Publicado: marzo 6, 2025, 1:07 pm
Hace aguas la adhesión que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció por parte de Sumar a la ley pactada por PSOE y Junts para la delegación de las competencias sobre inmigración en Cataluña. A medida que pasan los días son más los miembros de la coalición izquierdista que exigen cambios en esa norma y que denuncian los tintes «clasistas» y «reaccionarios» de la «exposición de motivos» que introduce el texto legal. Además, la interpretación que está haciendo del pacto el partido de Carles Puigdemont como la exigencia a los inmigrantes de hablar catalán para obtener la residencia ha desatado aún más las alarmas en el espacio político y está provocando la presión de las fuerzas de la izquierda para dar un giro a la propuesta.
El caso más tajante es el de Podemos, que ha avisado de que votará «radicalmente en contra». Esto, gracias a lo imprescindible de sus cuatro escaños para que la propuesta sea aprobada, provoca que a día de hoy la ley sería matemáticamente rechazada por el Congreso por falta de votos. «Este no es un acuerdo para descentralizar competencias, sino para descentralizar el racismo. Es evidente por la motivación del acuerdo y por su exposición de motivos. El acuerdo normaliza y legitima el racismo institucional», ha insistido en denunciar hoy el secretario de Organización y coportavoz del partido morado, Pablo Fernández.
Dentro de Sumar también hay voces que vienen rechazando el texto tal y como está, como Más Madrid y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez. Ahora se ha unido con rotundidad Izquierda Unida, cuyo líder, Antonio Maíllo, ha exigido «muchas modificaciones» para que sus cinco diputados puedan respaldar esa ley, con la que marca distancias por las «dudas técnicas, legales e ideológicas» que despiertan en su formación.
El coordinador federal de IU ha avisado de que PSOE y Junts van a tener que «trabajárselo» y asumir que tendrán que introducir cambios durante la tramitación. Al hilo de esto ha asegurado que no ayuda en absoluto para acercar posiciones el «delirante relato» que está haciendo Junts en clave «clasista, derechista y reaccionario».
«No se lo van a trabajar ni mucho menos con las extemporáneas declaraciones de esta derecha pija catalanista que representa Miriam Nogueras y que debería contenerse en la lectura disparatada respecto a las consecuencias de lo que dice el propio texto», ha recriminado Maíllo en unas declaraciones en Madrid. «Ni ellos van a asumir control de fronteras ni va a ser requisito del catalán para instalarse en Cataluña. Y eso ni aparece en la proposición de ley ni puede aparecer, entre otras cosas, porque no lo permite la normativa estatal que no establece el criterio de conocimiento de una lengua oficial para para el arraigo y la entrada en un territorio», ha zanjado.
Si bien IU no ve un problema con la «descentralización» para que haya gestión por parte de Cataluña, sí advierte de que hay que tener «mucho cuidado» con clarificar que la «entrada al territorio catalán también debe suponer la entrada al resto del territorio». Del mismo modo que, «no se puede establecer el criterio diferenciado a la hora de expedientes sancionadores» o de los procesos garantistas de atención.
En Sumar hay posiciones muy críticas, como las de Más Madrid, que con dos diputadas en la coalición considera una «mala idea» y un «mal precedente» esta ley, pues «puede que derive en una competición entre las comunidades autónomas por quien aplica políticas más xenófobas».
El caso de Alberto Ibáñez, diputado de Compromís es elocuente, dispuesto a votar en contra del texto y cuyas posiciones críticas están replanteando el aval inicial que también daba su formación a la ley.
En lo que respecta a Movimiento Sumar, que lleva las riendas políticas de la coalición de izquierdas, también han aflorado críticas en los últimos días después de haberse asustado con el contenido de la exposición de motivos, que compra «marcos» racistas y de «extrema derecha».
Así lo señaló el miércoles la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, quien admitió que la exposición de motivos es el «problema principal» de la ley, y no la delegación de competencias, con la que Sumar está de acuerdo. «Es que de repente se compre, aunque sea parcialmente, el marco de [la alcaldesa de Ripoll] Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, que es un marco nativista, que habla de un peligro demográfico, que es un marco que coloca la inmigración como una amenaza, que habla de conservar», reflexionó. Ahondando en eso, remató diciendo que «si se exagera un poquito más», se podría inferir que asume la «conservación de la pureza».
Es por esto que Duval advirtió al PSOE de que la socialdemocracia «no se puede permitir» asumir tesis de la «derecha» y la «extrema derecha», porque luego crecen los ultras.
La dirigente de Sumar se refería a que la proposición de ley aluda a un «contrato social» para los migrantes y que se subraye la necesidad de «proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura». Se incide en valorar el «respeto a los valores cívicos» y los «conocimientos lingüísticos y culturales». Se vincula la llegada de migrantes con la inseguridad y los problemas, cuando se incide en la necesidad de «evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social».
Entre tanto, Podemos mantiene su ofensiva y su presión sobre PSOE y Junts para que muevan ficha. La condición que se ha puesto es que acepten regularizar la situación de medio millón de migrantes que trabajan y residen en España tal como plantea la Iniciativa Legislativa Popular que actualmente se tramita en el Congreso y que está atascada por falta de consenso.
«Lo decimos muy claro: lo que urge es aprobar la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes en situación irregular. No hay ningún ser humano ilegal y esas personas deben ser regularizadas, como demanda la ILP», ha incidido Fernández en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León.
La posición de Podemos ha provocado en las últimas horas encontronazos entre Junts y figuras del partido morado. Pablo Iglesias tuiteaba que este partido tendrá que pedirle los votos a PP y Vox para que les den «las competencias para encarcelar y maltratar migrantes».
El dirigente Jordi Turull entraba al cuerpo a cuerpo con esta respuesta: «Como siempre España nunca falla ni por la extrema izquierda ni por la extrema derecha. Ahora incluso aúnan esfuerzos contra la delegación de competencias de inmigración en Cataluña para evitar que Cataluña tenga más soberanía. Ante el populismo, la difamación y la demagogia, soluciones para Cataluña».
A cuenta de esto, Podemos ha salido al paso con un mensaje «claro y directo» para Junts. «No pretendan esconder su racismo detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán. No se puede pretender hacer políticas racistas con los votos de izquierdas. No van a contar en ningún caso con los votos de Podemos», ha advertido Fernández.
