Publicado: febrero 22, 2025, 1:07 am
«Procede avalar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la obtención de la información para la investigación del delito indicado, así como la motivación fáctica y jurídica expuesta en los autos judiciales, tanto para justificar la inmisión en el secreto de las comunicaciones de los investigados, como aquellos otros derechos eventualmente afectados». Así validó ayer la Sala de Apelación del Tribunal Supremo la investigación realizada al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y rechazó los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las decisiones del magistrado Ángel Hurtado. Tanto García Ortiz como Rodríguez están siendo investigados por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.
Se trata de la primera decisión que adopta el órgano que, dentro de la propia Sala de lo Penal, supervisa las decisiones de Hurtado y, sin duda, la más delicada de las acordadas hasta la fecha era la diligencia de entrada y registro llevada a cabo el pasado 30 de octubre por parte de la Guardia Civil. Por su parte, el fiscal general estaba esperando este auto del Supremo para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido por vulneración de derechos fundamentales aunque la doctrina de la corte de garantías no le beneficia a priori.
No obstante, conocedores de esta circunstancia, los jueces del Supremo dedican parte de su auto a defender la necesidad y proporcionalidad de la entrada y registro en los despachos de los imputados. La Sala concluye que «la investigación era necesaria» y «le viene impuesta al magistrado instructor por el auto de la Sala de Admisión». «El requisito acerca del delito investigado cubre, sin duda alguna, la injerencia autorizada judicialmente», agregan los magistrados.
En este sentido, subrayan que «el medio es el único posible, los aparatos e instrumentos se encuentran en el despacho de una oficina pública, ni la Fiscalía General del Estado ni ninguna otra institución tienen una garantía de inmunidad, quien instruye es el Tribunal Supremo, a quien la ley le confiere esa actuación, la motivación es suficiente, es por ello que el juicio de proporcionalidad se encuentra cumplido». También recalca la Sala que el posible delito se cometió por medio de un sistema informático de comunicación (correo electrónico o WhatsApp).
El Supremo subraya que «no queda otra alternativa» que la entrada en el despacho de García Ortiz y Pilar Rodríguez «porque, en caso contrario, si concluyéramos que es un lugar de imposible prospección judicial, por el lugar donde se iba a practicar (una alta institución del Estado), conllevaría la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad que no resulta de ningún lugar ni apartado de nuestro ordenamiento jurídico, ni de la debida transparencia que debe guiar la actuación de todas las instituciones en un Estado de derecho y democrático».
El auto ha sido dictado por los tres magistrados de distintas sensibilidades que integran la Sala de Apelación: Julián Sánchez Melgar (ponente), Andrés Palomo y Eduardo de Porres. En la resolución, los jueces reivindican además el papel que juega el Supremo en la «arquitectura constitucional». «Si el Tribunal Supremo tiene la facultad de investigar a un aforado, que lo es precisamente por su rango en nuestra arquitectura constitucional y por la función que desempaña en nuestro Estado de Derecho, lo que lleva como consecuencia que el órgano instructor tiene que tener los modos e instrumentos necesarios para hacerlo. No nos parece razonable atribuir a un órgano jurisdiccional, también en virtud de su alto rango, la facultad de investigar, y en su caso, sancionar, los posibles delitos que puedan cometer los representantes de tan altas instituciones, y después concluir, que no pueden utilizar los instrumentos necesarios para su investigación, cuando concurren los requisitos necesarios para adoptar tales medidas, en la misma medida que concurrirían para los demás ciudadanos», remachan.
Por otro lado, la Sala de Apelación, que ha deliberado en los últimos días en profundidad sobre la actuación del instructor, llega a la conclusión de que los autos iniciales de entrada y registro de Hurtado -donde el marco temporal se fijó desde el 8 de marzo al 30 de octubre- «fueron excesivamente extensos». «Desde luego que semejante amplitud temporal fue inadecuada e innecesaria, pues los hechos, de haberse producido, tendrían un acotamiento temporal muchísimo más corto». Acto seguido, el auto afirma que fue el propio instructor el que decidió acotarlo en el tiempo entre «el día 8 al 14 de marzo de 2024, ambos días inclusive», «procurando así la menor injerencia en los derechos fundamentales de los investigados».
Por último, el Supremo manda un mensaje velado ante las prisas de García Ortiz por acudir al TC. Lo hace al final de su resolución cuando expone que «el debate sobre la nulidad que se predica de las resoluciones recurridas no quedaría cerrado en este momento procesal. La nueva Ley Orgánica 1/2025 prevé también otras secuencias procesales para el saneamiento del proceso». Los magistrados se refieren a la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, impulsada por el ministro de Justicia Félix Bolaños, y que establece la posibilidad de que, antes del juicio, el tribunal de enjuiciamiento pueda valorar la posible vulneración de derechos fundamentales.
Además, se da la circunstancia de que «hasta ahora» la doctrina del Constitucional, siempre que el recurso de amparo se base en la ilicitud de la prueba por haber sido obtenida con vulneración de derechos fundamentales, exige agotar la vía judicial hasta que haya una sentencia condenatoria firme antes de recurrir en amparo, explican distintas fuentes de este tribunal a EL MUNDO. Con «carácter general», hay que agotar las vías de recurso ordinario, y no se puede acudir en amparo al TC, hasta que se concluya el proceso de la jurisdicción ordinaria. Sólo «excepcionalmente» se puede recurrir al amparo jurisdiccional cuando se denuncia una «vulneración de derecho autónoma», por ejemplo, una medida de prisión provisional contra la que se han agotado todos los recursos internos.
