Publicado: marzo 6, 2025, 1:07 am
Junts ya trabaja en el desarrollo y blindaje de la delegación de las competencias de inmigración, a pesar de que aún no tiene asegurada la aprobación en el Congreso de la proposición de ley acordada con el PSOE, tras la negativa de Podemos a impulsarla con sus votos.
La formación neoconvergente ha iniciado el diseño de una «legislación migratoria catalana» para su próxima aprobación en el Parlament. Dos son los objetivos de este movimiento: intentar imponer al Govern del socialista Salvador Illa que el catalán sea un «requisito» para conceder la residencia a los extranjeros recién llegados -concretando esa ambición identitaria en el futuro texto normativo- y blindar la cesión competencial del recurso ante el Tribunal Constitucional que ya prepara el PP.
La presencia de Cándido Conde-Pumpido en la presidencia del Alto Tribunal tranquiliza a los nacionalistas, que, sin embargo, quieren ver aprobada una norma propia para que el Govern pueda aferrarse a ella en caso de inesperado revés judicial, como tantas veces ha hecho la Generalitat en el marco educativo para seguir aplicando la inmersión lingüística.
No obstante, Junts cree tener atada su imposición lingüística y subraya que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de que Holanda reclame el conocimiento de la lengua del país para acceder a un permiso de residencia sienta precedente. «Nos va de lujo», celebró ayer el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull.
«No queremos que el desarrollo de la competencia se demore», sostienen fuentes de Junts, que avisan de que su prioridad es «no permitir que un presidente españolista como Illa desaproveche el potencial de las competencias de inmigración». «No esperaremos al PSC», insisten, y precisan que quieren «mantener la iniciativa» para que la futura ley catalana de inmigración se aplique «con mentalidad de Estado». «No confiamos en que Illa actúe como el mayordomo de La Moncloa», avisan las mismas voces del partido presidido por Carles Puigdemont.
El otro campo de acción de Junts pasa por hacer entender a Sánchez que deberá cumplir con el resto de acuerdos suscritos y pendientes de ejecución antes de sentarse a negociar los Presupuestos. Así lo recordó ayer el secretario general de los independentistas, Jordi Turull, quien recomendó al Gobierno extender un «talonario» con las inversiones de Presupuestos precedentes pendientes de ejecutar y que ascienden a 4.108 millones de euros.
También enumeró Turull la oficialidad del catalán en Europa e hizo especial hincapié en el cumplimiento de la amnistía. «Los vemos muy tranquilitos con que haya jueces que deciden hacer de legisladores y no aplican la amnistía», empezó Turull, para después señalar como condición mínima que se aplique la «amnistía política», esto es, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el de la Generalitat, Salvador Illa, accedan a mantener una reunión oficial con Puigdemont para darlo por rehabilitado incluso antes de que el Constitucional resuelva sobre la aplicabilidad de la amnistía que el Tribunal Supremo le niega.
También este camino lleva a Conde-Pumpido, pero los neoconvergentes aspiran a que Sánchez no se enroque en la necesidad de que el presidente del Constitucional favorezca el perdón penal de Puigdemont como premisa necesaria para que la amnistía política se concrete.
El pago «pieza a pieza» se mantiene como modus operandi de la formación secesionista que controla la gobernabilidad de España incluso después de haberse hecho con una cesión de calado como la migratoria.
