Publicado: marzo 12, 2025, 1:07 am
Los dos altos cargos del Gobierno que manejaron el correo por cuya filtración está imputado el fiscal general llegan este miércoles al Tribunal Supremo con una coartada para la desaparición de los datos de sus teléfonos: que el Ejecutivo renueva o interviene los terminales por motivos de seguridad.
Se trata de la ex asesora de La Moncloa Pilar Sánchez Acera -mano derecha de Óscar López cuando éste era jefe de Gabinete del presidente del Gobierno y se produjo la filtración- y del ex secretario de Comunicación Francesc Vallès. Ambos han sido convocados como testigos por el magistrado Ángel Hurtado para aclarar su relación con el correo en que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso ofrecía reconocer la comisión de dos fraudes fiscales.
Los dos testigos aparecen expresamente en el listado de preguntas al Gobierno con las que el Partido Popular quería aclarar quiénes de los relacionados con el correo habían cambiado de teléfono o borrado sus mensajes tras abrirse una investigación en el Alto Tribunal.
La respuesta recibida el pasado día 4 a las ocho preguntas formuladas fue escueta: «Se vienen realizando actuaciones de renovación y actualización de la infraestructura de comunicaciones de la Administración General del Estado y de los altos cargos para adecuarla a la evolución tecnológica de los sistemas de comunicaciones móviles seguras y mitigar los riesgos que supone la evolución continua de las ciberamenazas».
El juez que investiga lo sucedido con los datos reservados de Alberto González Amador acordó el mes pasado citar a Sánchez Acera después de que el ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato revelara su participación en la operación de La Moncloa para utilizar políticamente el correo. Así lo reflejaban los mensajes que el ex dirigente socialista había consignado notarialmente. Revelaban que la asesora y cargo destacado del PSOE madrileño fue quien proporcionó a Lobato el correo para que con él azuzara a Ayuso en el pleno de esa mañana, 14 de marzo de 2024.
Lobato mostró a Sánchez Acera sus reservas e inquirió por el origen del documento. Había llegado «de prensa», fue la respuesta vaga de Sánchez Acera. Ante la negativa del destituido líder de los socialistas madrileños a ser el primero en exhibir el papel de la confesión, la asesora hizo gestiones para que se publicara en un medio afín y, con ello, dar cobertura para mostrarlo en la Asamblea autonómica.
En esa comparecencia en el Supremo del pasado noviembre, Lobato accedió a que la Guardia Civil examinara más a fondo su teléfono. Había más mensajes y el análisis posterior de la UCO estableció que los días 13 y 14 de marzo «distintos escalones directivos, a nivel regional y nacional, están al tanto de las informaciones que se publican sobre el novio […], intentando coordinar actuaciones en ese sentido». Un mensaje de Lobato a un estrecho colaborador deja clara la importancia que la dirección socialista daba a la investigación del novio de Ayuso: «A ver, un tema. Me llama Santos [Cerdán, secretario de Organización del PSOE]. Pedro [Sánchez, presidente del Gobierno] va a pedir ahora a Feijóo que dimita Ayuso».
El informe de la UCO resaltaba específicamente la importancia del entonces secretario de Estado de Comunicación. Vallès «podría tener un rol superior de coordinación respecto a la información que se maneja sobre la pareja de Díaz Ayuso», indicaban los investigadores.
En el auto en el que acordaba las citaciones, el instructor exponía que podría ser útil para el esclarecimiento de los hechos «conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo del 2 de febrero de 2024 hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital ElPural.com, y en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado».
En la investigación de Hurtado por la presunta revelación de secretos ha sido clave el hallazgo de los mensajes de otra investigada, la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez. No encontró ningún mensaje, en cambio, en el teléfono incautado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, porque los había borrado el mismo día en el que se le abrió la investigación. Unos días más tarde, cambió además de terminal.
Las preguntas de los populares al Gobierno se centraban en conocer las incidencias en diversos teléfonos. «¿Ha cambiado de móvil o ha instalado la aplicación de mensajería WhatsApp en otra SIM [tarjeta telefónica] Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del señor Óscar López, que dio instrucciones al líder del PSOE de Madrid Juan Lobato para utilizar en un pleno de la Asamblea de Madrid ese correo procedente de Fiscalía?». Del ex secretario de Estado, preguntaban si cambió de terminal en los 20 días posteriores al informe de la UCO, cuando Vallès dejó su cargo.
Como testigos, ambos tienen obligación de responder a todas las preguntas, incluidas las de la acusación particular y las cuatro acusaciones populares. No tienen, sin embargo, obligación de entregar al juez sus teléfonos, si es que los llevan consigo y se considera a la luz de sus respuestas que podrían contener información útil para el caso. Para que el instructor se haga con los terminales sin su consentimiento debería acordar previamente su imputación.
