Publicado: mayo 22, 2026, 6:07 pm
La regularización masiva de inmigrantes no se va a paralizar. Así lo ha acordado este viernes el Tribunal Supremo, apenas unas horas después de escuchar los argumentos con los que requería la suspensión cautelar del real decreto en vigor desde el pasado 14 de abril.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la solicitud presentada por la Comunidad de Madrid y por Vox. El tribunal solo ha dado a conocer su decisión; las resoluciones con los motivos para ello se notificarán en los próximos días.
En cuanto a las alegaciones de otros tres recurrentes, la Sala no ha entrado siquiera a valorarlas, al estimar que no tenían legitimación para impugnar la decisión del Gobierno. «En consecuencia, no resulta necesario resolver sobre su petición de suspensión cautelar del Real Decreto impugnado», ha concluido el tribunal respecto a Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.
En la vista celebrada esta mañana la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha defendido que «no se cumplen los requisitos» para la suspensión, añadiendo que supondría una «afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general». Según Europa Press, también ha afirmado que, «en ningún caso», ninguno de los beneficiarios del procedimiento va a poder votar en las próximas elecciones.
Mientras, el letrado de Vox ha respaldado también ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto de regularización y ha señalado que la medida puede alterar el equilibrio político, electoral y administrativo del país debido al número de inmigrantes que podrían obtener residencia legal.
Por otro lado, el letrado de Hazte Oír ha insistido en la suspensión del real decreto de regularización que, a su juicio, no tiene garantía jurídica «ninguna». Además, ha sostenido que el real decreto no puede ser contrario a la Ley de Extranjería, ya que, según ha explicado, el mismo no garantiza el control de antecedentes penales.
El abogado del Estado ha dicho en la vista que un total de 549.596 migrantes han presentado ya solicitud al proceso extraordinario de regularización que arrancó el pasado 16 de abril y que se cerrará el próximo 30 de junio.
El proceso llega tras años de debate político y social, y tiene como antecedente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos, que reclamaban una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya residían en el país. Aquella propuesta logró un amplio respaldo inicial en el Congreso, aunque su tramitación se fue dilatando hasta desembocar en el actual procedimiento aprobado por el Ejecutivo.
