Publicado: noviembre 21, 2026, 1:07 am

El Tribunal Supremo ha dictado este viernes una providencia donde reitera que no podrán votar aquellos beneficiados por la ley de nietos en cumplimiento con la suspensión cautelar acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de cara a los comicios generales del 29-N.
El Alto Tribunal ordena a la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo que ejecuten la decisión judicial que afecta a las 163.355 personas beneficiadas por esta polémica instrucción dictada por el Ministerio de Justicia, al margen de que los ‘nietos’ residan en la actualidad en España o continúen en el extranjero.
En la resolución, los magistrados excluyen de su decisión a las 901 personas que sí han acreditado su arraigo vía certificación consular. La providencia dictada este viernes reza lo siguiente: «La Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral Central deberán estar a lo acordado en nuestros autos en esta pieza de medidas cautelares de 10 de septiembre y de 12 y 23 de octubre de 2026, garantizando, en consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la Orden de 25 de octubre de 2022, de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, puedan figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados por la Sala».
Los magistrados toman la decisión a la vista de las alegaciones presentadas por las partes tras un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, que fue aportado a la causa por la Abogacía del Estado. Ese documento indicaba que cuando se cerró el censo para estas elecciones, a 1 de agosto, había registrados 163.355 afectados por la suspensión, pero añadió, que «como resultado de las comprobaciones realizadas», la cifra se reducía a 113.326.
En el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, el Ministerio de Justicia -a través de la entonces Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente– estableció la presunción de que quienes habían abandonado España entre entre 1936 y 1955 tenían la condición de exiliados por motivos políticos. A través de la instrucción conocida como ley de nietos se les podía conceder la nacionalidad -y con ella el derecho a inscribirse en el censo electoral- sin necesidad de acreditar documentalmente esa circunstancia.
Sin embargo, al adoptar la suspensión del derecho al voto de los ‘nietos’ el pasado mes de septiembre, el Supremo consideró que existía «un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral» con esas nacionalizaciones y resaltó que el «incremento tan notable» de inscritos en el Cera podía «afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados».
Por otro lado, la semana pasada, la misma Sala Tercera rechazó suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos al dudar de «la posibilidad material» de que se pudiese llevar a cabo la revisión de esos votantes. El Alto Tribunal priorizó en este caso «los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral» al adoptar su fallo.
