Publicado: diciembre 15, 2025, 5:07 pm
El Partido Popular ha recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la sentencia donde el Tribunal Constitucionalavaló el grueso de la Ley de Amnistía. El pasado mes de junio, la corte de garantías, dividida entre magistrados progresistas y conservadores, declaró la constitucionalidad de la Ley que borra los delitos delprocés.
Los populares, sin embargo, consideran que el fallo del órgano que preside el magistrado Cándido Conde-Pumpido vulnera el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En primer lugar, el partido de Alberto Núñez Feijóo entiende que la sentencia del Constitucional vulnera el derecho a una resolución motivada, ya que omite toda mención a la aprobación de la Ley como moneda de cambio a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, según el PP, el fallo también omite también el cambio de opinión acerca de la inconstitucionalidad de una amnistía antes de las elecciones generales, tras las cuales el voto de Junts resultó determinante.
Por otro lado, el PP considera que el fallo afecta a la imparcialidad objetiva del tribunal debido al nombramiento como nueva ponente, de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, tras apartar al magistrado José María Macías, se produjo sin que se conozca en base a qué normas le correspondía confeccionar la ponencia a la magistrada del bloque progresista.
Asimismo, la formación recurrente considera que la sentencia de la amnistía vulnera el derecho a un proceso equitativo, ya que el propio PP y el Senado solicitaron la apertura de un trámite de audiencia previa a las partes y, posteriormente, el planteamiento de dicha cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, así como el subsidiario aplazamiento de la deliberación y votación hasta conocer el criterio de Europa.
En junio de 2025, el Pleno rechazó tales solicitudes, formulándose frente al mismo recurso de súplica que no fue resuelto con anterioridad al dictado de la sentencia, que según el PP rechazó el planteamiento de la cuestión prejudicial «sin un debate real ni una justificación».
Por último, los populares creen que el Constitucional ha vulnerado el derecho al tribunal establecido por la ley y el derecho a no padecer indefensión, por la «indebida» composición del Pleno.
Los demandantes entienden que el magistrado Macías, designado ponente, debió formar parte de la composición del tribunal. «El irregular apartamiento, de quien además era ponente, supone un giro radical en la doctrina del TC que se aparta además del precedente inmediato. Máxime si proviene de una recusación promovida por el Ministerio Fiscal en un proceso en el que no era ni podía ser parte», sostienen fuentes de la formación de Núñez Feijóo.
