Las denuncias por violencia de género dividen a España en dos

El lugar común de las dos Españas, también aquí, pero sin el reduccionismo de la ideología, sino multicausal, como es la violencia de género, que este lunes conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Y si tomamos las denuncias como la mayor defensa contra la lacra, el último trienio muestra una España partida en dos. De las 26 provincias que quedan en la mitad alta en 2023, 23 lo estuvieron en los dos años anteriores también. Si tomamos las 20 provincias que quedaron el pasado año por encima de la media nacional, se verá como 18 también ocuparon un lugar en la parte superior de la tabla los dos últimos años. ¿Por qué? Por provincias, las Islas Baleares registró el número más alto de denuncias en 2023, con 1.310 por cada 100.000 mujeres, seguidas por Castellón (1.273) y por Granada (1.228). En 2022, el tope se dio en Castellón (1.309) y un curso antes, en Guadalajara (1.093 por cada 100.000).

Desde el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer comienzan por subrayar que no existe una única explicación para interpretar el posicionamiento. Motivos culturales, sociales o institucionales pueden explicarlo. «La densidad de población de cada región es destacable, pero también la concentración de personas que pasan por esas ellas. Por ejemplo, las islas suelen tener un índice de denuncias elevado y en parte podría ser por el turismo. El Observatorio crea sus estadísticas y datos a partir de los expedientes judiciales y si se interpone una denuncia por violencia de género a un turista también queda registrado», señalan. Esto ayudaría a entender la presencia de los dos archipiélagos, siempre en la mitad alta, o provincias como las tres valencias.

Además, también hay que tener en cuenta las zonas rurales donde las mujeres son especialmente vulnerables, sobre todo «en localidades muy pequeñas, donde todo el mundo te conoce, y a la mujer que sufre violencia le resulta más complicado denunciar», explican las mismas fuentes. «Es más fácil si tú te acercas a un juzgado, por ejemplo, en Madrid a Plaza Castilla y al salir del edificio nadie te conoce que si lo tienes que hacer en un pueblo aislado o con pocos habitantes. Ellas sienten miedo y vergüenza a enfrentarse no sólo a él, sino también a los amigos, familiares o vecinos», continúan. Un argumento reflejado en la estadística, que coloca a territorios como Teruel, Huesca, Zamora, Soria, Cuenca o León con porcentajes menores de denuncias, como si fuese un efecto de la despoblación-dispersión poblacional.

En esta misma línea, explican que también son lugares donde la concienciación y la información es más difícil de hacer llegar. Al contrario, en autonomías con una red amplia, como Andalucía, siete de las ocho provincias son de la mitad alta, con Córdoba este año justo en el primer puesto bajo el ecuador, aunque quedó por encima los precedentes. Al contrario, en la mayoría de territorios de la España interior, las cifras son inferiores, con las únicas excepciones de Ciudad Real y Segovia, además de la capital del país. Como razona la Federación Española de Asociaciones de Mujeres Rurales, «la percepción de la violencia de género se entiende habitualmente más como una cuestión del ámbito familiar y privado que como un problema social estructural».

A este factor se le complementa que la distribución judicial en España se divide en partidos, no en provincias. En 2005 nacen los juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer, que en la actualidad cuenta con 121 órganos exclusivos en 81 partidos judiciales. Desde el Observatorio explican que la víctima muchas veces no se atreve a denunciar porque no tiene cerca una institución especializada donde se sienta con confianza a la que acudir: «Hay zonas donde tendrían que desplazarse hasta dos horas para poder interponer una denuncia». Como solución, desde los tribunales establecieron la comarcalización de estos juzgados para que estos no sólo tengan competencia sobre la localidad en la que se ubican, sino también sobre los municipios cercanos dentro de una región determinada: «Como mínimo siempre hay un juzgado por provincia, pero ahora una mujer tendría que desplazarse como mucho 50 km, lo que equivale a una media hora».

Los expertos coinciden en las denuncias como herramientas «clave» de concienciación para erradicar esta lacra: «Pero el peso de la denuncia no puede recaer solo en la víctima, también en todo su entorno familiar, laboral, vecinal…», señalan las mismas fuentes. España registra un número creciente de denuncias: en 2023 inscribieron 199.166, algo más que en 2022 (182.078) y 2021 (162.848). Si se valora por número de habitantes, de media en 2023 se interpusieron 812 por cada 100.000 mujeres censadas, cifra que ha visto un aumento respeto a 2022 (752) y 2021 (674).

La falta de denuncias es un aspecto que se aprecia de forma notoria en las víctimas mortales: en el 77% (31) de los 40 homicidios de 2024 no existía denuncia previa. Los datos del año anterior reflejan una realidad similar: el 75% (44) de las 58 asesinadas tampoco la presentaban. A veces, el freno previo a estas situaciones es lo estructural, tal vez la primera violencia que hay que anotar en un 25-N.