Publicado: febrero 17, 2025, 1:07 pm
El informe sobre el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, elaborado en la subcomisión para la renovación y actualización del mismo, se elevará al Pleno del Congreso de los Diputados con el aval de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox.
Los grupos parlamentarios han aprobado, con 34 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, la propuesta de informe para el nuevo dictamen, en el que figuran 462 medidas.
Los de Abascal han manifestado su «oposición total» a un acuerdo que han tildado de «fracaso» y «estafa». Asimismo, han esgrimido que, al partir de las leyes contra la violencia de género, el informe «atenta contra la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres».
De forma paralela al debate de la Comisión, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a las formaciones que estén «a la altura» del dictamen, que se debatirá próximamente en el Pleno de la Cámara Baja para su aprobación definitiva. «Es un dictamen importantísimo, vuelve a poner relevancia donde tiene que estar, [en] la lucha contra la violencia de género», ha señalado.
Violencia Económica y Trata de Blancas
El documento incluye, como novedad, las violencias digital, vicaria y económica. En esta línea, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como la «acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores». Constaría así como una forma de violencia de género.
Además, los partidos han puesto sobre la mesa la aprobación de la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Esta Ley apuntan que establecerá «mecanismos adecuados» para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito. En este sentido, Sumar ha instado a «diferenciar lo que es delito de lo que no es» porque consideran que no se debe «mezclar trata con prostitución». Sobre esta última, la titular de Igualdad ya anunció el año pasado que su ministerio estaría trabajando en una iniciativa legislativa que sería uno de sus grandes proyectos para 2025.
Además, precisan que pondrá en marcha servicios y programas de protección social, reparación y recuperación integral de las víctimas de trata y explotación sexual, con una previsión de costes y una dotación adecuada de recursos humanos y económicos para su implementación y seguimiento.
El documento del Pacto de Estado es resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mes de mayo. Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG presentaron votos particulares al informe y Vox voto particular de oposición total. Por el contrario, PP, PSOE y Junts no registraron modificaciones al texto. En este sentido, todos ellos han quedado rechazados, a excepción del número 11, de Sumar, que agrega «mejoras técnicas al documento».
Todos los grupos han subrayado la importancia del consenso para lograr la reelaboración del dictamen, catalogado como un «ejercicio de buena política» que dota al texto de «vocación de continuidad». La popular Beatriz Fanjul ha asegurado que su partido exigirá que todas las medidas reflejadas en el informe se lleven a cabo «tengan o no presupuestos aprobados», además de afear a la ex ministra de Igualdad Irene Montero su «mala gestión» del departamento ya que «del documento de 2017 tan solo 59 medidas se dan por cumplidas del total de 290».
