Publicado: noviembre 20, 2026, 1:07 pm
La Audiencia Nacional ha ofrecido a Cintia Rocho, la líder del clan de los Rocho que aseguró a la Guardia Civil que le habían propuesto «eliminar» a la juez del caso Hermanísimo, declarar por videoconferencia en el caso Cloacas. Es la respuesta del juzgado al escrito en que la testigo pedía escolta policial para acudir a su cita del próximo martes.
El magistrado Francisco de Jorge -que sustituye al juez del caso, Santiago Pedraz– le da un día de plazo para que diga si prefiere esa opción si prefiere declarar desde Badajoz o en la Audiencia Nacional, donde está citada el martes 24 a las 10.15 horas.
La decisión llega después de un informe de Anticorrupción que no se opone a esa declaración a distancia pero que sí rechaza considerarla testigo protegido, alegando que fue la propia Rocho la que públicamente dio a conocer en los medios su identidad al hablar del caso Cloacas. «Carece de justificación cuando la propia persona interesada ha decidido voluntariamente identificarse públicamente como denunciante y ofrecerse a declarar testigo, haciendo públicos tanto sus datos identificativos como su intervención en el procedimiento», explica el Ministerio Público.
Rocho había reclamado «medidas extraordinarias de protección». Al amparo de la Ley de Protección de Testigos, pedía que el dispositivo de seguridad fuera más allá de la sala de declaraciones: «Conducción escoltada por agentes de la autoridad a la sede judicial, la protección durante mi llegada y acceso, mi permanencia en una dependencia reservada y custodiada hasta ser llamada a declarar y la protección de mi salida». Y que el punto de recogida, los itinerarios y los horarios llegaran solo a su abogado.
«Desde hace años vengo sufriendo amenazas de muerte, al igual que sufrió mi marido y mi padre, los cuales fueron asesinados», explica en su escrito a Pedraz. A su marido lo mataron a tiros en febrero de 2024 en un bar de Badajoz; a su padre, Jesús Rocho Sosa, en diciembre de ese año.
Añade el homicidio del miércoles en Badajoz, donde un hombre murió tiroteado desde una moto en el centro de la ciudad. La Policía lo investiga como un ajuste de cuentas del narcotráfico. Rocho dice que eso ha aumentado su temor, aunque precisa que su solicitud no responde a ese episodio ni pretende vincularlo a ninguno de los investigados.
Pedía también que Interior hiciera una valoración «urgente e individualizada del riesgo», sin que esperar a ese informe impidiera adoptar ya medidas de protección. Y autorización para declarar con su abogado, como hizo ante la Guardia Civil, porque uno de los investigados ha anunciado en público acciones judiciales contra ella y ya las ha presentado. En principio, los testigos, a diferencia de los investigados, no declaran acompañados de letrado. De ninguna de esas dos peticiones dice nada la providencia.
Rocho tendrá que detallar lo que contó a la UCO: que el ex juez Luis José Sáenz de Tejada, investigado en la causa, le propuso actuar contra la magistrada Beatriz Biedma cuando esta investigaba al hermano del presidente del Gobierno. Le atribuyó frases como «hay que eliminarla» y un «a palos aprende el burro» sobre la juez. Para los investigadores, fue una de las maniobras activadas por la fontanera Leire Díez. Pedraz investiga en esta causa a una organización criminal que supuestamente buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Pedraz acordó la testifical el pasado 6 de noviembre a petición de Biedma, personada en la causa como acusación particular. Sáenz de Tejada intentó evitarla, pero el juez rechazó esta semana su recurso al estimar que la mujer «podría poseer conocimiento directo o indirecto sobre hechos relevantes».

