Publicado: febrero 21, 2025, 1:07 pm
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado este viernes los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, esta última en representación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, contra los autos del instructor acordando la entrada y registro en los despachos del fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid.
El fiscal general y la fiscal jefe de Madrid, a través de la Abogacía del Estado, habían pedido la anulación de los registros por considerarlos desproporcionados al ser el delito investigado una revelación de secretos y la diligencia acordada por el juez Ángel Hurtado invasiva de derechos fundamentales.
El auto, donde se avalan las entradas y registros, se ha dictado por unanimidad de los tres magistrados que forman la Sala de Apelación contra las resoluciones del instructor. La Sala de Apelaciones ha estado integrada por los jueces Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres, de distintas sensibilidades- .
La Sala concluye que el delito investigado -una revelación de secretos tipificada en el artículo 417 del Código Penal– permite la diligencia de entrada y registro ya que «la investigación era necesaria» y «le viene impuesta al magistrado instructor por el auto de la Sala de Admisión».
En este sentido, los magistrados concluyen que «el medio es el único posible, los aparatos e instrumentos se encuentran en el despacho de una oficina pública, ni la Fiscalía General del Estado ni ninguna otra institución tienen una garantía de inmunidad, quien instruye es el Tribunal Supremo, a quien la ley le confiere esa actuación, la motivación es suficiente, es por ello que el juicio de proporcionalidad se encuentra cumplido».
La Sala subraya que «no queda otra alternativa» que la diligencia de entrada y registro del despacho de García Ortiz y Pilar Rodríguez «porque, en caso contrario, si concluyéramos que es un lugar de imposible prospección judicial, por el lugar donde se iba a practicar (una alta institución del Estado), conllevaría la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad que no resulta de ningún lugar ni apartado de nuestro ordenamiento jurídico, ni de la debida transparencia que debe guiar la actuación de todas las instituciones en un estado de derecho y democrático».
Además, los magistrados abundan que esta circunstancia es así «máxime cuando quien está verificando tal juicio de proporcionalidad, necesidad e idoneidad es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional a quien corresponde esta investigación, y que, mediante el auto de 15 de octubre de 2024, dictado por los cinco integrantes de su Sala de Admisión, ha considerado que era necesario llevar a cabo una investigación judicial sobre la presunta comisión de un delito de revelación de secretos precisamente al investigado ya señalado».
«Como para los demás ciudadanos»
Los tres magistrados de la Sala de Apelación afirman que «si el Tribunal Supremo tiene la facultad de investigar a un aforado, que lo es precisamente por su rango en nuestra arquitectura constitucional y por la función que desempaña en nuestro Estado de Derecho, lo que lleva como consecuencia que el órgano instructor tiene que tener los modos e instrumentos necesarios para hacerlo. No nos parece razonable atribuir a un órgano jurisdiccional, también en virtud de su alto rango, la facultad de investigar, y en su caso, sancionar, los posibles delitos que puedan cometer los representantes de tan altas instituciones, y después concluir, que no pueden utilizar los instrumentos necesarios para su investigación, cuando concurren los requisitos necesarios para adoptar tales medidas, en la misma medida que concurrirían para los demás ciudadanos».
En el auto, la Sala recalca que no cabe pronunciarse sobre la inexistencia de delito, porque su función, «ahora, reside exclusivamente en determinar si los autos citados de entrada y registro fueron, o no, correctos, desde el plano de la legalidad ordinaria y ajustados a la legalidad constitucional». Esta decisión de la Sala de Apelación es firme y contra ella no cabe interponer recurso alguna en la vía jurisdiccional.
