Publicado: marzo 3, 2025, 7:07 pm
En la escalada, abrir una vía supone colocar por primera vez anclajes en un tramo de pared virgen hasta ese momento. Esto es, avanzar por terreno inexplorado. Eso es lo que llevan haciendo más de un año el PSOE y Junts, escalar una pared virgen, como es la de la «cesión integral de las competencias de inmigración» para Cataluña, en un desempeño donde los anclajes han fallado en más de una ocasión y la negociación ha quedado suspendida en el aire. Pero ahora sí parece que, por fin, la cima se divisa. El Gobierno trasladó el pasado miércoles a Junts, en una reunión en Madrid, una propuesta de proposición de ley para una nueva ley sobre inmigración, que, entre otras materias, recoja la cogestión de las fronteras entre los Mossos y la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se prevé que el pacto en materia migratoria pueda anunciarse en las próximas horas.
Desde finales de la semana pasada, y a raíz del traslado del texto, de entono a una veintena de páginas, a los independentistas por parte de los socialistas, las negociaciones se han intensificado y acelerado en los últimos días y las últimas horas, con contactos entre ambas partes y al más alto nivel. Un canal de comunicación y un diálogo que se va a mantener en las próximas horas. A ello contribuyó también la decisión de Junts de retirar el debate en el Congreso sobre si Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza. Las fuentes consultadas por EL MUNDO se muestran confiadas en que, ahora sí, el acuerdo pueda hacerse oficial «en breve». Que sea cuestión de horas. La idea es que el texto sea firmado por los dos partidos y registrado en los próximos días. Al tratarse de una iniciativa de los partidos y no del Gobierno no precisaría de los informes preceptivos de órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, que podrían poner objeciones a lo acordado.
Todo se aceleró la semana pasada. La formación de Carles Puigdemont dio un ultimátum a los socialistas para cerrar el pacto en materia de inmigración el lunes o martes pasado. Lo veían posible y lo querían. No se cumplió ese deadline exigido, pero esa presión obligó a los socialistas a trasladar el miércoles el texto del proyecto de ley que han estado elaborando, con asesoría legal para que pueda tener encaje en la Constitución. Y es que el Gobierno ha trabajado, con informes jurídicos, en base a una propuesta que verse sobre el artículo 150.2 de la Constitución y una delegación de las competencias ahí recogidas, buscando preservar la constitucionalidad del acuerdo. El Ejecutivo ha preferido hablar siempre de delegación en lugar de traspaso.
Porque el quid de la cuestión es que los independentistas exigen públicamente una «cesión integral» de las competencias, cuando la gestión de las fronteras es algo que compete al Estado. De ahí que desde un primer momento el Gobierno, con Interior a la cabeza, se haya mostrado en contra de este aspecto. Lo que se lleva meses negociando y ultimando es una cogestión: esto es, que los Mossos se incorporen al trabajo que hacen en las fronteras la Policía y la Guardia Civil, pero sin que desplacen a estos. Presencia de los tres cuerpos. Lo que se ha tomado como referencias es el modelo alemán de Baviera: donde en 2018 este estado federado lanzó su propia policía fronteriza, que completa la labor de la policía federal, recayendo en ésta última la gestión de los controles fronterizos y de las expulsiones de inmigrantes. La filosofía que ha destilado el Gobierno en este asunto para contentar a Puigdemont sin echar a policías y guardias es la de «pon un mosso en tu vida».
Una decisión que ya verbalizó hace unos días la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, pero situó el hecho de que los Mossos asuman el control en puertos y aeropuertos «a partir de septiembre», con la incorporación de nuevos agentes en las próximas promociones. «Asumirán esta carga, pero necesitamos tiempo para preparar la estructura». Precisamente, en este sentido, hace una semana el Gobierno y la Generalitat alcanzaron un acuerdo para incrementar el número de agentes del cuerpo de los Mossos hasta los 25.000 en 2030.
Esta fórmula de la cogestión, la presencia de los tres cuerpos de seguridad, aunque no supondría una «cesión integral» es vista con buenos ojos por la formación de Carles Puigdemont. Los independentistas admiten sottovoce que su exigencia es inconstitucional y que la máxima aspiración es situar a los Mossos donde ahora sólo están policías y guardias civiles.
En junio de 2024, la Junta de Seguridad del País Vasco celebrada en Madrid entre el Ejecutivo español y el Gobierno Vasco acordaba la extensión del ejercicio de todas las funciones policiales de la Ertzaintza a los puertos y aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca.
No ha sido el único desencuentro importante en la negociación este año. La formación de Carles Puigdemont exigió que Cataluña tenga la potestad de decidir a quién expulsa o a quién permite la entrada. Se da la circunstancia de que presionan para una competencia que aplicaría una Generalitat presidida por los socialistas. Una prerrogativa, la de la tramitación del Número de Identidad de Extranjero (NIE) -documento habilita a los extranjeros para permanecer en territorio español que no sea un visado- o la entrega de documentos, como la tarjeta de identidad de extranjero -documento único y exclusivo destinado a dotar de documentación a los extranjeros en situación de permanencia legal en España-, que el Gobierno trasladaba en las conversaciones que no podía ceder.
El contenido íntegro de acuerdo aún no ha trascendido, pero la intención del Gobierno es que la propuesta versara principalmente sobre la posibilidad de que las comunidades que quieran pudieran asumir competencias en materia de acogida e integración de inmigrantes. Es decir, una hoja de ruta similar a la seguida con la condonación de la deuda: el Gobierno pacta con los independentistas catalanes y para evitar las críticas por agravio y posición de favor presenta lo pactado como algo extensible para todo el que quiera sumarse.
Una vez sellado el pacto en materia de inmigración, la siguiente pantalla sería la de los Presupuestos. Porque Junts no abría esa carpeta sin cerrar antes la inmigración. El Gobierno desbloquea una nueva puerta, pero está por ver si se traspasa o no.
