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El PP ultima ya su nueva ley para salvar las nucleares tras comprobar que ERC y Junts no se oponen

Publicado: febrero 16, 2025, 1:07 am

Actualizado Domingo,
16
febrero
2025

01:08

El miércoles pasado, el Congreso de los Diputados votó a favor de instar al Gobierno a prorrogar la vida útil de las siete centrales nucleares activas en España. La proposición no de ley del PP no tenía efecto jurídico alguno, pero servía de mensaje al Ejecutivo: la mayoría simple de la Cámara aboga por no desmantelar los reactores en los plazos previstos, y prorrogar su vida útil. Votaron a favor los populares, UPN y Vox, sumando 171 síes. Pero, sobre todo, se abstuvieron tanto los siete diputados de Junts per Catalunya como los siete de ERC. De manera que la iniciativa se aprobó como aviso a navegantes.

Hay mimbres parlamentarios para torcerle la mano realmente al Ejecutivo. Y eso ha espoleado al PP, que ya prepara una proposición de ley para prorrogar la vida de las nucleares. O sea, una iniciativa con efectos jurídicos plenos. No una recomendación, sino una ley.

Fuentes de la dirección del PP aseguran a este diario que ya están preparando el texto de la nueva normativa, y que lo presentarán antes de que finalice este periodo de sesiones. O sea, en los próximos meses. El PP va a reunirse «con el sector» para perfilar en las próximas semanas los detalles de la proposición, y una vez que termine de perfilarla, utilizará el primer «cupo» parlamentario que tenga para volver a la carga.

El calendario de cierre nuclear marca que las siete centrales se apagarán de manera escalonada entre 2027 y 2035, comenzando por Almaraz (entre noviembre de 2027 y octubre de 2028) y terminando por Trillo, en mayo de 2035.

Peso en Cataluña

El PP es consciente de que puede cambiar ese calendario. Y sabe que tiene al alcance de la mano la que sería la derrota más significativa de la legislatura para el Gobierno, mucho más dura incluso que la del decreto ómnibus, luego rectificada. ¿Por qué? Por el peso insoslayable de la energía nuclear en Cataluña, una comunidad que concentra tres de los siete reactores nucleares activos en el país, que aportan el 60% del suministro energético de la región. Se trata de Ascó I, cuyo cese de explotación se fijó para 2030; Ascó II, que se apagará en 2032, y Vandellós II, que lo hará en 2035. Cataluña está en el vagón de cola en el despliegue de renovables en España, con apenas un 7% de generación verde, frente al 50% del mix nacional. De ahí que no sólo Junts, sino también un partido de izquierdas como ERC, hayan optado por el pragmatismo abstencionista.

«Hemos ganado la primera votación y ahora vamos a presentar una proposición de ley en el Congreso para ampliar la vida útil de las centrales nucleares en nuestro país, empezando por la de Almaraz, y siguiendo con las centrales catalanas, con la valenciana y con la de Castilla-La Mancha», explican fuentes del entorno de Alberto Núñez Feijóo. «¿Por qué? Porque el 21% de la energía que se produce en España se genera en centrales nucleares, porque esa energía es verde y es de bajas emisiones y porque además es una energía segura que sirve de batería ante la fluctuación de la energía renovable», añaden las mismas fuentes. «Ni los eslóganes ni las soflamas producen energía eléctrica», rematan.

El miércoles, en la votación de la proposición no de ley (sin efectos jurídicos), Junts, que finalmente se abstuvo, hizo hincapié en el hecho de que la energía nuclear es clave para Cataluña. El portavoz del partido de Puigdemont también lamentó que el Gobierno no tenga plan alguno para reconvertir industrialmente las comarcas afectadas por los cierres.

Hay que recordar que la formación de Carles Puigdemont ya votó a favor de atrasar el cierre de las nucleares en la Comisión Mixta de la UE de las Cortes. En concreto, fue otra proposición no de ley del PP en la que se exigía «suspender cautelarmente» el calendario de cierres, para que los titulares de las centrales pudieran pedir una «prórroga de su periodo de operación».

El PNV, sin embargo, votó en contra, para sorpresa del PP. Los nacionalistas prefirieron aludir a los riesgos que conlleva la gestión de los residuos para justificar su voto en contra de la prórroga. Y aseguraron que las empresas no han pedido alargar la vida útil. Pero, si no lo hacen, es porque no pueden. Querer sí que quieren.

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