Publicado: febrero 14, 2025, 9:07 am
Junts está volcado en conseguir la cesión de las competencias de inmigración para Cataluña. Es su absoluta prioridad. Pero eso no significa que vaya a renunciar a seguir condicionando la acción del Gobierno de España valiéndose de sus decisivos siete votos en el Congreso. Su nuevo objetivo es forzar a que la reducción de la jornada laboral impulsada desde el Ministerio de Trabajo que dirige la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se acomode a sus exigencias, que coinciden, a su vez, con las de la patronal catalana.
Según precisan fuentes de la dirección de Junts a EL MUNDO, el objetivo es «negociar que sean los convenios de las pymes los que establezcan la jornada en función de su sector, tamaño y necesidades». El partido liderado por Carles Puigdemont reclama la adecuación de la norma al «modelo catalán», «donde no se quiere trabajar menos, sino ganar más». Alega que las pymes y los autónomos representan más del 98% del tejido empresarial en la comunidad autónoma y que, por tanto, las pequeñas corporaciones tienen que poder escoger la jornada de sus asalariados sin que les sea impuesta una genérica de 37,5 horas semanales.
«No estamos en un no total a la reducción», confirman las mismas fuentes, lo que tampoco garantiza una negociación sencilla, pues es voluntad de los neoconvergentes volver a exhibir su poder para llevar al Gobierno al límite y poder reivindicar, después, su capacidad exclusiva de arrancar cesiones para Cataluña.
Es habitual escuchar a los máximos mandatarios de Junts reivindicar que consiguen en Madrid lo que Salvador Illa ni siquiera intenta. El fin es presentarse como una alternativa real al Govern socialista de la Generalitat y retratar a Illa como un president que antepone el bienestar de Pedro Sánchez a las necesidades de los catalanes.
La pasada semana, la cúpula de Junts se reunió con la de Repsol en Tarragona para reivindicar que haber tumbado la continuidad del impuesto a las eléctricas había hecho posible una inversión de 800 millones en la provincia. Hoy, una delegación de Junts, liderada por su secretario general, Jordi Turull, se reunirá con la patronal catalana CECOT con la pretensión de escenificar sintonía antes de intentar torcer el brazo a Díaz.
Las ayudas a las pymes es un asunto que siempre ha estado presente en el Gobierno de cara a la reducción de jornada. De hecho, fue un elemento de tensión y fricción hasta en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó la medida: Díaz y Carlos Cuerpo tuvieron un encontronazo acerca de las implicaciones y consecuencias de la medida. Intervino para zanjar el debate la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que presidía la reunión en ausencia de Pedro Sánchez. Desde el sector económico del PSOE insisten en que el trámite parlamentario debe servir para acompañar a las empresas y lograr un resultado que garantice los derechos de los trabajadores y no perjudique a las pymes.
La obsesión en el sector socialista, en los ministros Montero y Cuerpo, es acercar posiciones con las empresas en el trámite parlamentario, sobre todo con el foco puesto en las pymes, para que puedan cumplirse este derecho para los trabajadores, pero sin que suponga un elemento «lesivo» para las pequeñas y medianas empresas. Porque, saben, además, que esa mayoría parlamentaria que necesitan estará más cerca si se producen gestos, un acompañamiento, porque PNV y Junts están presionados por los empresarios.
Ése el objetivo: aprovechar el trámite que se iniciará en el Congreso para incluir medidas que ayuden a las empresas, sobre todo a los pymes. Desde Economía llegan a hablar de «ayudas presupuestarias». También la reducción de barreras administrativas. En Trabajo lo saben y asumen y será uno de los elementos centrales de la negociación. En el seno del Ejecutivo hay «optimismo» sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts, porque a pesar de que atisban una negociación dura, perciben que los de Puigdemont no han estado ni están en el no, como también ellos reconocen a este diario.
En Trabajo defienden la esencia del pacto firmado con los agentes sociales, sólo con los sindicatos en este caso, pero saben que las cuentas pasan por atraer a los siete diputados de Junts. De ahí que ya haya habido reuniones entre la portavoz de este grupo en el Congreso, Míriam Nogueras, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez.
En Trabajo conceden que Cataluña tiene un tejido empresarial «propio de pequeñas empresas Cataluña, por eso vamos a negociar lo que sea menester para mejorar la vida de los catalanes». Eso sí, aportan como dato que el 30 % de los convenios colectivos que se cerraron y se firmaron el año pasado en esa comunidad ya reflejan jornadas inferiores a las 37 horas y media. Aunque como siempre sucede con Junts cuando negocia con el Gobierno, el diálogo también atañe a otros elementos que no son puramente la cuestión a aprobar, sino medidas o acuerdos que los independentistas reclaman que se cumplan porque es lo pactado. Por ejemplo, la oficialidad del catalán en Europa. Por ejemplo, el traspaso de las competencias en inmigración.
Díaz quiere pilotar esta negociación porque es una medida de su competencia y, por eso también, trata de cultivar un hilo directo con Puigdemont. Aunque desde el sector socialista recuerdan que la política económica y fiscal del Gobierno la decide el PSOE, porque los ministerios competentes están bajo su tutela.
