Publicado: noviembre 17, 2024, 9:07 pm
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional (AN) el próximo lunes. La gran novedad pasa por que su defensa ha aportado tres nuevos elementos que cuestionan la versión de la Fiscalía Especial Antidroga, que solicita para él una pena de 10 años de prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales.
En el marco de la Operación Mito, y junto a 48 personas físicas y cinco jurídicas, al letrado del ex presidente de la Generalitat catalana fugado se le juzgará por la supuesta confección de falsas letras de cambio con el fin de justificar un dinero proveniente de la red de narcotráfico de José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco.
Los hechos se remontan a febrero de 2017 cuando los agentes de la Policía Nacional del Aeropuerto de Barajas incautaron una maleta donde se escondían casi 900.000 euros que iban a viajar destino Colombia. Los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo policial acusan a Boye de lavar dicha fortuna de Miñanco, quien fue su antiguo cliente.
Uno de los puntos que ponen en cuestión el relato del Ministerio Público especializado en asuntos de drogas es la geolocalización del terminal móvil del abogado de Puigdemont en el momento de la creación de esos supuestos documentos que certificarían la procedencia del dinero.
Según detalla el escrito de defensa de Boye, que obra en poder de EL MUNDO, «los informes periciales, obrantes en la causa, analizando todos los metadatos de dispositivos móviles y geolocalización de determinados acusados, confirman sin duda alguna que es falso».
El escrito subraya que el día de la presunta creación de los documentos tres de los encausados se reunieron en el despacho de Boye con él presente. No obstante, sostiene que en ese encuentro «no se elaboró ni se acordó elaborar ningún contrato de cara a la recuperación del dinero intervenido ni se manejó ni se contó ninguna cantidad de dinero». La defensa de Boye añade que aquella cita tuvo un carácter «exclusivamente comercial».
Por su parte, Manuel Pedro González Rubio, uno de los principales señalados en la macrocausa, ha remitido un escrito a la juez instructora donde afirma que el dinero decomisado por los uniformados en el aeródromo madrileño era suyo y no de Manuel Puentes Saavedra, otro de los procesados en la trama.
Cambio en la declaración
González Rubio regresa así a la primera declaración que dio ante el interrogatorio practicado, donde ratifica que el dinero le pertenecía a él. Y añade que la cantidad decomisada «se dé en pagos a los tres policías nacionales» que resultaron heridos en un tiroteo que protagonizó, con el objetivo de saldar su deuda en concepto de responsabilidad civil.
El cambio en la declaración de González Rubio supone otro revés contra la acusación de la Fiscalía, dado que si el dinero es suyo como ha explicado, no sería propiedad de Miñanco y, por lo tanto, no habría dinero alguno que lavar.
El tercer as en la manga del acusado más mediático en este procedimiento es una grabación en la que el abogado de Puentes Saavedra, Jesús Prieto Molina, reconoce que su cliente ha «incriminado falsamente» a Boye reconociendo que «cambió su versión de los hechos» para lograr su puesta en libertad.
Cabe recordar que Puentes Saavedra declaró en contra de Boye durante la instrucción. En ese momento se negó a contestar si algún agente policial se había comunicado con él en prisión para proponerle la modificación de su testimonio con el fin de salir a la calle.
«Todo esto último tuvo sin duda un efecto «llamada» y/o «dominó» en González Rubio quien, también faltando a la verdad, animado por la libertad de Puentes Saavedra ante su cambio de versión, hizo lo mismo», se desprende del documento de defensa de Boye.
Para González Rubio, el fiscal solicita 43 años de prisión por un delito de blanqueo, falsificación de documento oficial, homicidio en grado de tentativa, lesiones, tenencia ilícita de armas y atentado contra agentes de la autoridad.
Por otro lado, el Ministerio Público sostiene que Boye «presentó dichos contratos de compraventa en el expediente administrativo a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico».
Bautizada como Operación Mito, el caso pone de relieve un entramado criminal con Sito Miñanco en el centro de la causa por intentar introducir en España hasta 4.000 kilos de cocaína sin éxito, que fueron aprehendidos por la Policía en dos operativos.
La Audiencia Nacional ha acordado la apertura del juicio oral contra el histórico contrabandista gallego, para el que el fiscal solicita una pena de 31 años, la misma cifra que reclama para sus tentáculos en la organización: Luis Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández.
Asimismo, se sentarán en el banquillo de los acusados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico David Pérez Lago, alias el Niño, hijastro de una de las personas de máxima confianza de Miñanco durante la Operación Nécora como fue Laureano Oubiña, instruida por el magistrado Baltasar Garzón.
Al hijastro de Oubiña se le suman Antonio Palma Hidalgo, supuesto testaferro de Miñanco; Leonor Ivanova Pérez Alonso, una de las parejas del narco, o Raymond Van Dij, narcotraficante de origen holandés. Sobre las mercantiles cercadas por la Audiencia Nacional se encuentran Astilleros Facho, sociedad donde construían las embarcaciones que transportaban la droga, o Alquiler y Venta de Vehículos Vicmar, entidad en la que Miñanco guardaba el dinero del narcotráfico.
El juicio se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional ubicada en el municipio madrileño de San Fernando de Henares y se prolongará hasta enero del próximo año.
