Publicado: junio 21, 2026, 10:07 am
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana lunes si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha planteado este domingo abordar si esas menciones motivan la apertura de un expediente disciplinario a Peinado, en una reunión telemática de la Comisión Permanente que se ha convocado para las 10:00 horas.
La reunión de este domingo se ha centrado en decidir si remiten el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente. La decisión final se tomará mañana en un encuentro presencial a las 9:00 horas, con el fin de posibilitar un debate sobre la cuestión, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Esta reunión de urgencia de hoy se ha producido después de que la víspera, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara a Perelló la «más enérgica queja» por las afirmaciones del juez sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez, informa Europa Press.
En el auto, de 84 páginas y fechado el sábado, el magistrado asegura que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Para el ministro, esas afirmaciones «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho».
Marlaska señaló además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales».
El titular de Interior consideró estas afirmaciones «un hecho de máxima gravedad» e instó al CGPJ a que adopte «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones».
