Publicado: noviembre 17, 2026, 3:07 am
En tiendas de decoración, pero también en las webs que venden de todo, se puede encontrar un cuadro de madera, de distintas formas y colores, que está encabezado con la siguiente frase: «Normas de esta familia». De manera general, una de ellas es la siguiente: «Las promesas jamás se rompen». Una de las promesas que lleva haciendo el PSOE desde 2018 es la limitación de los aforamientos. Fue uno de los grandes hitos que planteó Pedro Sánchez nada más llegar a La Moncloa en 2018 y, desde entonces, la formación socialista lo recoge en su programa electoral. Pero pasados ocho años, todos en el Gobierno, el compromiso sigue sin cumplirse.
Sánchez inició el curso político en septiembre de 2018, coincidiendo con los 100 días de su llegada al Gobierno tras el triunfo de la moción de censura, con un acto con representantes de la sociedad civil presentes, personalidades del mundo de la empresa, la cultura; el tercer sector… en el que lanzó la que entonces era su propuesta estrella: «Quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma podrá entrar en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso».
Sólo unas horas después de su anuncio, precisamente en el Congreso se aprobaba una moción de Ciudadanos, con el apoyo de PP y PSOE, para eliminar los aforamientos de los políticos. No se consumó porque las formaciones tenían diferencias en el alcance y el tiempo para llevarlo a cabo.
Dos meses después, a finales de noviembre de 2018, aprobaba un anteproyecto de ley para reformar la Carta Magna para restringir los aforamientos de parlamentarios y miembros del Ejecutivo. Tampoco vio la luz en el Congreso.
Desde entonces, es un compromiso del patriarca de la familia socialista, negro sobre blanco en sus programas electorales.
Año 2019:«Suprimir los aforamientos salvo en el ejercicio de la actividad política propia del cargo».
Año 2023: «Defenderemos la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en los casos ajenos al ejercicio de la actividad propia de su cargo».
Año 2026: «Suprimir los aforamientos de los cargos públicos para los delitos ajenos al ejercicio de su cargo».
El PP no lo incluyó en su propuesta de 2023, pero en la de estos comicios sí se compromete a «revisar los aforamientos. Corregiremos la extensión excesiva de los aforamientos para devolverlos a una concepción limitada y justificada, conforme a la Constitución y a los estándares europeos».
Se calcula que en España hay, en total unos 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos y cinco corresponden a miembros de la Familia Real. Los aforados por cargo político ascenderían a unos 2.000, un 11% del total.
La eterna promesa del PSOE se produce tras una legislatura en la que esta figura jurídica ha tenido gran protagonismo en algunas de las investigaciones judiciales más importantes que se han producido. Es el caso del ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ambos condenados en distintas causas por el Tribunal Supremo; o el caso del ex líder del PSOE en Extremadura Miguel Ángel Gallardo, que protagonizó un proceso de aforamiento exprés, inmerso en la investigación judicial que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, obligando a varios socialistas a renunciar a su cargo para poder ser diputado en la Asamblea extremeña. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura vio «fraude de ley» en esta maniobra.
La supresión o reducción de los aforamientos no es algo nuevo ni propio del PSOE. En 2014, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló que su objetivo era pasar de 17.621 aforados a 22 en España. Desde su punto de vista, además de la Familia Real, esta figura jurídica debía afectar al presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Constitucional y el presidente del Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas. Tampoco se llevó a cabo.
El planteamiento que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, lo que preveía era que establecer que los aforamientos previstos en la Constitución solo fueran aplicables a los delitos que pudieran cometer los afectados en el ejercicio directo de sus funciones y durante el periodo de su mandato. «Esta reforma constitucional pretende ser el primer paso de un proceso más amplio, que lleve a la revisión de los aforamientos previstos en múltiples normas de los ordenamientos estatal y autonómicos», señalaba el anteproyecto. «La reforma de los aforamientos constitucionales tiene un claro efecto limitador en un doble y relevante sentido. En primer lugar, se reduce a un núcleo mínimo el aforamiento de los parlamentarios y miembros del Gobierno, conectándolo exclusiva y directamente con el ejercicio de las funciones propias de sus cargos y durante su mandato. En segundo lugar, se cierra la puerta a una posible extensión por vía legislativa de su ámbito de aplicación en materia penal».

