Publicado: noviembre 6, 2026, 5:07 pm
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que acuerde la celebración de un nuevo juicio del caso mascarillas que abarque lo que no se juzgó ya en el Tribunal Supremo. La sentencia condenatoria del Alto Tribunal es «decisiva» para aelborar esta nuieva solicitud, que en todo caso no afecta a la pieza separada referida a las mordidas en obra pública, que sigue en fase de investigación.
El fiscal del caso propone sentar en el banquillo a 13 personas, incluida la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Le atribuye un delito de tráfico de influencias por enchufar a la ex pareja de José Luis Ábalos en dos empresas públicas, a petición del entonces ministro y de su asesor Koldo García. «Los indicios sitúan a la Sra. Pardo de Vera en un lugar central de este episodio: sería el eslabón que convirtió la voluntad del Ministro en contrataciones reales. Habría recibido la solicitud, la habría asumido como propia y, aprovechando el peso de ADIF, la habría trasladado a las sociedades que contratan y pagan», dice el fiscal Luis Pastor.
Un ex directivo de Adif, Ignacio Zaldívar, deberá acompañar a Pardo de vera por engrasar esos trámites. A la propia ex pareja del ministro, Jésica Rodríguez, se le atribuye un delito de malversación, por haber cobrado sin siquiera haber ido a trabajar.
Los hechos que el fiscal pide llevar a juicio son muy variados. Además de ese enchufe, se abordan pagos de la trama encabezada por el empresario Víctor de Aldama al guardia civil Rubén Villalba. A cambio, este ofrecía móviles seguros, barridos antivigilancia y consultas en bases policiales. A ambos los pone el fiscal en la lista de los que acusará, junto a tres subordinados de Aldama.
Al asesor de Ábalos que dio nombre al caso se le quiere juzgar por sus gestiones antes las administraciones de Canarias y Baleares para que hicieran como Transportes y compraran material sanitario a Soluciones de Gestión. Se le atribuyen delitos de tráfico de influencias y blanqueo, esto último por el patrimonio inexplicado que se le detectó. A la mujer y al hermano de Koldo García también se les atribuyen actividades delictivas relacionada con manejo de los fondos ilegales.
Soluciones de Gestión, como persona jurídica, está también en la lista señalada por Anticorrupción al juez. Le acompaña el empresario Carlos Cueto, que la controlaba de facto, y el directivo Íñigo Rotaeche. Será por delito fiscal en el ejercicio de 2020.
Respecto a otra docena de imputados, la Fiscalía no ve indicios suficientes para juzgarlos y pide el archivo. Eso beneficia a Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado. La Fiscalía cree que se limitó a ejecutar una decisión ya tomada de comprar mascarillas a Soluciones de Gestión. También queda fuera del escrito del fiscal el ex alto cargo de Adif Michaux Miranda. Se libra, igualmente, Jesús Manuel Gómez, subsecretario en el Ministerio de Transportes cuando se compraron las mascarillas.
En conjunto, el fiscal detecta seis tipos de delitos: pertenencia a una organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
A la solicitud del fiscal se suman las de la Abogacía del Estado y la acusación popular. El juez Moreno deberá dictar ahora el auto de transformación de la causa en un procedimiento abreviado. Se trata de una resolución equivalente al procesamiento y que supone dar por concluida la investigación. A continuación, las acusaciones presentarán sus escritos precisando qué penas reclaman para cada uno de los que hayan finalmente entrado en el auto del juez instructor.
