Publicado: septiembre 17, 2026, 10:09 pm
Giro dramático en el Caso CNIO: mientras la Fiscalía Anticorrupción y la Policía investigan al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la Justicia acaba de sentenciar, en documento al que ha tenido acceso EL MUNDO, que el ex alto cargo que denunció el robo durante 17 años de 25 millones de la lucha contra el cáncer fue despedido en 2025, poco después de presentar la acción, de forma manifiestamente ilegal, y en realidad represaliado por haberla presentado.
La sentencia del juzgado 12 de lo Social de Madrid, que declara el despido nulo y asegura sin ambages que el ex alto cargo fue represaliado por estudiar durante casi un año el desfalco y denunciarlo en Fiscalía Anticorrupción, pone contra la pared al Ministerio de Ciencia de Diana Morant: el denunciante, como se señala textualmente en el fallo, avisó en dos ocasiones al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, de lo que había descubierto y de que le iban a descabezar por ello, pero eso no impidió que el CNIO le despidiera irregularmente, ante la absoluta inacción ministerial.
El primero de los avisos tuvo lugar el 3 de marzo de 2025, cuando el directivo alertó a Cruz Cigudosa de que el aparato que gobernaba la gestión del CNIO de facto, prácticamente desde su creación a principios de los 2000, dirigido por el histórico gerente Juan Arroyo, impedía activamente que se aplicaran los preceptivos controles legales a los contratos de suministros del centro. Y él tenía pruebas de que se compraban muchas más cosas de las que se necesitaban, sin control incluso y de forma muy sospechosa.
El segundo de esos avisos se produjo apenas 22 días antes de que se ejecutara el despido, acaecido el 31 de agosto de 2025. El denunciante, en ese momento director de Operaciones, llevaba meses investigando desde dentro cómo la entidad habría sido desfalcada durante 17 años con una meticulosa operativa de empresas pantalla controladas por el altos cargo del propio CNIO. De esa investigación, realizada con la directora de Cumplimiento Normativo, había salido una denuncia interpuesta por él en junio en Anticorrupción.
Cruz Cigudosa, que es mencionado tres veces por su cargo en la sentencia, no respondió, y ambos altos cargos fueron represaliados con el despido, como ha admitido también la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que ha asumido parecido esquema al que ahora certifica la Justicia. Para ejecutar el despido nulo del denunciante, los rectores del CNIO se inventaron directamente varias acusaciones que el juez ahora desmonta como «vagas e inconsistentes», tan infantiles como culpar al denunciante de una presunta irregularidad por la que se le había felicitado meses antes. El CNIO, llega a escribir el juez, era «perfectamente conocedor de la inconsistencia» de las acusaciones, y sin embargo las «usó para despedirle».
Ambos directivos fueron despedidos un día antes de la llegada del nuevo gerente, José Manuel Bernabé, nombrado por el Ministerio de Ciencia pero finalmente también triturado por el aparato del CNIO.
Bernabé se sumó a la denuncia del ex director de compras en cuanto EL MUNDO la publicó tres meses después de su llegada, en noviembre de 2025, pero terminó dimitiendo poco después al sentirse incapaz de enfrentarse a lo que definió a su entorno como «una verdadera mafia», y tras una denuncia por acoso rechazada incluso por el grueso de los científicos del centro.
La sentencia desgrana cómo en 2020 la Intervención General del Estado obligó a, a partir de entonces, evitar fraccionamientos y asegurar los objetos de los contratos públicos, y cómo en 2024 el denunciante elaboró una guía para llevar aquellas prácticas de control al interior del CNIO.
El juez llama la atención sobre la respuesta de uno de los directores a quienes el denunciante y la responsable de Cumplimiento Normativo se dirigieron: «Somos los únicos sometidos a este tipo de acciones por vuestra parte, sin que tenga conocimiento que se le soliciten a ninguna otra área […]. Rogamos cese el comportamiento beligerante», fue la insólita respuesta.
El magistrado evidencia luego cómo el posterior denunciante fue poniendo sus sospechas en conocimiento tanto de los rectores del CNIO, como de su patronato, como del Ministerio, sin respuesta, y cómo comienzan a retirarle funciones.
Además, el hecho de que se conocía que se estaba produciendo esa investigación interna se evidencia también en el correo de otro de los directivos, que comenta que el denunciante baja en determinado momento a un almacén a contar uno por uno los monitores que se han comprado, para comprobar que no se cumple el objeto de uno de los contratos -la Fiscalía y la UDEF han hallado pruebas de que prestaciones pagadas no fueron llevadas a cabo, en el esquema fundamentalmente denunciado-.
El alto cargo interpone su denuncia en Anticorrupción el 27 de junio de 2025: se trata de un abrumador documento de 122 páginas que el juez de lo Social une al procedimiento. El 5 de agosto, el CNIO incoa un expediente disciplinario contra el alto cargo y contra la directora de Cumplimiento Normativo.
Las acusaciones son tan absurdas -aunque medios cercanos al Gobierno las reproducirán después con denuedo- que el juez las despeja ahora con extrema facilidad. El 8 de agosto el denunciante se dirige de nuevo a Cruz Cigudosa, que ni siquiera contesta. El 31 se produce el despido, después de que incluso el Comité de Empresa del CNIO se signifique y señale que tendría más sentido esperar al nuevo gerente, que tomará posesión… Un día después.
El despido del denunciante se ejecuta igualmente, y es declarado nulo ahora, algo más de un año después.
