Publicado: marzo 18, 2025, 1:07 pm
Sumar ha impulsado una proposición de ley para prohibir que la Policía pueda introducir agentes infiltrados en los colectivos sociales y limitar exclusivamente el uso de los policías encubiertos para perseguir los casos más graves, como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de seres humanos o el tráfico de armas.
La norma, presentada este martes por Gerardo Pisarello, de los Comunes, es una respuesta a la polémica generada tiempo atrás con la infiltración de policías en grupos independentistas o por el derecho a la vivienda, lo que provocó la airada reacción de grupos políticos de la izquierda.
Ahora es Sumar quien da un paso en este sentido al registrar una proposición de ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para establecer prohibiciones y acotar así los casos en los que la Policía puede hacer uso de un agente encubierto. Pisarello ha denunciado que se ha «constatado» un «patrón de abuso» por parte de los Gobiernos del PSOE y del PP con la infiltración en movimientos sociales y ha afirmado que se trata de una vulneración de la intimidad de las personas afectadas, así como del derecho de reunión.
Se introduce un punto dentro del artículo 282 en el que se dicta que quedará prohibida toda infiltración policial «destinada a realizar acciones prospectivas, descubrir delitos presuntos, captar, recibir y analizar datos aun teniendo estos supuesto interés para el orden y la seguridad pública; así como estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia».
La excepción es lo que recoge el artículo anterior que describe los supuestos de delitos más graves, como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de seres humanos o el tráfico de armas.
La exposición de motivos de la iniciativa de Sumar defiende que la reforma de la LECrim tiene por objetivo «reforzar los controles judiciales y administrativos» sobre los agentes infiltrados. «Se pretende establecer un marco de autorización judicial más riguroso y detallado, que incluya la obligación de justificar la necesidad y la proporcionalidad de la medida, así como la periodicidad de las revisiones judiciales para evaluar su continuidad».
Sumar denuncia que el Ministerio del Interior ha justificado el empleo de los agentes encubiertos por los objetivos perseguidos pero no de una manera «clara» en la práctica. Por lo que considera que se ha generado inseguridad jurídica, además de «vulneraciones de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica».
Por ello, Sumar considera «imprescindible» que la reforma establezca «límites precisos para las actuaciones en contextos tanto delictivos como sociales, asegurando un control judicial efectivo y evitando posibles abusos».
