba por aprobada sin problemas.
Los votos de populares y neoconvergentes se unieron así a los de Vox y tumbaron un proyecto largamente trabajado y que, durante toda su tramitación parlamentaria, concitó el respaldo de todos los grupos a excepción del de Santiago Abascal.
Ni el PP ni Junts tuvieron inconveniente en confirmar abiertamente que su voto en contra de la creación de la Agencia de Salud Pública era su forma de «castigar» al Gobierno y hacerle pagar por sus vetos.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, afirmó tajante al término del Pleno que «ninguna agencia española está por encima de los agricultores y ganaderos catalanes». La enmienda de Junts sobre el tratamiento de residuos era vital para las explotaciones porcinas catalanas.
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recalcó que «cuando se impide que el Congreso pueda votar aquello que el Senado ha aprobado, no pueden pretender que no haya una reacción». La número dos de los populares apuntó también contra la ministra de Sanidad, Mónica García, que en su intervención en defensa de la Agencia de Salud y cuando daba por hecho que sería aprobada, no dudó en arremeter duramente contra el PP. «Después de insultar, no había mucho ya a favor», sentenció Gamarra.
