Publicado: marzo 4, 2025, 9:07 pm
Las negociaciones que el Gobierno lleva a cabo con sus socios de gobernabilidad bien parecieran, en muchas ocasiones, un espectáculo de ilusionismo. Lo que no parece posible se hace realidad. Si hace no mucho se decía que no se podían ceder o delegar competencias en materia de inmigración y control de fronteras porque eran competencias «únicas y exclusivas» del Estado, un, dos, tres… ahora es posible. Y no es una ilusión. Se firma un documento. El PSOE y Junts registraron ayer en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica de delegación en Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración.
El texto concede a esta comunidad poder gestionar la devolución de extranjeros, así como que los Mossos controlarán las fronteras de España con Policía Nacional y Guardia Civil, dos exigencias de Carles Puigdemont. Pero, además, el Gobierno (en este caso el PSOE, que es quien firma la iniciativa) asume y, por ende hace suyo con su firma, el discurso y lenguaje identitario que propugna la formación independentista. Lo que hoy por hoy sí permanece como una ilusión es que el Gobierno pueda tener Presupuestos para este año. Junts insiste en pinchar la burbuja que infla el Gobierno.
Dice el Gobierno, e invita a ello a todos -ciudadanos, partidos, instituciones…- a leer la exposición de motivos de la proposición de ley con la que da cumplimiento a una promesa hecha a Junts hace más de un año, porque «recoge perfectamente los principios y valores que impulsa la política migratoria que el Gobierno defiende con contundencia ante el contexto geopolítico internacional, que trabaja por la inclusión, teniendo un discurso migratorio positivo».
La exposición de motivos es el texto que precede al articulado de un proyecto o proposición de ley y en el que se exponen las razones por las que se redacta el texto legal y se justifican los objetivos que pretende alcanzar. Cuatro páginas y media ocupa la de la iniciativa que registraron ayer telemáticamente en el Congreso, a las 07:43 horas de la mañana, PSOE y Junts. Y en ella se habla de «derechos inclusivos» y «deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge». Consideran socialistas e independentistas que este marco «de derechos y deberes debe ser el elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad».
La proposición de ley alude a un «contrato social atractivo» para estas personas recién llegadas que, «por un lado, debe servir para protegerlas ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades, así como para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura». Su lengua, en singular, en alusión al catalán. No es ningún secreto que la pretensión de Junts el conocer y hablar el catalán debiera ser un requisito para obtener los papeles, para poder contar con un permiso de residencia. Su planteamiento es que si no se conoce y maneja el catalán no se puede hablar de una integración plena. «El catalán es imprescindible para demostrar que estás enraizado en Cataluña», expuso ayer Carles Puigdemont desde Bruselas, en una aparición telemática en un acto de Junts para presentar el pacto. «¿Cómo podemos garantizar, si no, que un médico que viene de fuera podrá ejercer en Cataluña?».
Pero fuentes de esta formación asumen que es verdad que el texto abre la vía para poder caminar en esa dirección -podría ser mediante el desarrollo posterior de un reglamento por parte de la Generalitat-, pero que la decisión y la iniciativa corresponde al gobierno catalán, que hoy por hoy preside el socialista Salvador Illa. Pero negro sobre blanco ya queda plasmado la advertencia de que la inmigración no puede suponer un peligro para la identidad catalana (lengua y cultura).
En los últimos meses, y sobre todo a raíz de la irrupción en el Parlament de la formación de ultraderecha Aliança Catalana, Junts ha radicalizado su discurso sobre la inmigración. Puigdemont defendió, por ejemplo, no aceptar más menores extranjeros no acompañados, por el momento. «Hasta que no estemos nivelados con otras comunidades autónomas, no podemos asumir más. No tenemos suficientes recursos». Y ello a pesar de que en el Gobierno creen que la proposición de ley pactada puede suponer el desbloqueo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para que el reparto de menores no acompañados pase a ser una «solidaridad obligatoria» y así poder descongestionar territorios saturados como Canarias o Ceuta. «Estamos trabajando de manera intensa para que esa reforma vea pronto la luz», expuso Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los votos de Junts son claves para que salga adelante, toda vez que no hay entendimiento del Gobierno con el PP, que era la otra vía.
El pacto, además, plasma lo que era un secreto a voces y ahora ya es oficial. Los Mossos se incorporan al control de las fronteras de España junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Los Mossos de Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (GC y PN)». En el Gobierno insisten en la importancia de las palabras. Y que lo acordado es una «delegación de competencias», no una transferencia o traspaso y que, precisamente por ser delegación es reversible. «No se cede el control de las fronteras. Los Mossos estarán y actuarán en las fronteras en el marco de la aplicación de competencias de esta ley y en colaboración y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», matizó Saiz.
Esta proposición de ley no se va a tramitar por la vía de urgencia y necesita del apoyo de la mayoría de la investidura, esto es, de todos los socios de Sánchez. Desde el Gobierno insisten en que se trata de una norma «constitucional». «La delegación de competencias se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución. La proposición de ley nace de la Constitución y se aplica con la Constitución en la mano». Que se aplique o no depende de partidos como Podemos, que amenaza con bloquear la ley que cede a Cataluña las competencias en inmigración: «No se hará con nuestros votos».
PSOE y Junts aceleraron negociaciones a finales de la semana pasada y prácticamente en cuatro días consumaron un pacto que llevaba un año sin cerrarse. Los socialistas trasladaron a los independentistas la propuesta de texto el miércoles por la tarde en una reunión en Madrid y todo se rubricó el fin de semana. El acuerdo insufla ánimos en el Gobierno sobre la previsión de poder tener unos Presupuestos para este año, para los que, de nuevo, son indispensables los siete votos de Junts. La Moncloa mantiene el propósito, al menos públicamente, de presentar unas Cuentas Públicas. Eso sí, la promesa de hacerlo en el primer trimestre del año se desvanece. Fuentes del Gobierno consideran que el pacto en la delegación de competencias en inmigración «son pasos que vamos dando». En La Moncloa permanecen en el mensaje de «vamos a seguir peleando», pero en el Ejecutivo se admite que los Presupuestos «son una pantalla que encierra mucha dificultad» y que «requiere poner de acuerdo a muchos grupos».
PSOE y Junts coinciden en que el pacto en materia migratoria «no es un canje» por los Presupuestos. Para los independentistas sigue habiendo asuntos pendientes como la oficialidad del catalán en Europa o la amnistía política a Carles Puigdemont. De momento no ha habido avances ni se ha aterrizado entre ambas partes cuestión alguna sobre los Presupuestos, que serían la verdadera clave de bóveda que entregaría a Sánchez la estabilidad -podría seguir gobernando hasta 2027- y que Puigdemont se niega a entregarle.
