Publicado: febrero 14, 2025, 5:07 pm
El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha citado a declarar en calidad de testigo a Alfredo González Gómez, que fue quien realizó, en su etapa de vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejercía las funciones de secretaria personal de la esposa de Pedro Sánchez.
Alfredo González, que en la actualidad es vocal asesor en la Dirección General de Servicios del Ministerio de Presidencia, fue secretario de Estado de Política Territorial y ocupó diferentes puestos directivos en los ministerios de Vivienda, Sanidad, Hacienda y Administraciones Públicas. Tendrá que sentarse ante el magistrado Juan Carlos Peinado el próximo 26 de febrero, dos días antes de que Álvarez comparezca como imputada tras haberle tomado el instructor declaración en calidad de testigo el pasado mes de diciembre.
«Visto el estado de las presentes actuaciones, se acuerda oír en declaración al testigo Alfredo González Gómez, quien realizó la propuesta de nombramiento de la investigada María Cristina Álvarez Rodríguez, según obra en el informe remitido por la Secretaría General de la Presidencia de Gobierno a este Juzgado», especifica el instructor.
Para que la asesora de Moncloa dejara de ser testigo en el procedimiento y pasara a ser investigada, Peinado lo argumentaba de la siguiente manera: «Se acuerda dirigir la investigación contra Cristina Álvarez Fernández como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios», argumentaba el juez Juan Carlos Peinado en su auto del pasado 4 de febrero.
Además, solicitaba «la obtención del registro de llamadas realizadas y recibidas por Álvarez desde su nombramiento hasta el día de hoy a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a números vinculados al empresario Barrabés y su grupo».
Y proseguía: «La obtención del mismo registro de llamadas realizadas y recibidas por Álvarez desde su nombramiento hasta día de hoy a teléfonos vinculados al Instituto de Empresa, al IE Africa Center, la Organización Mundial del Turismo, Indra, Google, Telefónica y la Caixa o cualquier otra entidad o mercantil que patrocinada los másters o cátedras en las que participó Begoña Gómez, en relación al número que ella señaló como suyo el día de su declaración, como desde cualquier otro teléfono que tuviera asignado profesionalmente por su contratación por presidencia del Gobierno».
Alvarez colaboró en gestiones relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Se trata del cuarto testigo que cambia su condición a la de imputado tras declarar ante el juez Peinado con la obligación de contestar a todas las preguntas y de decir la verdad.
Anteriormente, el instructor había interrogado como testigos al empresario amigo de la esposa del presidente Juan Carlos Barrabés; al rector de la Complutense, Joaquín Goyache; y al directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes. A los tres les había imputado posteriormente teniendo en cuentas sus declaraciones.
Labor de Cristina Álvarez
Cristina Álvarez Rodríguez es la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Pese a ello, parte de sus tareas se han dedicado a las tareas profesionales de la esposa de Pedro Sánchez. La investigación refleja que ha intervenido activamente en la gestión de la cátedra de Gómez.
Las acusaciones populares habían pedido al juez su comparecencia, inicialmente como testigo y al final como imputada. Peinado la citó el 20 de diciembre como testigo y ahora, a petición de Hazte Oír, la convoca en calidad de investigada.
Las actividades de Cristina Álvarez en la cátedra de Gómez fueron variadas. En una ocasión, envió un correo a Reale Seguros para intentar que la compañía cambiara de opinión y mantuviese el patrocinio de la cátedra. «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribió.
Álvarez aparece también en las cadenas de correos en las que la esposa de Pedro Sánchez aborda con la Complutense cómo tratar el registro del software que ha provocado la imputación por apropiación indebida, así como el registro de la marca de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva. La asesora de La Moncloa empleaba para ello un correo particular.
En algunas ocasiones, sin embargo, Álvarez envió mensajes a colaboradores de la cátedra empleando la cuenta de correo oficial de La Moncloa e incluyendo el membrete de Presidencia del Gobierno.
Los últimos correos que reflejan esas gestiones los ha aportado la defensa de Gómez para intentar desvirtuar las imputaciones por apropiación indebida e intrusismo profesional. Algunos de los correos cruzados con la UCM que servirían para ello tenían como destinataria directa a la asesora de La Moncloa.
Delito de malversación
Las acusaciones populares, así como otras fuentes jurídicas consultadas, consideran que la actuación de la empleada pública para tareas profesionales privadas de Begoña Gómez podría suponer la comisión de un delito de malversación.
«Debe destacarse que en estos correos se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir, una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, proporcionándole ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privadas», indicaba un escrito de Hazte Oír reclamando la citación de Álvarez como investigada. Con la citación se pretendía que la asesora indicara quién le había encomendado hacer esas tareas privadas para Gómez.
«Es evidente», añadía en el escrito conjunto con otras acusaciones populares, «que la utilización instrumental de Álvarez Rodríguez, Directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, por sí sola puede colmar no solo el tipo penal de tráfico de influencias, sino también el de malversación. El primero de ellos queda aún más claramente establecido desde el momento de la constatación del uso público y expreso, por parte de la Sra. Gómez, de su condición de esposa del presidente».
