Publicado: noviembre 17, 2026, 1:07 am
La disolución de las Cortes por el adelanto electoral ha implicado el decaimiento de un total de 89 proyectos de ley -casi medio centenar de ellos procedentes de decretos ley- y 219 proposiciones de ley que estaban en tramitación parlamentaria. Algunos eran de muy reciente aprobación por el Consejo de Ministros, otros arrastraban meses de aplazamientos y algunos, incluso, tuvieron su origen hace años, decayeron en varias ocasiones y fueron recuperados finalmente por el Ejecutivo para volver de nuevo a diluirse por este anticipo de comicios.
El mandato parlamentario llegó a su término el 5 de octubre colapsado por la falta de una mayoría suficiente que respaldara al Gobierno. El Ejecutivo, sostenido por un grupo variopinto de formaciones, fue débil desde el principio. Nunca hubo una «mayoría de izquierdas» sosteniendo al Gobierno. Más bien hubo un abanico de fuerzas dispuestas a apoyarlo a cambio de cesiones a intereses diversos, un bloque que se desmoronó hace un año cuando Junts, el partido imprescindible que permitió la investidura de Pedro Sánchez, anunció su ruptura con el Ejecutivo.
Se sentenció así cualquier posibilidad de aprobar un proyecto de Presupuestos. La legislatura ha concluido, por primera vez en democracia, sin contar con cuentas propias.
Con la convocatoria de comicios, Sánchez lanza los dados con la esperanza de que la suerte le sonría más y poder así gobernar con un Parlamento amoldado a sus proyectos.
Fernando Martín, maestro de primaria en Madrid.
El presidente ya anticipó en septiembre de 2024 su decisión de mantenerse en el poder «con o sin el apoyo del Legislativo» pero, tras los últimos tropiezos en la Cámara Baja que pusieron en evidencia una parálisis insostenible, ha reprochado a la mayoría «dar la espalda a la gente». Culpaba así a las fuerzas parlamentarias de su fracaso y ello a pesar de que, con la mayoría gubernamental que ha dominado la Mesa, el órgano rector de la Cámara, el Ejecutivo ha forzado reiteradamente al Congreso a someterse a sus deseos, frenando e incluso torpedeando las propuestas que le resultaban incómodas.
El nuevo Gobierno sea cual sea su signo estará obligado a retomar un buen número de proyectos que ahora se han diluido. Los Presupuestos y la financiación autonómica son ineludibles pero, además, habrá de asumir reformas que la ciudadanía reclama, aunque quizá no con el sello ideológico que se les ha tratado de imprimir en esta legislatura; otras, que afectan a sectores que aguardan desde hace años normas para avanzar y algunas más que vienen impuestas por la necesidad de frenar los abusos que deslegitiman las instituciones y minan la democracia.
Ejemplo del primer grupo es la reforma de la Ley de Educación. Sus puntos clave eran la rebaja del número de alumnos por clase y la regulación de la jornada lectiva del profesorado no universitario.
Para los sindicatos el proyecto era positivo pero insuficiente. Ahora, los docentes son conscientes de que habrá que esperar a la formación de un nuevo Gobierno y un nuevo Parlamento para reimpulsar la reforma y el Estatuto del Profesorado.
«Iba a ser la legislatura del profesorado y al final no hemos visto nada», lamenta Fernando Martín, maestro de primaria en Madrid. «Hemos pasado por mil leyes para seguir siendo moneda de cambio político y estar en medio de los tiras y aflojas de derechas e izquierdas».
«Aquí», añade, «pasan los años y a los políticos sólo les interesa meter su carga ideológica pero lo que afecta a los docentes les importa entre cero y nada. Sólo les mueve el rédito electoral pero si los docentes no somos la piedra angular, la educación no va a funcionar nunca».
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
Otra norma que sirve de ejemplo es el proyecto de ley de Información Clasificada que fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2025. Con él se pretendía sustituir la ley preconstitucional de Secretos Oficiales de 1968 y homologar a España con los estándares de la UE.
El texto, tras más de un año en plazo de enmiendas, decayó. No era la primera vez. El PNV fue el primer grupo en batallar, desde 2016, por reformar la ley y establecer un plazo de clasificación de 25 años para los documentos secretos y de 10 para los reservados. Su propuesta decayó dormitando en la Comisión de Defensa, hasta que el Gobierno presentó un proyecto propio que remitió a la Cámara en el verano de 2025 y ahora desaparece por el fin de la legislatura.
«El proyecto que ha decaído no solucionaba nuestros problemas», explica Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense. «Ha dado tantas vueltas que ya estaba desactualizado. Ahora mismo, si la documentación que se necesita está clasificada hay que pedir autorización al archivo y al organismo o al Ministerio correspondiente. Los procedimientos son muy largos y en muchas ocasiones o no hay respuesta o es negativa. Todo lo que se considera sensible, a criterio de la Administración, se tapa».
«Reunimos», añade, «más de 10.000 firmas que elevamos al Congreso para levantar desclasificaciones, pero seguimos igual. Para la investigación histórica esto es un gran problema. No se trata sólo de desclasificar, hay que digitalizar y ordenar. Hay mucha dejadez. No es comprensible que haya documentos clasificados de la Guerra de Marruecos. El siglo XX, con alguna excepción, debería ser desclasificado e incluso estar abierto para el público».
Otro de los proyectos acuciantes y en lista de espera es el que se recogía en la ley orgánica de Integridad Pública, uno de los últimos remitidos por el Gobierno a la Cámara como parte del plan de regeneración y lucha contra la corrupción. Era un proyecto ambicioso que implicaba reformar hasta media docena de leyes orgánicas: la de régimen Electotal, el Código Penal, la ley de Protección de Datos, el régimen penitenciario, la ley de financiación de partidos…
El texto creaba una Agencia Independiente de Integridad Pública y entre sus puntos más destacados figuraba el control reforzado sobre los partidos y las fundaciones obligándo a realizar auditorías externas y hacer públicas las donaciones recibidas; se ampliaba la prescripción de los delitos de corrupción, se aumentaban las penas máximas de inhabilitación y, además, se vinculaba la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios a la reparación del daño defraudado.
«Nosotros», explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), «valoramos el hecho de que paguen tanto corruptos como corruptores. Que decaiga el proyecto supone perder la oportunidad de afrontar una cuestión de fondo que los casos de corrupción han puesto de manifiesto: los mecanismos ordinarios de control no han sido capaces de detectar determinadas irregularidades. El proyecto presentaba un avance de incuestionable calado para cerrar las grietas del sistema, pero necesitaba correcciones para no diluir su eficacia y adolecía de un vacío sustancial: la falta de una regulación integral sobre el control de los grupos de interés y las puertas giratorias». Mollinedo espera que el nuevo Congreso retome la labor y, además, fije con rango de ley la prohibición absoluta de ejercer como lobbista durante los dos años posteriores al cese de todos los ex altos cargos y altos funcionarios.
Los técnicos de Hacienda, los profesores y los historiadores ponen la esperanza en una nueva legislatura. No son los únicos: los sanitarios, las familias, los autónomos, los jóvenes, los saharauis, las personas con discapacidad que buscan empleo, las víctimas de violencia vicaria, los pacientes… esperan un Gobierno que les escuche y un Parlamento sin trabas interesadas que les represente y de cauce a sus necesidades.


