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Indra sufre su mayor caída en bolsa desde 2022 tras la renuncia a la fusión con Escribano para contentar al Gobierno

Publicado: marzo 20, 2026, 1:08 am

Indra se convierte el ‘farolillo rojo’ de la sesión bursátil en España. La compañía de defensa acentúa el correctivo y se desploma más de un 12,2%, hasta los 50 euros por acción, después de conocerse que el grupo de defensa no seguirá adelante con su plan para fusionarse con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), compañía de la que es copropietario el actual presidente del grupo, Ángel Escribano. Se trata del mayor retroceso que registra desde el 24 de junio de 2022, cuando tuvo lugar un vuelco en su consejo de administración con la salida de cuatro consejeros. 

«En la actualidad no concurren las circunstancias que permitirían una posible operación», concluyen desde Indra después de que el consejo de administración celebrase una reunión de urgencia para abordar este asunto. El Gobierno expresó públicamente el miércoles su descontento con esta situación y solicitó a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la salida de Escribano como requisito para continuar la fusión de ambas empresas. 

Desde el organismo encabezado por Belén Gualda argumentaban que en todo momento que la transacción no debe ser concebida «como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo«. De su lado, el empresario, elegido por Moncloa hace un año, ha defendido en todo momento que se había mantenido «totalmente» al margen de la operación EM&E, dado que el proyecto se gestó antes de su llegada a la cúpula.

Escribano, que obtuvo el respaldo del 98,49% de los accionistas el pasado junio, cuenta con el apoyo de algunos fondos de inversión con presencia en el capital de la empresa como Amber o Thrid Point, que ya se expresó al respecto solicitando que la operación con su compañía familiar siguiera en marcha. 

Desde el Ejecutivo se escudan en que Moncloa no tenía conocimiento previo del conflicto de interés en Indra en el momento que se produjo el nombramiento de Ángel Escribano como presidente. «Indra es una empresa estratégica, que vamos a apostar muy fuertemente por ella y que todas las operaciones que en el futuro realicen se tienen que llevar a cabo sin que se produzca conflicto de intereses», ha comentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta mañana tras remarcar que «explorararían todas las soluciones» puestas encima de la mesa. 

La caída experimentada reduce la revalorización anual de Indra al 2,8%, que en las últimas semanas se había apoyado en los resultados anuales y las previsiones para rebotar en bolsa. Desde la compañía anticiparon la expectativa de superar los 7.000 millones de facturación al cierre de 2026, cuando culmina su plan estratégico, así como la meta de obtener un beneficio de 700 millones y un flujo de caja libre de más de 375 millones. Los vientos de cola del sector militar le han permitido batir todos los objetivos el año pasado. 

Este valor corrigió el pasado martes más de un 4% ante los rumores que apuntaban a la tensión entre el Gobierno y el directivo. Desde ese día se deja más de 1.696 millones de valoración y su capitalización cae por debajo de los 9.000 millones. Los analistas destacan que el mercado suele valorar negativamente la injerencia política en las empresas. «La situación pone de manifiesto, una vez más, que la empresa se ve influenciada por decisiones con motivaciones políticas en lugar de por criterios financieros o la creación de valor para el accionista, lo que socava la confianza del mercado», expresan desde Bestinver, desde la que recuerdan que los problemas de gobierno corporativo del pasado lastraron el precio de sus acciones y han «llevado a muchos inversroes a considerarla prácticamente inviable».

Cabe destacar que Indra ya vivió una crisis interna en 2022 que se saldó con la salida de varios miembros del consejo de administración. A este respecto, Nicolas David de ODDO BHF, califica a Escribano como un líder «competente, capaz de transformar la empresa en un líder europeo de defensa». «El Gobierno podría estar simplemente presionando para que acepte los términos impuestos en el acuerdo de EM&E, en lugar de buscar su destitución directa», expone. 

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