Publicado: marzo 12, 2025, 9:07 am
El ex presidente valenciano Eduardo Zaplana ha interpuesto un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo mediante el que solicita su absolución en el denominado caso Erial argumentando que la sentencia que le condenó «se basa en pruebas prefabricadas, indicios equívocos y contradicciones».
Asimismo, subraya que, a falta de evidencias, se apoya en «declaraciones pactadas de forma clandestina» por parte de la Fiscalía para conseguir, entre los acusados, testimonios que incriminaran al ex alto cargo del PP a cambio de su absolución o de una rebaja en sus penas. Agrega Zaplana, representado por el letrado Daniel Campos, que durante la investigación ha sido víctima de una «grave infracción de principios esenciales del proceso penal»; que ha padecido «indefensión»; y que se han «vulnerado» sus «derechos fundamentales». En este apartado recuerda que el Tribunal Constitucional ya consideró acreditado este hecho durante la fase de instrucción.
Cabe recordar que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Zaplana a penas que suman 10 años y cinco meses de prisión como responsable de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Asimismo, le impuso una multa superior a los 25 millones de euros.
Se le consideró responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV).
Zaplana pone como ejemplo de las irregularidades de la sentencia que le condena, que al empresario uruguayo Fernando Belhot, considerado el testigo clave de la causa, «se le llegó a otorgar la total impunidad […] a cambio de testificar contra él». No en vano, Belhot, contra quien pesaba una orden de detención internacional y negó los hechos, pasó a ser testigo tras pactar con el Ministerio Público, cambiar por completo su testimonio e inculpar a Zaplana.
A su vez también recalca que se dispensó un trato privilegiado a su amigo Joaquín Barceló o a su ex jefe de Gabinete Juan Francisco García a cambio de que le incriminasen. El también ex ministro del PP prosigue en su recurso de casación resaltando que la investigación está viciada de inicio toda vez que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se aferró al hallazgo casual de unos documentos que, a su juicio, fueron ocultados al juez. De ahí que sostenga que la UCO le investigó durante cinco meses sin autorización judicial.
En relación a lo que se denominaron los papeles del sirio, ya que supuestamente fueron hallados en un piso que ocupó un ciudadano de esta nacionalidad y que años antes había sido la residencia del ex presidente valenciano, «no mencionan a Zaplana ni son suyos ni éste pudo olvidarlos en la casa en la que vivió, que fue de tres inquilinos más».
También razona el recurso de Zaplana que la sentencia le condena por un delito de prevaricación atribuyéndole resoluciones que fueron dictadas por otros y en ningún caso por él. Que en el caso del cohecho, el ofrecimiento de la dádiva habría sido realizado después de la adjudicación y desmonta la comisión del delito de blanqueo aseverando que en las operaciones investigadas puede acreditar perfectamente el origen lícito del dinero.
La defensa de Eduardo Zaplana solicita, por último, que dada la extensión del recurso de casación, que consta de 190 páginas, se celebre un vista en el Alto Tribunal para poder exponer con claridad sus argumentos.
