Nadie duda en Valencia de que la gestión polÃtica de la DANA acabará siendo examinada bajo la lupa judicial. Y la investigación sobre las decisiones que se tomaron el fatÃdico 29 de octubre en Valencia tendrá que detenerse en una reunión clave: la del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), donde se sentaron todas las administraciones y cuerpos responsables de las emergencias. La reunión, que arrancó a las 17 horas y se alargó hasta la madrugada, fue descrita por un testigo presencial como «el camarote de los hermanos Marx». De esa reunión, sin embargo, no hay actas oficiales. Ni de esa ni de todas las reuniones que se han venido produciendo desde entonces.
Asà lo confirman fuentes de Emergencias de la Generalitat, a pesar de que los representantes del Gobierno de España han pedido expresamente levantar actas por escrito de todo lo que sucede, se dice y se decide en los CECOPI. La Generalitat, sin embargo, ha descartado esta posibilidad.
En los CECOPI se sientan desde la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, a ministros como Fernando Grande-Marlaska, representantes de la UME, de la Confederación Hidrográfica del Júcar o de la Aemet, además de los representantes de la Generalitat, comenzando por la consejera de Interior, Salomé Pradas, que es quien ejerce el mando. El dÃa 29, el presidente de la Generalitat no se incorporó hasta las 19.30 horas, tras mantener una comida con una periodista. Y no fue hasta las 20 horas cuando se decidió finalmente enviar el aviso de Protección Civil a la población.
Tras el caos que se vivió aquel dÃa en el CECOPI, el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de levantar acta por escrito de las reuniones, para que todos los presentes tuviesen que ratificarla, según explican fuentes gubernamentales. Porque lo cierto es que ni siquiera hay una grabación de las reuniones, a pesar de que parte de los asistentes se conectan por videoconferencia.
Según fuentes de Emergencias de la Generalitat, los encuentros no se graban porque para ello habrÃa que pedir autorización a todos los asistentes, algo que en general nunca se ha hecho. Desde Emergencias se insiste en que «no se levantan actas porque no está regulado», ya que el CECOPI no es un órgano colegiado.
En este sentido, otras fuentes consultadas admiten que el CECOPI no es un órgano de decisión sino de coordinación, por lo que no existe ninguna obligación legal de levantar acta de lo que allà sucede. Por eso no hay obligación de guardar ninguna grabación de la reunión ni de levantar un acta por escrito, según estas fuentes.
«Lo que se está haciendo por parte de los técnicos es tomar notas de las reuniones desde el segundo o tercer dÃa. No se graba», subrayan fuentes de Emergencias. Esto significa que, en la práctica, no hay acta oficial de los CECOPI. Tampoco, por tanto, del celebrado el 29 de octubre, y sobre cuyo desarrollo hay todo tipo de versiones contradictorias. Para empezar, porque la Generalitat acusa a la Confederación Hidrográfica del Júcar de no informar ahà del desbordamiento del barranco del Poyo, algo que niegan desde el organismo estatal.