Publicado: noviembre 28, 2024, 9:07 am
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado llamar a declarar como testigo a la asesora de La Moncloa que colaboró con Begoña Gómez en gestiones relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Se trata de Cristina Álvarez Rodríguez, cuyo cargo oficial es el de directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Pese a ello, parte de sus tareas se han dedicado a las tareas profesionales de la esposa de Pedro Sánchez. La investigación abierta en el juzgado 41 de Madrid refleja que ha intervenido activamente en la gestión de la cátedra de Gómez.
Las acusaciones populares habían pedido al juez su comparecencia, inicialmente como testigo y al final como imputada. Peinado ha acordado citarla el próximo 20 de diciembre como testigo.
Las actividades de Cristina Álvarez en la cátedra de Gómez fueron variadas. En una ocasión, envió un correo a Reale Seguros para intentar que la compañía cambiara de opinión y mantuviese el patrocinio de la cátedra. «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribió.
Álvarez aparece también en las cadenas de correos en las que la esposa de Pedro Sánchez aborda con la Complutense cómo tratar el registro del software que ha provocado la imputación por apropiación indebida, así como el registro de la marca de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva. La asesora de La Moncloa empleaba para ello un correo particular.
En algunas ocasiones, sin embargo, Álvarez envió mensajes a colaboradores de la cátedra empleando la cuenta de correo oficial de La Moncloa e incluyendo el membrete de Presidencia del Gobierno.
Por la defensa
Los últimos correos que reflejan esas gestiones los ha aportado la defensa de Gómez para intentar desvirtuar las imputaciones por apropiación indebida e intrusismo profesional. Algunos de los correos cruzados con la UCM que servirían para ello tenían como destinataria directa a la asesora de La Moncloa.
Las acusaciones populares, así como otras fuentes jurídicas consultadas, consideran que la actuación de la empleada pública para tareas profesionales privadas de Begoña Gómez podría suponer la comisión de un delito de malversación.
«Debe destacarse que en estos correos se evidencia que esa asesora de Moncloa, es decir, una persona con funciones públicas y cuyo sueldo corre a cargo del erario público, ha desempeñado funciones de asistente personal de la investigada Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, proporcionándole ayuda en el contexto de sus actividades profesionales estrictamente privadas», indicaba un escrito de Hazte Oír reclamando la citación de Álvarez como investigada. Con la citación se pretendía que la asesora indicara quién le había encomendado hacer esas tareas privadas para Gómez.
«Es evidente», añadía en el escrito conjunto con otras acusaciones populares, «que la utilización instrumental de Álvarez Rodríguez, Directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, por sí sola puede colmar no solo el tipo penal de tráfico de influencias, sino también el de malversación. El primero de ellos queda aún más claramente establecido desde el momento de la constatación del uso público y expreso, por parte de la Sra. Gómez, de su condición de esposa del presidente».
