Publicado: marzo 10, 2025, 3:07 pm
Hace dos semanas con Isabel García Ayuso. Hoy, con Emiliano García-Page. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, vuelve a tejer estrategias con comunidades autónomas próximas geográficamente y con un claro peso específico de sus líderes autonómicos. Y con distintas siglas políticas. Si primero la alianza fue para intentar frenar la orden de cierre de la central nuclear de Almaraz, entre otras cuestiones prioritarias, el frente común ha tenido hoy como eje la exigencia al Gobierno central de que cumpla los plazos en infraestructuras ferroviarias y la conexión Madrid-Lisboa esté operativa en 2030, como ha prometido -por enésima vez, y ya con años de retraso- el Ministerio de Fomento: «No sé si es por falta de dinero, falta de ganas, o porque el ministro de turno estaba entretenido en otras cosas… [en referencia a Ábalos, el anterior titular del Ministerio], pero ya es hora. Me solidarizo con Extremadura», ha advertido el presidente de Castilla-La Mancha. Guardiola ha especificado que se trata «del tren de los europeos, de los españoles, no de Extremadura o de Castilla-La Mancha, y no merecemos llegar al 2030 sin la alta velocidad» y ha especificado que «dos capitales europeas estén conectadas y que pasen por estas dos comunidades no es un capricho, es una necesidad».
El encuentro, celebrado en la Presidencia de la Junta de Extremadura en Mérida, abarca a dos regiones que comparten 400 kilómetros de frontera, por lo que, entre otras cosas, han tenido que afrontar en muchas ocasiones graves incendios forestales que afectaban a territorios de ambas comunidades, lo que producía problemas administrativos y burocráticos a la hora de tomar decisiones o ver las competencias entre comunidades: «Tenemos que tener los recursos dispuestos y sincronizados y mejorar los tiempos de respuestas en zonas limítrofes» para afrontar este tipo de situaciones de emergencia, ha señalado Guardiola, quien a su vez ha subrayado que se trata de una necesidad para afrontar los problemas del «reto demográfico» y «cuidar a esa España rural que con tanto orgullo representamos».
En todo caso, ambos dirigentes autonómicos han resaltado que este acuerdo representa un claro ejemplo de «predisposición al diálogo y colaboración entre instituciones, política útil, sin colores, con la mirada puesta entre los ciudadanos de ambas comunidades autónomas», ha apostillado la presidenta extremeña. En este sentido, Page ha animado a analizar este acuerdo como una cuestión normal: «Es de cajón y sentido común el entenderse en elementos esenciales que nos afectan a todos» y ha incidido en que los incendios y emergencias «no entienden de fronteras y sí de soluciones y atención a las personas, turismo, familiares, etc., en una unidad soberana como España», tal y como especifica la Constitución, ha subrayado Page.
La firma de hoy será la primera de otros temas entre los que también se van a llegar a acuerdos en próximas citas previstas, como financiación autonómica, sanidad, vivienda, soberanía energética… «Si tuviera que echar algo en falta, de casi todos los gobiernos, no sólo de éste, es que este tipo de acuerdo entre mayorías de comunidades autónomas lo hacemos en sustitución de lo que debería de haber sido una dinámica local en los últimos 30 años propiciada por los Gobiernos», ha señalado Page, que ha puesto como ejemplo de mala praxis los problemas de atención a los pacientes con las distintas tarjetas sanitarias entre diferentes comunidades autónomas.
«Las autonomías nos copiamos en lo bueno, nos complementamos y nos ayudamos muchísimo más de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, sea del color político que sea», salvo, ha especificado Page, lo que ocurra con «alguna comunidad que se hubiera negado a sentarse en la mesa» para llegar a acuerdos con otros territorios, en referencia a Cataluña, incumpliendo así, a su juicio, «el espíritu y la letra de la Constitución del 78, para hacerla más grande, más plural y más rica a nuestro país».
Críticas a la financiación
Page no ha desaprovechado la oportunidad para criticar los acuerdos en materia económica alcanzados por el Gobierno de Pedro Sánchez para Cataluña a través de los independentistas: «Cuando hablamos de financiación no hablamos de solidaridad, sino de refinanciación. Cuando hablamos de riqueza, no es de cada comunidad autónoma, es nacional y hay una obligación de asegurarla en todo el país».
«Si la Constitución habla de solidaridad entre los españoles a través de los impuestos, que el que más tiene más paga, si eso vale para la declaración de la renta, vale para la relación entre los territorios, y todo lo demás son coartadas». En este sentido, ha añadido que, en cambio, si el planteamiento es distribuir el dinero para los más ricos, entonces ahí «no hay ninguna raíz progresista».
Almaraz
Donde no tienen un punto de vista común de forma clara es sobre la continuidad de las centrales nucleares debido a que García-Page no tiene definida aún su postura, a pesar, como ha especificado, de que ya han cerrado en su comunidad autónoma la de Zorita y en el calendario también aparece, la última, la de Trillo. Lo ha justificado por la ausencia de una estratégica pactada, a medio y largo, plazo, y consensuada, siendo conscientes de que se está revaluando la situación -por ejemplo en la Unión Europea por crisis, guerras abiertas- y esto obliga al Gobierno de España a escuchar al sector, a los territorios y probablemente también «mantener un diálogo a la oposición que tiene opciones de gobernar». Así, ha criticado que no haya habido ningún pacto de Estado en materia energética, «ni si quiera en las energías renovables, que siempre ha sido un tema de las autonomías, que se han adelantado incluso a las normativas europeas».
