Publicado: marzo 19, 2025, 1:07 pm
Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado en mano 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, por indicación del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, ha confirmado esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llevó ese dinero. No obstante, ha aclarado que estas entregas tuvieran que ver con las gestiones para obtener una licencia para operar en el sector de los hidrocarburos.
Asimismo, ha admitido que Aldama le asegurò haber mantenido reuniones con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres en un viaje a Canarias en relación al negocio de los hidrocarburos.
Esta es la primera vez que Pano está citada como investigada en el denominado caso Hidrocarburos, tras haber comparecido como testigo en el caso Koldo tanto en el Tribunal Supremo, donde ratificó haber llevado esa cantidad al PSOE y habérsela entregado a una persona a la que no identificó, como previamente en la Audiencia Nacional, donde su declaración fue pospuesta a después de su comparecencia en el alto tribunal y ante Pedraz.
Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio detallan que la declaración de pano ha sido prácticamente idéntica a la que prestó en el Tribunal Supremo al tiempo que cuestionan que la empresaria quiera colaborar en la causa.
Pano y su hija fueron detenidas en diciembre en el marco del caso Hidrocarburos por la Guardia Civil y quedaron en libertad horas después sin ser puestas a disposición judicial tras confirmar que llevó dos veces sendas bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga un presunto fraude con hidrocarburos cuya investigación fue la que llevó al empresario Víctor de Aldama -considerado el comisionista de la trama Koldo- a prisión aunque posteriormente quedó en libertad.
El presunto comisionista y sus socios están imputados por formar parte de una organización delictiva que pudo defraudar más de 100 millones de euros en el IVA de la gasolina.
En uno de sus últimos informes, la Guardia Civil indica que «en este procedimiento en concreto se ha detectado una presunta organización criminal que, operando en el sector de los hidrocarburos, desde septiembre de 2002, por el momento ha acumulado un fraude de IVA de 182.513.923,15 euros».
La Unidad Central Operativa (UCO) enmarca el fraude fiscal millonario entre los años 2022 y 2024, «concretamente entre noviembre de 2022 y febrero de 2024» y sitúa como «codirectores» a los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama y como «subdirectora» a María Luisa Rivas. «En un segundo plano estarían las personas dispuestas por la presunta organización criminal y de las cuales se sirve ésta para el desarrollo de sus actividades defraudatorias, realizando funciones de cooperación, coordinando operaciones, creando sociedades interpuestas, representando a mercantiles del entramado societario».
