Publicado: septiembre 16, 2026, 4:08 pm
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en la causa que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.
En un auto en el que acuerda múltiples diligencias, solicita a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos. En caso de que los haya, pide que se precisen los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.
La magistrada cita a Vivas para el 30 de septiembre y al ex jefe de Gabinete para el 1 de octubre. El mismo día 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.
La juez estima que se trata de testimonios «prioritarios» ante «la necesidad de conocer, de forma directa, la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes, la evolución de la situación y las circunstancias concretas que determinaron el colapso operativo». Tras esas declaraciones, y cuando se hayan recibido los informes reclamados, llamará a declarar a quienes los elaboraron.
La citación de Gonzalo Sanz llega a los pocos días de su dimisión, motivada por la afirmación del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, de que no le transmitió la alerta que le había llegado del CNI sobre la frontera. Sí lo hizo, mantiene el entonces jefe de Gabinete.
Tardón acaba de asumir la competencia para investigar al delegado del Gobierno por diversos delitos incluidos en las denuncias y querellas presentadas en su contra. Entre ellos, su posible responsabilidad en el fallecimiento de 83 personas ahogadas o aplastadas entre el 30 y el 31 de julio en el lado español de la frontera.
Numerosas diligencias
La juez acuerda la práctica de múltiples diligencias a instancias de la Fiscalía. Entre ellas, encomendar a la Policía el «análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores» de la entrada masiva en Ceuta.
También requiere a las direcciones de Policía y Guardia Civil para que elaboren un informe que precise en lo posible «la identidad, el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o graduación, funciones desarrolladas y actuación observada de los efectivos uniformados que aparecen reflejados en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa», así como «reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026».
Además, solicita a distintos organismos que aporten «cuantas alertas y/o análisis de riesgos pudieran haber emitido en relación con estos hechos, y en caso positivo los destinatarios de estos, y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar». Se dirige, entre otros, al Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Igualmente, solicita imágenes satelitales de la zona entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026. Explica que, una vez se aporte «la totalidad de grabaciones, imágenes aéreas, vídeos operativos, material de drones, grabaciones de cámaras de vigilancia y cualquier otro material audiovisual», deberá elaborarse «un informe pericial audiovisual único que permita reconstruir cronológicamente los acontecimientos, identificar participantes y determinar los movimientos e itinerarios seguidos durante la ejecución de los hechos».
Tardón añade que pedirá a las compañías Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple que conserven los datos de las cuentas utilizadas para la difusión de las convocatorias referidas al cruce de la frontera. El periodo señalado va del 1 de julio al 15 de agosto.
La financiación
Se ordena también a la Udef y la UCO que elaboren un «informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada». Dicho informe, señala, deberá analizar movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria».
La juez instructora indica que todas las diligencias que había solicitado la Fiscalía de la Audiencia están justificadas, porque abordan aspectos que la juez acordó investigar: la actividad desarrollada en redes sociales, la identificación de dinamizadores y organizadores, la eventual existencia de estructuras criminales, la determinación de los responsables de la planificación y dirección estratégica de los hechos, la investigación de los fallecimientos producidos y el análisis de las actuaciones desarrolladas antes, durante y después de la entrada masiva.
«Su utilidad resulta igualmente evidente, pues cada diligencia persigue acreditar un extremo concreto de la investigación. Las diligencias relativas a comunicaciones digitales pretenden identificar a los promotores y coordinadores; las diligencias biométricas y audiovisuales buscan la identificación de los participantes en los niveles superiores de organización; las relativas a financiación pretenden esclarecer los mecanismos de apoyo material; las relacionadas con los fallecimientos buscan determinar las circunstancias concretas de las muertes investigadas; y las declaraciones testificales permitirán reconstruir el desarrollo operativo de los acontecimientos».
