Publicado: marzo 20, 2025, 9:07 am
El Grupo Popular ha emprendido una batalla contra la Mesa del Congreso, a la que acusa de tomar decisiones arbitrarias e inconstitucionales a sabiendas para favorecer los intereses del Gobierno incluso cuando estos implican cercenar las atribuciones soberanas del Parlamento. En este enfrentamiento también han alzado la voz dos de los grupos del llamado bloque de investidura: ERC y Junts.
El choque se produce después de que la Mesa de la Cámara, dominada por PSOE y Sumar, haya decidido aceptar el veto interpuesto por el Ejecutivo a cuatro enmiendas de PP, ERC y Junts aprobadas por el Pleno del Senado y, en consecuencia, que quedaban incluidas en el proyecto de ley de Desperdicio Alimentario que hoy se debate y vota definitivamente en el Congreso. El Gobierno maniobró, echando mano extemporáneamente de su capacidad de veto por motivos presupuestarios, para imponer la exclusión de dichas enmiendas del proyecto de ley y la Mesa de la Cámara, incluso con el informe verbal en contra del letrado mayor de la Cámara, aceptó
PP, ERC y Junts presentaron ayer varios escritos de reconsideración ante la Mesa de la Cámara para que se revocara la admisión de los vetos del Gobierno que, de facto, implica mutilar el proyecto de ley tal y como ha sido aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara Alta, excluyendo del mismo las enmiendas aprobadas de estos grupos.
La Mesa del Congreso decidió, de manera irregular y con la opinión en contra del letrado mayor de la Cámara, admitir el veto extemporáneo del Ejecutivo. El portavoz del PP, Miguel Tellado, se ha enfrentado con el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez de Celis, en sustitución de Francina Armengol, al que ha reprochado su intento de cercenar los derechos de la Cámara y hacerlo consciente de que su decisión de no aplazar el debate del proyecto de ley es injusta y arbitraria.
Tellado le ha recordado que el Reglamento de la Cámara está «para cumplirse y no para ser interpretado». En consecuencia, ha reclamado que se aplace el debate y la votación del proyecto de ley hasta que se analice el informe de legalidad que se pidió por escrito. Los grupos afectados por esta decisión consideran que se está hurtando al Congreso su capacidad de debatir y decidir.
El portavoz del PP ha acusado abiertamente a los miembros de la Mesa del PSOE y de Sumar, entre ellos el propio Rodríguez de Celis, de vulnerar la ley, la Constitución y hacerlo de forma deliberada. «Eso tiene un nobre», ha remachado, «y es prevaricar».
La misma posición ha sido mantenida por el representante de Junts, Josep María Creuset. Este grupo también presentó junto a ERC un escrito de reconsideración sobre el veto del Gobierno y también ellos reclamaron el aplazamiento del debate y votación del proyecto de ley del orden del día de hoy. Lo mismo ha defendido Esquerra, quien lamenta que se pueda aprobar el texto de una ley cercenada. «Esto es una auténtica vergüenza», ha dicho su representante, Teresa Jorquera. No obstante, las reclamaciones de estas formaciones han sido desatendidas por el presidente sustituto del Congreso, una decisión que ha suscitado la bronca en el Pleno.
El portavoz del PSOE, Patxi López, ha reprochado al PP que acuse al Gobierno y a la Mesa de la Cámara de cometer una «tropelía parlamentaria». López ha insistido en el derecho del Gobierno a vetar enmiendas que supongan alteración presupuestaria. Sin embargo, este derecho tiene unos límites, puesto que el veto del Gobierno fue levantado por el Senado y ahora ya no ha lugar a que en último extremo el Ejecutivo vuelva a intentarlo.
López también ha defendido que una mayoría no puede cambiar el orden del día del Pleno pero ese argumento también falla, puesto que cualquier alteración del mismo puede ser solicitada por dos grupos de la Cámara o por una quinta parte de sus miembros y ha de ser votada por el Pleno, algo que también ha negado Rodríguez de Celis.
