Publicado: junio 19, 2026, 10:07 am
El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva investigación en el caso Begoña que apunta a un delito de prevaricación en uno de los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el procedimiento contra la esposa del presidente del Gobierno y para el que Gómez firmó cartas de recomendación.
El juez Peinado actúa tras recibir un escrito de la Fiscalía Europea dando cuenta de un informe de la UCO que detecta irregularidades en la adjudicación de un contrato de la sociedad pública Red.es por valor de cuatro millones de euros.
En concreto, se habría ocultado por los encargados de resolver la licitación que la oferta de Barrabés incumplía uno de los requisitos para poder abordar la valoración subjetiva que a la postre determinó la adjudicación.
Según el decreto de la Fiscalía Europea del pasado día 8, del informe policial se desprende que en la adjudicación se «habría obviado para valorar al que iba a ser el licitador adjudicatario la inexistencia de un libro blanco que se exigía en los pliegos como requisito necesario».
La UCO se percató de lo sucedido al examinar las dos adjudicaciones de Red.es a Barrabés que eran competencia de la Fiscalía Europea y que contaban con cartas de recomendación de Begoña Gómez. En paralelo a esas dos, Red.es tramitó una tercera adjudicación sobre la que era competente el juez Peinado. En esta última la UCO localizó borradores de correos internos de Red.es que revelan la intención de ocultar esa carencia de la oferta impulsada por Barrabés.
La Fiscalía Europea indica que, en los tres casos, el responsable del informe de la valoración subjetiva que permitió la adjudicación a Barrabés fue la misma persona. Se trata de Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es, que depende del Ministerio para la Transformación Digital de Óscar López.
Finalmente, la sociedad del empresario amigo de Begoña Gómez, Innova Next, resultó adjudicataria de la mano de KPMG. El expediente denominado «Servicios de oficina AceleraPyme – Servicios de apoyo y asesoramiento» tenía un presupuesto de 4.053.500 euros.
La Fiscalía Europea consideró que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión y reclamo el caso al juez Peinado. Tras un recurso, la Audiencia Nacional acordó el archivo de la decisión de la Fiscalía Europea de asumir el asunto y ordenó remitirlo al juzgado de Peinado.
Ahora el juez del caso Begoña abre una pieza separada con el informe de la UCO y pide a la Fiscalía de Madrid, competente en el caso Begoña, que se pronuncie sobre qué calificación jurídica da a los hechos.
Al tramitarse en una pieza separada, la nueva investigación no tiene por qué afectar al avance del procedimiento principal sobre Begoña Gómez. Esa investigación está concluida y pendiente de que el juez dicte el auto de apertura de juicio oral y resuelva si impone medidas cautelares a la esposa del presidente del Gobierno.
