Publicado: febrero 28, 2025, 11:07 am
Los juzgados penales están desbordados y no pueden absorber la delincuencia actual, un problema especialmente arraigado en Cataluña, la comunidad con más delitos de toda España. Por ejemplo, y en el caso concreto de los hurtos, en 2024 se denunciaron 168.500 pequeños robos, una cuarta parte del total (649.076) de los registrados en España, según los recientes datos del Ministerio del Interior. Una cifra importante, focalizada en Barcelona y que sirve para explicar, en parte, el fenómeno de la multirreincidencia -los delincuentes que hacen de robar su modo de vida- y el colapso judicial asociado.
En esta ecuación hay que tener en cuenta la reforma del Código Penal de 2022 para castigar con penas de entre seis y 18 meses de cárcel -y no multas- la reincidencia, que se aplica a los ladrones condenados al menos por tres delitos y que el valor de lo sustraído supere los 400 euros.
A más robos, más juicios rápidos, una cadena que el sistema ha sido incapaz de integrar por falta de recursos humanos y económicos en los últimos años. Por ejemplo, la demora en Cataluña para la celebración de un juicio rápido (específico para este tipo de delitos) es de 13-14 meses cuando debería ser por ley de 15 días, mientras que la media en el resto de España se sitúa en torno a los seis meses. Es decir, un ladrón multirreincidente tarda más de un año en sentarse en el banquillo en la comunidad con más delitos denunciados. Por si fuera poco, el atasco se acumula año tras año, con los juicios pendientes de celebrar del ejercicio anterior. «Es el pez que se muerde la cola», resumen fuentes jurídicas sobre la situación actual.
Ejemplos que ponen en evidencia gran parte de la congestión actual y que han llevado al Gobierno a mover ficha ante las sucesivas advertencias de los sectores implicados. Su respuesta ha sido un plan de choque específico para Barcelona -calificada de «parche» por todos los estamentos de la judicatura y aún por aplicar- y la reciente promesa arrancada en la Bilateral de crear 60 nuevas plazas de jueces en los próximos tres años. En este sentido, el presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos -relevado esta semana por Mercè Caso- lleva semanas exigiendo 100 nuevas plazas para empezar a revertir la situación. En la comunidad, la ratio es de 10,9 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en la media en el resto de España es de 12,1.
La iniciativa específica contra la multirreincidencia para Barcelona, rubricada por el propio ministro Félix Bolaños en diciembre, contempla que la demarcación tenga más juzgados penales que Madrid este mismo año: a los 25 se sumaron cuatro de refuerzo con carácter estructural ya implantados. Ahora, con este plan de choque la voluntad es añadir otros cuatro de refuerzo más -y uno de guardia de delitos leves inmediatos (antiguas faltas)- hasta aumentar el número y llegar a 33, por los 31 de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio luz verde al plan de choque de la Moncloa y la Generalitat. De hecho, la sala de gobierno reconoció las dificultades para dotar estos cuatro refuerzos, ya que actualmente no cuenta con ningún juez sustituto disponible en el ámbito penal. Por este motivo, optó por un modelo híbrido como opción «más viable»: dos juzgados de refuerzo los ocuparán dos jueces a dedicación exclusiva, y los otros dos se los irán turnando ocho jueces que tendrán que compatibilizar su propia agenda judicial con el plan de trabajo de los juzgados de refuerzo. Según el TSJC, con este sistema híbrido se podrán celebrar 18 juicios más al día, de forma que en los juzgados de Barcelona se podrán señalar un mínimo de 36 juicios rápidos cada jornada.
Por su parte, la Generalitat ya ha planeado un espacio en la Ciutat de la Justícia para su ubicación, aunque la fórmula todavía está pendiente de la validación y la dotación presupuestaria por parte del Ministerio de Justicia (es quien paga los jueces), y aún se desconoce la fecha concreta en que empezarán a funcionar los refuerzos.
Todo mientras los delitos leves (incluyen hurtos de menos de 400 euros) siguen en lo alto de la tabla en Cataluña -pese a experimentar un ligero estancamiento (-1% respecto a 2023) e incluso un descenso en lugares como Barcelona-, a tenor de los últimos datos recogidos. Aquí, en este punto de la cadena es donde aflora el mencionado fenómeno de la multirreincidencia, con pocas personas acumulando decenas de infracciones a sus espaldas. Según las cifras ofrecidas por la Generalitat, a raíz de una batería de preguntas de Vox, solo 10 detenidos concentraron hasta 258 delitos en el primer semestre de 2024 (una media de 25 por cabeza), y todos fueron hurtos y robos en sus distintas modalidades. Y en Barcelona es donde se registran entre el 55% y el 60% de todos los juicios rápidos de Cataluña.
Entre otras causas de la multirreincidencia aparecen «la exclusión social, las adicciones, la falta de oportunidades laborales, las carencias educativas y la existencia de organizaciones que, aprovechándose de estas circunstancias, generan redes de hurto profesionalizado», según la radiografía del Ministerio del Interior. Además, en Barcelona se suman otros factores como el turismo o el problema creciente de las armas blancas.
Por tanto, el fenómeno de los hurtos y la multirreincidencia asociada es, a su vez, causa y consecuencia de la situación límite en los juzgados catalanes. Analizados los motivos, la siguiente pregunta es si los planes de choque del Gobierno serán suficientes llegados al extremo actual. En este sentido, la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando -una de las voces más exigentes ante esta problemática- rebajó el primer anuncio de la Generalitat y el Gobierno en un encuentro con varios medios de comunicación este mes de febrero y precisó que se trata únicamente de una medida de refuerzo. La situación es de una «enorme gravedad», las demoras afectan «a los casos concretos y a la sensación colectiva de inseguridad», dijo la juez decana de Barcelona hace unas semanas, cuando Bolaños se comprometió a aplicar el plan.
«Vas a cualquier sala y se acumulan las carpetas», reconoce el abogado de la Comisión de Normativa del ICAB, Jorge Navarro, sobre una realidad que se ha «cronificado». Navarro también recuerda que varios de estos antecedentes por delitos leves prescriben, por lo que los infractores pueden no cargar con ellos en el momento de sentarse en el banquillo. «Hay un problema con los que viven de forma sistemática de delinquir», admite el abogado penalista, Eloi Castellarnau (del bufete Castellarnau Penalistes), quien apuesta por penas más altas [no de delitos leves] con agravantes específicas para los multirreincidentes. «Hay un clamor social de que esta situación es insostenible», resume por su parte Navarro.
