Publicado: noviembre 13, 2024, 9:07 am
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha asegurado ente el Pleno del Congreso que los recursos desplegados por el Gobierno en las zonas devastadas por la gran riada han conseguido «rescatar, es decir, salvar la vida de 36.907 personas». El ministro ha comparecido en la Cámara para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo ante la DANA. En su intervención, Torres ha destacado el «compromiso» del Gobierno que «está al lado de las víctimas» y es quien dispone del «mejor instrumento para salir adelante: el valor de lo público»; ha reclamado que la tragedia «no se convierta en un instrumento partidario» y ha anunciado el nombramiento de un «alto comisionado» que se encargará de velar por el proceso de reconstrucción y vuelta a la normalidad de la zona devastada. En este sentido, el ministro ha abogado por alcanzar un «pacto de Estado» para actuar con unidad. «El Estado», ha dicho, «somos todos».
Después ha hecho un relato de los hechos acontecidos desde el jueves 24 de octubre hasta la fecha. Ha destacado la labor de la Aemet y ha pasado de puntillas por la de la Confederación Hidrográfica del Júcar. También ha señalado la actuación de la consejera valenciana, Salomé Pradas, que activó la alerta a los ciudadanos a las 20.11 horas. «La situación ya era dramática», ha dicho.
La mayor parte de su intervención ha estado sin embargo dedicada a enumerar los recursos que ha activado el Gobierno de la nación con todo lujo de detalles. Torres ha asegurado no querer entrar en la confrontación entre partidos pero ha topado con la exigencia del PP de saber por qué no dan explicaciones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
El PP ha pedido «contar los hechos objetivos» y ahí se ha detenido especialmente en la monitorización que realizó la CHJ del caudal de la rambla del Poyo que se disparó a partir de las 17.00h. «¿Por qué aquella tarde Marlaska no declaró la emergencia nacional cuando además había ya riesgo de que se desbordara la presa de Forata? El Gobierno hizo dejación de funciones. No ha fallado la política, no ha fallado el Estado, ha fallado el Gobierno de Sánchez», ha afirmado el diputado popular César Sánchez que no ha olvidado mencionar «la triste declaración del presidente del Gobierno» en alusión a la frase «si necesitan más recursos que los pidan». Para el PP «los recursos no son del Gobierno, son de los ciudadanos, de los españoles» y, en este caso, ha dicho, «se le ha negado a los valencianos lo que es suyo».
Vox, con un discurso muy duro, ha hecho hincapié en que la prioridad para el Gobierno estos días no ha sido la catástrofe sino «asaltar RTVE, blindar a los suyos o tapar el caso de Begoña Gómez». Su portavoz Pepa Millán ha asegurado que «tomar el mando (frente a la tragedia) no era una opción sino una obligación» que el Gobierno eludió «porque la Generalitat no era del PSOE». «Ustedes no ven personas, ven súbditos a los que premiar o castigar según tengan o no su carné», ha lanzado la diputada antes de renegar de la política fiscal y contra el cambio climático que impulsa el Ejecutivo.
En nombre de Sumar, la diputada de Compromís, Ángela Micó, ha arremetido contra la Generalitat que «está de mierda hasta el cuello». «Los valencianos no nos lo merecemos», ha recalcado antes de pedir la dimisión de Carlos Mazón que, ha dicho, «debe ir preparando su defensa judicial». Micó ha acusado al PP de sostener al presidente valenciano, que es «un mentiroso y un negligente, para no darle un triunfo a la izquierda». La diputada de Compromís ha urgido al PP a «destituir» al presidente de la Generalitat y también ha reprochado al Gobierno central no haber intervenido de inmediato frente al «kamikaze» Mazón.
Gabriel Rufián (ERC) ha calificado de «vergüenza» que en el debate no estén ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición; que el Partido Popular «mienta» y eso «cueste vidas» o que el presidente de la Generalitat no estuviera el 29 de octubre gestionando la tragedia. Para Rufián, Valencia ha sido «la zona cero de una catástrofe política y mediática» y ha acusado a la oposición de «financiar» a quienes propagan bulos. El representante de ERC también ha afirmado que la Generalitat optó por no lanzar la alerta a la ciudadanía porque los empresarios así se lo pidieron para no estropear el puente del 1 de noviembre.
