Publicado: diciembre 17, 2025, 7:07 am
Eugenio Domínguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica acusado por varios de sus técnicos subordinados de favorecer a Forestalia, firma zaragozana investigada por la Audiencia Nacional, por otorgar presunto trato de favor medioambiental a sus proyectos eólicos, fue contratado tras esos hechos a dedo por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como asesor, con nivel 30, el máximo de la Función Pública a todos los niveles, también el retributivo. Es decir, recibió un contrato de los denominados políticos.
El objetivo era que, tras su jubilación en junio de 2023, el alto funcionario siguiera dando salida a Declaraciones de Impacto Ambiental como las que había agilizado, de forma torticera en favor de Forestalia según sus subordinados consultados por este diario -para los que el contrato fue un «premio»-, por pura necesidad de mano de obra cualificada según él. Estuvo cumpliendo ese cometido «unos meses». La Guardia Civil los investiga.
Domínguez era subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio dirigido por Teresa Ribera en 2022, cuando su departamento hubo de dirimir la legalidad medioambiental de un reguero de proyectos de parques eólicos de Forestalia, la empresa cuya sede zaragozana registró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la semana pasada por espacio de seis horas, en la operación en que fueron detenidos la fontanera socialista Leire Díez y el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, por presuntos contratos públicos amañados.
Los proyectos llegaban a la Subdirección buscando luz verde en cuanto a su legalidad medioambiental, y comenzaron los problemas, tal y como han referido a EL MUNDO varios funcionarios del departamento, según informó este diario el pasado martes. «A finales de 2022 y sobre todo en enero de 2023 empezamos a recibir presiones muuy serias para hacer Declaraciones de Impacto Ambiental [DIA] positivas a todos los proyectos de Forestalia, presiones muy constantes y muy claras».
Domínguez ha negado a este medio que «en absoluto» presionara, y se justifica no obstante en un panorama que también describen los técnicos: una avalancha de peticiones de DIA «que amenazaba con bloquear el departamento».
El ex subdirector asegura a este diario que «la intención era sacar adelante el trabajo, porque España había hecho una apuesta muy seria por las [energías] renovables y no podía ser que muchos proyectos se quedaran muertos por dificultades en las tramitaciones» -teniendo en cuenta además que dichas declaraciones, de gran complejidad técnica, debían hacerse en un plazo determinado, fuera del cual los proyectos decaían-.
Varios subordinados suyos de la época aseguran a este diario, por contra, que las presiones eran «muy fuertes para que hiciéramos DIA positivas en favor de Forestalia», que «incluso hay proyectos iguales a otros de Forestalia a los que se calificaba negativamente, mientras a los de Forestalia se les daba luz verde», y que se terminó desviando dicha labor hacia la semipública Tragsatec «de forma irregular, porque eso contraviene la ley y ellos lo sabían» -se apoyan en un real decreto de 2015 exclusiviza para la Función Pública la elaboración de «informes preceptivos o vinculantes»-.
Aseguran también que «sucedían cosas muy extrañas con esta empresa: de las autoridades medioambientales aragonesas [era la época de Javier Lambán (PSOE) al frente de la comunidad] llegaban varios informes negativos sobre un proyecto suyo, y de pronto, sin que nadie lo pidiera, uno positivo, que a su vez permitía que nosotros hiciéramos uno positivo también y todo siguiera adelante».
Argumentan igualmente estas fuentes, incluso, que Domínguez llegó a acopiar en su ordenador tantos megawatios de parques eólicos pendientes de valoración medioambiental «como los 50 técnicos a su cargo en la Subdirección», y que la información de los proyectos de Forestalia «ni siquiera llegaba por Registro, sino directamente en discos duros». Y no sólo eso: llegan a asegurar que es «fácilmente comprobable» que «algunos de los informes realizados por Tragsatec en realidad lo fueron por la propia Forestalia, porque contienen errores que sólo existían en los informes de Forestalia».
El papel de Domínguez habría sido, según esta versión, central a la hora de otorgar trato de favor a la empresa ahora investigada por la UCO, y que en realidad lleva siendo objeto de investigación desde hace años por parte de la rama medioambiental de la Guardia Civil, encargada como policía judicial de la instrucción que sigue el juzgado de Instrucción número 1 de Teruel por varias denuncias contra el mayor proyecto eólico de la empresa en Aragón, el llamado Clúster del Maestrazgo.
Allí, Teruel Existe y colectivos como Paisajes de Teruel llevan años peleando por que se reconozcan distintas irregularidades, y la Guardia Civil tiene serios indicios de ellas según ha podido saber EL MUNDO. En este contexto se produjo la jubilación de Eugenio Domínguez en junio de 2023, y su fichaje a dedo, como asesor de la propia Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en esas mismas fechas, confirmado por el propio Domínguez a este diario y explicado por él como «una forma de dar salida a todo el trabajo pendiente». Después, al término de su contrato, a Domínguez se le ubicó en la también pública Canal de Navarra SA, donde permanece.
Las pesquisas sobre estos parques eólicos de Forestalia en Teruel fueron sobrepasadas la semana pasada por los registros de UCO tras las detenciones de Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero, en otro presunto caso de contratos amañados. Ahora se buscan conexiones entre ambas tramas.
