Publicado: febrero 17, 2025, 1:07 am
La Justicia ha frenado la intención de la Dirección General de la Guardia Civil de reorganizar los cuarteles para paliar la falta de agentes en las zonas rurales. La pretensión, que incluso había entrado ya en funcionamiento en acuartelamientos, tenía como finalidad que los responsables de los cuarteles formaran parte también de la seguridad ciudadana. Es decir, que simultanearan sus funciones organizativas con las del patrullaje.
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la que ha tenido acceso este periódico, ha dado la espalda al organismo que dirige Mercedes González al fallar en contra de esta orden que, principalmente, afectaba y comprometía la seguridad de la España vaciada.
Los jefes de los acuartelamientos tienen que estar presencialmente en ellos cuando se instruyen diligencias, hay detenidos o se les requiere para cualquier asunto relacionado con la gestión en su papel de máximos responsables. La idea del Ministerio del Interior era que también patrullaran. De acuerdo con la planificación que ahora ha anulado la Justicia, estos superiores podrían estar por la mañana atendiendo su trabajo en el cuartel y por las tardes o las noches, patrullando.
Además, insisten las fuentes consultadas por este periódico, si en algún momento del patrullaje hubieran sido requeridos para atender sus funciones de jefes, deberían haber vuelto al cuartel desatendiendo, a su vez, la calle.
El pasado 28 de diciembre, la Dirección General del Instituto Armado puso en marcha la Orden General 25/2023 sobre las Compañías y Puestos territoriales de la Guardia Civil que ahora el TSJM ha anulado por completo. «No procede, entendemos, sino su anulación», concluyen los jueces. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo entiende que procede la nulidad íntegra al entender que la orden puede atentar contra determinados derechos de los guardias civiles afectados por la medida.
Fue la agrupación Jucil quien llevó el asunto a los tribunales alertando de la «merma del potencial de servicio, ya de por sí faltos de gente». Advertía de graves vulneraciones del procedimiento. «Desde Jucil consideramos que la medida de creación del coordinador de servicio influye negativamente en la conciliación de la vida familiar y profesional, desde el punto de vista que es asumir mas funciones sin ningún tipo de beneficio, aumentando la carga de trabajo considerablemente. Por otra parte, los comandantes de puesto tienen demasiados cometidos que cumplir como para hacerse cargo de estas coordinaciones de servicio».
La orden que ha quedado fuera de servicio afectaba a la España rural, una zona con una especial casuística, ya que en la última década ha registrado el cierre de cuarteles, la reducción de horario de apertura y la merma de su plantilla. Los guardias civiles que trabajan en la España vaciada cuentan con recursos limitados para cubrir un extenso territorio con poblaciones muchas veces dispersas que se agrava con la falta de agentes y la creciente inseguridad en el mundo rural. La dispersión de los cuarteles es otro punto adverso.
Las zonas rurales acumulan robos, asaltos y otros delitos que, en ocasiones, se hacen muy difíciles de cubrir por la cantidad de kilómetros de distancia que los agentes deben hacer para acudir al lugar en el que se les requiere. En la mayoría de las zonas sólo hay una patrulla de vigilancia nocturna que debe atender todos los hechos delictivos que se produzcan en una misma noche entre los distintos pueblos de su demarcación.
