Publicado: febrero 18, 2025, 7:07 am
La defensa de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejercía las funciones de secretaria personal de Begoña Gómez, ha presentado un recurso contra la decisión del magistrado de imputar a su patrocinada en el que cuestiona los motivos por los que pasó de tener la condición de testigo a la de investigada. Centra su recuso en que la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado «adolece de una insuficiente —por no decir inexistente— motivación.
Álvarez deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid el próximo día 28 tras haberlo hecho el pasado 20 de diciembre como testigo. El abogado se pregunta por qué el instructor decidió acordar su imputación el 28 de enero cuando dos semanas antes, el día 9, la había rechazado a propuesta de las acusaciones. También pone en duda sus argumentos y recuerda que las testificales posteriores a su declaración como testigo, indica, «no aportaron ningún indicio» contra Álvarez.
«El auto debería haber especificado cuál o cuáles de las diligencias, no de las hasta ahora practicadas, sino de las practicadas entre el 9 de enero (que, según resolución de esa fecha, carecían de valor indiciario contra mi patrocinada) y el 28 de enero (fecha del Auto recurrido) contienen indicios contra Doña Cristina y por qué».
«Tras leer el auto, somos incapaces de saber en base a qué argumentos reciben tal calificación jurídica unos hechos que desconocemos porque ni siquiera se describen. Aún así, y aunque la denunciada vulneración de derechos de mi patrocinada nos tenga a ciegas, un somero análisis de los hechos descarta cualquier indicio de los dos delitos que se imputan».
Cristina Álvarez Rodríguez es la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Pese a ello, parte de sus tareas se han dedicado a las tareas profesionales de la esposa de Pedro Sánchez. La investigación refleja que ha intervenido activamente en la gestión de la cátedra de Gómez.
Las acusaciones populares habían pedido al juez su comparecencia, inicialmente como testigo y al final como imputada. Peinado la citó el 20 de diciembre como testigo y ahora, a petición de Hazte Oír, la convoca en calidad de investigada.
Las actividades de Cristina Álvarez en la cátedra de Gómez fueron variadas. En una ocasión, envió un correo a Reale Seguros para intentar que la compañía cambiara de opinión y mantuviese el patrocinio de la cátedra. «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribió.
Álvarez aparece también en las cadenas de correos en las que la esposa de Pedro Sánchez aborda con la Complutense cómo tratar el registro del software que ha provocado la imputación por apropiación indebida, así como el registro de la marca de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva. La asesora de La Moncloa empleaba para ello un correo particular.
En algunas ocasiones, sin embargo, Álvarez envió mensajes a colaboradores de la cátedra empleando la cuenta de correo oficial de La Moncloa e incluyendo el membrete de Presidencia del Gobierno.
Los últimos correos que reflejan esas gestiones los ha aportado la defensa de Gómez para intentar desvirtuar las imputaciones por apropiación indebida e intrusismo profesional. Algunos de los correos cruzados con la UCM que servirían para ello tenían como destinataria directa a la asesora de La Moncloa.
Las acusaciones populares, así como otras fuentes jurídicas consultadas, consideran que la actuación de la empleada pública para tareas profesionales privadas de Begoña Gómez podría suponer la comisión de un delito de malversación.
«Debe destacarse que en estos correos se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir, una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, proporcionándole ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privadas», indicaba un escrito de Hazte Oír reclamando la citación de Álvarez como investigada. Con la citación se pretendía que la asesora indicara quién le había encomendado hacer esas tareas privadas para Gómez.
«Es evidente», añadía en el escrito conjunto con otras acusaciones populares, «que la utilización instrumental de Álvarez Rodríguez, Directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, por sí sola puede colmar no solo el tipo penal de tráfico de influencias, sino también el de malversación. El primero de ellos queda aún más claramente establecido desde el momento de la constatación del uso público y expreso, por parte de la Sra. Gómez, de su condición de esposa del presidente».
