Publicado: marzo 5, 2025, 9:07 am
Podemos endurece su posición y sus argumentos para rechazar «radicalmente» la proposición de ley orgánica pactada por el PSOE y Junts para delegar las competencias sobre inmigración a Cataluña. Y lo hace principalmente con dos ideas: que la iniciativa es un acuerdo para «descentralizar el racismo» y que el contenido está trufado de marcos de «extrema derecha» contra los migrantes.
Por todo ello, Podemos ha pasado de decir que no se hará con sus votos a dar una vuelta de tuerca más y sentenciar que va a votar «radicalmente que no». Esto significa que si no hay un giro total de los morados en los próximos meses la ley del PSOE y Junts estará condenada a morir en el Congreso. Pues toda ley orgánica tiene que ser aprobada por una mayoría absoluta de la Cámara. Al menos 176 votos. Y eso es matemáticamente imposible sin el concurso de toda la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, con Podemos dentro. Sin los morados las cuentas no salen y la propuesta iría directa a la papelera.
El secretario de Organización de Podemos y coportavoz nacional, Pablo Fernández, ha estado esta mañana de gira por varios medios de comunicación para explicar el rechazo de su partido a esa ley y las condiciones que hay para virar en su postura. Como ya dijo ayer Ione Belarra, la puerta abierta para cambiar su voto es aceptar la regularización de medio millón de migrantes que viven y trabajan actualmente en España a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que está aceptada en el Congreso pero que duerme el sueño de los justos en un cajón por la falta de consenso político entre los partidos.
Podemos quiere que esa regularización se haga y que Junts «demuestre» que ha cambiado su discurso y «no es racista» ayudando con sus voto a que salga adelante. Esas son las condiciones para «hablar» de cambiar de posición sobre el pacto PSOE-Junts.
Pablo Fernández ha incidido en que en Podemos tienen «muchas dudas» de que el partido de Carles Puigdemont vaya a votar esa regularización de migrantes. Máxime, cuando está en competición en el discurso antiinmigración con Aliança Catalana, de la alcaldesa de Ripoll.
Eso les da más razones para oponerse, por el temor a un ejercicio de las competencias que haga «racismo institucional». «Nuestra posición de entrada es radicalmente en contra de este acuerdo de PSOE y Junts. No es un acuerdo para descentralizar competencias. Es un acuerdo para descentralizar el racismo», ha subrayado con rotundidad en una entervista en la Ser Catalunya.
Fernández ha señalado que en la motivación política y en el contenido explícito de la ley se asumen marcos de «derecha e, incluso, de extrema derecha». «Se habla abiertamente de que la inmigración pone en cuestión la sostenibilidad en Cataluña, que es una amenaza para la identidad y la lengua en Cataluña y que impacta sobre los servicios públicos en Cataluña», ha denunciado el coportavoz de Podemos en una intervención en RNE.
Es por esto que Fernández ha considerado que la «única posición compatible con los derechos humamos es situarse radicalmente en contra de este acuerdo» y que por eso lo rechazarán con sus cuatro votos, impidiendo su aprobación.
