Publicado: marzo 10, 2025, 5:07 am
Lo de los niños pequeños con la comida suele ser un mundo. Hay quienes comen bien, regular o mal. Hay a quienes les gusta todo o aquellos que son más selectivos. Pero suele producirse un hábito: cuando la comida cuesta o se hace bola, se abusa del agua para tragar. Incluso, en casos extremos, hay nenes que llegan a taparse la nariz, con el propósito de no saborear alimentos que no les gustan. Estos días, muchos en el PSOE, incluso en el Gobierno, abusan del agua. Y, más de uno, ha tenido que taparse la nariz. El pacto sellado por los socialistas con Junts para la delegación de las competencias en inmigración ha abierto una herida en el partido que lidera Pedro Sánchez. Causa incomodo y malestar. No ya sólo por el trato preferencial y las cesiones que el Ejecutivo protagoniza con Carles Puigdemont, sino por algunas de las expresiones contenidas en la exposición de motivos de la propuesta de ley orgánica, en muchas ocasiones asumiendo el marco y el relato de la formación independentista, tildado de «racista» por los socios de La Moncloa y también en el seno del PSOE.
Socialistas e independentistas firman juntos una Proposición de Ley Orgánica para la delegación de competencias estatales a la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de inmigración. Su exposición de motivos incluye afirmaciones e ideas como que los extranjeros suponen un peligro para la lengua catalana -«impacto que [su presencia] representa para la lengua catalana»- o la necesidad de un «contrato social para estas personas recién llegadas» para «proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura». Lo que da a entender que la llegada de inmigrantes lo pondría en peligro, un argumento que suele emplear la ultraderecha.
Sobre Cataluña, se habla de un «marco» que «vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad». Lengua y cultura, un discurso identitario que el PSOE validó firmando el texto.
Esas ideas, plasmadas por escrito en una propuesta de ley orgánica, generan incomodidad, y también malestar, en el PSOE y sectores del Gobierno. «Podemos tiene razón. Hay algunas frases del preámbulo que habría que quitar», es una reflexión que trasladan distintos cargos relevantes del PSOE consultados por este diario. «Es verdad que hay expresiones que están ahí y que si fuera la parte de la ley no las habríamos aceptado. No es agradable, pero había que sacar el acuerdo», sostienen fuentes gubernamentales. «El pacto es la delegación de competencias», defienden.
En el PSOE y en el Gobierno hay quienes ven «razonable» acometer esos cambios y que deberá ser Junts quien valore «si pone en riesgo la delegación de competencias en inmigración por darse un gusto». En el seno del Ejecutivo asumen, y han aceptado con ese pacto, que la competencia de Junts con Aliança Catalana ha provocado un endurecimiento de su discurso público sobre la inmigración.
Es verdad que en el articulado de la ley no se incluyen esas posiciones, pero también lo es que la exposición de motivos es el texto que precede al articulado de un proyecto o proposición de ley y en el que se exponen las razones por las que se redacta el texto legal y se justifican los objetivos que pretende alcanzar. Cuando se registró el texto, la ministra e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz -encargada de defender mediáticamente estos días el pacto- defendió que esa introducción «recoge perfectamente los principios y valores que impulsa la política migratoria» del Gobierno y que «el conjunto de los ministerios» estaban «absolutamente cómodos con la exposición de motivos de esta ley».
En las filas socialistas ha imperado el silencio y el estar de perfil con este pacto. Pocos o nulos pronunciamientos. Más bien eluden posicionarse. Norma que no rige para Emiliano García-Page, que tildó de «racista» el acuerdo, dando voz a un sentir que recorre su partido. Esa incomodidad se manifiesta en que en el Gobierno ya contemplan que esa exposición de motivos pueda verse modificada en el trámite parlamentario, debido a las exigencias de muchos de sus socios. Ayer mismo, Irene Montero volvió a ratificar la negativa de Podemos a avalar la norma: «Nos oponemos a ese pacto racista entre PSOE y Junts». Y sin los votos morados no podrá ni siquiera empezar su recorrido en el Congreso.
Porque esta propuesta en materia de inmigración, a día de hoy, no cuenta con los votos para ser validada en la Cámara Baja. Y en el Gobierno consideran, como sucedió con la aplicación de la amnistía -la Justicia la puso en stand by– que ellos han cumplido. Esto es, que su compromiso era una delegación de competencias y que eso han firmado. Pero que otra cosa es que el Congreso lo avale o no. «La fragmentación parlamentaria y su equilibrio afecta a todos. También a Junts. Nosotros ya hemos cumplido. Ellos si creen que es fácil que convenzan a Podemos, o si creen que es tan buena que lo intenten con el PP», sostienen fuentes del Gobierno.
«Las reglas son para todos y ahora es a ellos a los que les toca convencer a los demás», razonan en el Ejecutivo. De ahí que Junts ya tratara de mover ficha a finales de la semana pasada contactando con Podemos para sondear la posibilidad de un diálogo para llegar a un entendimiento. Los morados dieron un portazo: «No contéis con nuestros votos».
OTRA PIEDRA PARA LOS PRESUPUESTOS
INMIGRACIÓN. El Gobierno sigue acumulando dificultades en su propósito de tener Presupuestos para este año. Si los pactos con ERC (condonación de deuda) y Junts (pacto migratorio) parecían dar esperanzas, el rechazo de la mayoría de socios a Sánchez a los términos del pacto con Puigdemont enfría el entendimiento, a la par que acrecienta el malestar por el favoritismo que denuncian hay hacia Junts.
DEFENSA. A ese distanciamiento se suman las posiciones enfrentadas de La Moncloa con sus socios respecto a la necesidad de aumentar y acelerar el gasto militar, contrarios a unas Cuentas que avalen esa senda de invertir más en política de defensa.
