Publicado: marzo 2, 2025, 9:07 pm
Móstoles, 17 de febrero de 2025. Agentes de la Policía Nacional arrestan a un individuo señalado como uno de los cabecillas de una red dedicada a la comercialización de plataformas de IPTV pirata. Se trata de aplicaciones -que suelen instalarse en teléfonos con sistema Android, tabletas o televisores inteligentes- diseñadas para retransmitir partidos de pago por visión, películas y series de diversas plataformas de suscripción (como Netflix, Max o Disney) a un costo irrisorio o incluso de forma gratuita.
De este modo, registros domiciliarios con derribo de puertas y gritos de «¡Policía!», extradiciones a Reino Unido o Estados Unidos para cumplir largas condenas o sanciones ejemplares (como la que obliga a una web pirata de fútbol a indemnizar con 31 millones de euros a Mediapro) forman parte del despliegue institucional para erradicar estas actividades.
Sin embargo, la ofensiva más contundente contra los operadores pirata la lidera LaLiga, que, amparada en resoluciones judiciales de 2022 y 2024 dictadas por un juzgado de Barcelona, instruye a los proveedores de internet (Movistar, O2 y Digi) para que bloqueen determinadas direcciones IP vinculadas supuestamente a estas redes ilegales. No obstante, la medida ha generado efectos colaterales que han afectado a páginas web y negocios completamente legítimos.
En este contexto, asociaciones como RootedCon han denunciado «la arbitrariedad con la que se ha gestionado el bloqueo contra proveedores, en connivencia con las operadoras telefónicas» y presentaron el pasado viernes un «incidente de nulidad frente a la sentencia empleada por LaLiga para forzar a las operadoras a bloquear y restringir el acceso a internet, lo que ha afectado directamente a empresas e individuos».
Para ejecutar estos bloqueos, el CEO de RootedCon, Román Ramírez, detalla a GRAN MADRID que LaLiga ha ordenado a las operadoras cortar el acceso a IP asociadas a Cloudflare, «una empresa que funciona como un acelerador y un sistema de seguridad de cientos de miles de páginas web que emplean desde pymes hasta grandes empresas» como CaixaBank o Microsoft. «El problema», prosigue, «es que Cloudflare puede tener a decenas o cientos de clientes con una misma IP y los cortes no son una operación quirúrgica con un escalpelo selectivo. Afecta a todos los que comparten esa IP y te cargas a los culpables, pero también a los inocentes».
Entre los afectados, RootedCon ha identificado empresas de sectores diversos: medios de comunicación, desarrolladores web, páginas de hospitales, tiendas de electrónica, redes sociales y compañías tecnológicas y de servicios digitales. Como dato ilustrativo, la asociación señala que «Cloudflare ha perdido 20.000 webs en España desde que empezaron los bloqueos hace menos de un mes».
Además de LaLiga y las operadoras, otro actor clave en la lucha contra la piratería audiovisual es la Alliance for Creativity and Entertainment, un lobby que agrupa a las principales plataformas de streaming y productoras de contenido, y al que tanto la Policía Nacional como el Ministerio del Interior identifican como impulsor de muchas operaciones contra los proveedores de IPTV pirata.
«Pago al año mucho menos dinero de lo que muchos de mis amigos pagan en un mes y viene incluido el fútbol y el contenido de todas las plataformas de streaming que hay en España», relata Martín, de 34 años, usuario de un servicio pirata por el que asegura abonar 28 euros anuales. «Las películas y las series», añade, «están disponibles el día del estreno y, si quieres alguna que no está, puedes escribir al administrador por Telegram para que la incluya en el catálogo».
Un modelo de negocio que Juan, de 54 años, describe como «a la carta» pese a «ser totalmente consciente de que es ilegal», recalca. «Prueba de ello son las formas de lo más variopinto con las que mi pirata me ha pedido que le pague a lo largo de los años: transferencia bancaria a un banco español, transferencias a bancos lituanos, chipriotas y suizos o por Bizum», enumera.
Las tarifas de estos servicios varían entre 10 y 40 euros anuales, lo que obliga a los empresarios piratas a depender de un alto volumen de clientes para sostenerse. Aunque es imposible determinar sus ingresos exactos debido a que acostumbran a captar clientes con descuentos, bonos y muestras gratuitas, un caso revelador surgió en diciembre pasado, cuando un hombre intentó evitar su extradición a Reino Unido tras ser condenado a cinco años de prisión por gestionar un negocio de IPTV pirata. En su expediente se reveló que había ingresado 312.000 euros en cinco años.
Yes que, pese a que la Audiencia Nacional suele mostrarse proclive a conceder la extradición de acusados por este tipo de delitos aunque se enfrenten a largas penas de prisión, la justicia española es considerablemente más laxa con los empresarios del pirateo a través de IPTV.
Aunque estos suelen ser condenados por delitos contra la propiedad intelectual, contra el mercado y los consumidores e, incluso, por organización criminal, las penas impuestas rara vez superan los dos años de prisión (lo que les evita el ingreso en la cárcel) y, en su defecto, se traducen en multas que difícilmente alcanzan los 10.000 euros. No obstante, las indemnizaciones conjuntas a entidades como Egeda, Mediapro o Telefónica pueden ascender a varios cientos de miles de euros.
Por ahora, los usuarios de IPTV pirata permanecen al margen de estas consecuencias legales. Sin embargo, la situación podría cambiar. A finales del año pasado, LaLiga remitió miles de cartas a particulares exigiéndoles compensaciones extrajudiciales de 450,16 euros y obligándolos, además, a reconocer que desde «su red de internet se propició un acceso ilícito a los contenidos audiovisuales de LaLiga».
