Publicado: marzo 19, 2025, 1:07 am
Sin Presupuestos, sin mayoría estable, sin certidumbres de largo plazo y con unos datos macroeconómicos envidiables, pero ensombrecidos por una lluvia ácida judicial y parlamentaria que tampoco cesa. En el plano estrictamente político, Pedro Sánchezvive sin vivir en él. Pero vive. Gobierna constreñido por la cruel perversión de los hados de la aritmética. Pero gobierna. Y va como muriendo un poquito, como por fascículos, en cada ley que saca. Pero las saca. Su lema es aquella frase estoica que dejó Aznar para los mármoles del resistencialismo: «Un día más en La Moncloa, un día menos para el enemigo». Va avanzando a trompicones. Pero avanza. Y cada semana le paga una libra de carne distinta a sus socios.
El peaje que le pagó ayer a Junts constituye una paradoja. El Gobierno logró pactar con el partido de Carles Puigdemont la reubicación de 4.400 menores de Canarias y Ceuta gracias a que antes había aprobado la delegación de competencias migratorias a Cataluña. Pero, paradójicamente, el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, cuya última versión adelantó ayer EL MUNDO, consagra claramente la «competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración y extranjería». Al comparar esto con el discurso de Junts tras la delegación de competencias recién aprobada, obtenemos un contrasentido dialéctico como cuántico. Como de Schrödinger.
La aprobación del real decreto-ley pactado con Junts para la reubicación de los menores migrantes le ha dado al PP «oxígeno» tras las tensiones generadas por el pacto de Carlos Mazón con Vox. Así lo reconocen dirigentes del PSOE.
El texto estipula que «el Estado ostenta competencias en materia de «Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo» (artículo 149 de la Constitución Española)», y continúa con más claridad aún: «Lo que implica su debido ejercicio tomando las decisiones y medidas más favorables para con las personas menores de edad».
Es decir, que en este decreto se reconoce la titularidad inequívoca de las competencias que reclama Junts, y que se han delegado a Cataluña. En este sentido, el decreto recuerda que «el Tribunal Constitucional ha subrayado la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración y extranjería, indicando también que esta competencia tiene dos vertientes».
¿Cuáles? «Por un lado, la determinación, en cuanto cuestión más primordial del régimen jurídico del extranjero en España, de los derechos que, correspondiendo, en principio, a los españoles, deben ser extendidos a los ciudadanos de otras nacionalidades radicados en nuestro país». Es decir, el «estatuto del extranjero», que no se limita a fijar unas condiciones básicas de igualdad entre quienes llegan a territorio español, sino que busca fijar las «condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titularidad de los derechos constitucionales». Un mensaje radicalmente diferente al que vocea Junts, a rebufo de Silvia Orriols y su ultra Aliança Catalana.
En todo caso, Junts sólo se tragará el sapo del decreto una vez. Miriam Nogueras se comprometió con Fernando Clavijo, presidente de Canarias, a apoyar una reubicación de menores, pero una sola, para desatascar los centros de acogida de las islas. El partido de Puigdemont se ha negado una y otra vez a bendecir una solución perenne, porque de ese modo algunas decisiones de acogida serían automáticamente exógenas a la Generalitat en todas las crisis migratorias. Y ésa es una línea roja.
Y también se negaba hasta ahora a convalidar cualquier decreto. ¿Por qué? Por su natural querencia subastera. Pedía a cambio que Cataluña tuviera mando en plaza en las fronteras. Mientras reclamaron la delegación migratoria a Cataluña, su rechazo fue inamovible, pero una vez que eso se desbloqueó, pasaron por el aro. Una vez y no más, que la competencia por el voto supremacista es real, contante y sonante.
No conviene olvidar otra paradoja: que estas competencias que ha exigido y logrado Junts las ejecutará un socialista, Salvador Illa. Y no Jordi Turull ni quienes intentan estampar la lengua como salvoconducto. Pero que nadie se llame a engaño: no es que los inmigrantes no hablen catalán lo que le molesta a Junts. Es que, por lo que sea, no les apoyan a ellos.
No es la lengua, es el voto.
