Publicado: noviembre 30, 2025, 1:07 am
La entrada en prisión de un segundo ex secretario de Organización ha sido para el PSOE el acontecimiento más espectacular de la semana, pero no el único que el partido y el Gobierno han visto con preocupación. En paralelo a la decisión del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha dado impulso a su hasta ahora lenta investigación sobre la actuación de la trama del caso Koldo en Canarias, y ha puesto en marcha la investigación sobre pagos en metálico en Ferraz. Sobre todo ello gravita la causa abierta contra la considerada fontanera socialista por los intentos para que nada de lo anterior tenga recorrido judicial.
Koldo García, el jueves, a su llegada al Tribunal Supremo.Efe
RECTA FINAL AL PRIMER JUICIO. Pese a ser muy perjudicial para los intereses de los investigados, no fue estrictamente el último informe patrimonial de la UCO lo que ha dado con José Luis Ábalos y Koldo García en Soto del Real. El elemento clave fue la conjunción de una petición muy elevada de penas y la inminencia del juicio en el Supremo. El magistrado instructor dio por concluida la investigación de la rama principal del caso -hay otra en marcha por adjudicaciones de obra pública- y pidió los escritos de acusación. A su petición de 24 años a Ábalos por cinco delitos y de 19 a Koldo García el fiscal jefe de Anticorrupción vio necesario acompañar la prisión provisional, que el juez del Supremo acordó. El juicio podrá celebrarse en pocos meses, porque la carga de juicio del Supremo es muy inferior a la de tribunales como la Audiencia Nacional. No es necesario aguardar a tener una sala de vistas disponible. Lo avanzado del procedimiento le ha restado mucho margen de maniobra a Ábalos. Seguirá en prisión hasta el juicio y, si hay condena, empalmará la preventiva con el cumplimiento de una pena inmediatamente firme. No cambiarían mucho las cosas si renunciara al acta antes del auto de apertura de juicio oral. Al quedarse sin aforado, el caso saltaría a la Audiencia, donde difícilmente se rectificaría el criterio del Supremo de mantener a los investigados en prisión, aunque sí ralentizaría la celebración del juicio. Estando ya en prisión, poco importa.
Víctor de Aldama abandona la Audiencia Nacional tras prestar declaración el jueves.Efe
LA TRAMA CANARIA. A la misma hora del jueves en que Ábalos afrontaba la petición de prisión, al otro lado de la plaza de la Villa de París Víctor de Aldama comparecía ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para arrojar luz sobre las actividades de la trama en Canarias. En particular, sobre las participación del entonces presidente autonómico y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Aldama comunicó que se reunió con él para negociar contratos de mascarillas, unos hechos que se suman a sus gestiones posteriores para acelerar los pagos a la empresa de la trama. El empresario prepara un informe pericial sobre los metadatos de sus mensajes con Torres en aquellas fechas. También estaba citado el viernes Koldo García para declarar sobre ese asunto. Trasladado desde prisión, le dijo al juez que no hablará hasta que a él también le devuelvan los teléfonos incautados.
ARRANCAN LAS CUENTAS. La Audiencia Nacional acaba de poner en marcha la investigación sobre los pagos en efectivo en el PSOE. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ordenó el miércoles al PSOE que entregue en un plazo de 10 días la «relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024». Lo hizo tras solicitarlo Anticorrupción, que estima que no ha quedado «suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el partido dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos que, también en metálico, satisfacían a los Sres. Ábalos y García y a otros posibles beneficiarios». Esta referencia a «otros» incluiría a Pedro Sánchez que, aunque reluctante, en algunas intervenciones públicas ha reconocido haber recibido efectivo del partido. El partido se resiste a dar los datos y ha repreguntado al juez si realmente necesita información de pagos a todo el mundo, que acabaría en manos de PP y Vox, personados como acusaciones.
Hasta el momento no hay indicios de que pueda existir financiación ilegal del partido, pero, de existir, la revisión de los manejos en efectivo sería la puerta para detectarlo. Entre el material que el Supremo envió a la Audiencia para que lo investigara se encuentra la declaración de la empresaria Carmen Pano afirmando que había llevado efectivo a Ferraz por orden de Aldama. Que los dos anteriores secretarios de Organización estén investigados por cobrar mordidas es otro elemento que hace plausible la existencia de financiación irregular.
Leire Díez abandona los juzgados de Plaza de Castilla tras declarar el pasado 17 de noviembre.
LA ‘FONTANERA’ Y HERNANDO. El mismo día en que el juez de la Audiencia solicitaba datos al PSOE, otro magistrado, este de los juzgados de Madrid, ordenaba profundizar en las actividades de la fontanera Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Arturo Zamarreño acordó tomar declaración como testigos al dirigente socialista Antonio Hernando y al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, a los que Leire y Dolset señalaron como asistentes a la reunión que mantuvieron en la sede de Ferraz tras la apertura de una investigación contra Begoña Gómez y los días de reflexión de Pedro Sánchez. Les entregaron audios obtenidos del caso Villarejo relacionados con las saunas de la familia de Begoña Gómez. El juez instructor quiere la versión completa de los hechos y el 2 de febrero los dos socialistas están citados en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid. De la investigación podría surgir el alcance de las intervenciones de Ferraz y la Moncloa -Hernando era entonces alto cargo en el Gabinete de Presidencia- en los intentos de encontrar datos que pudieran desacreditar a la UCO y Anticorrupción, a cuyo impulso avanzan las causas que cercan al Ejecutivo.
Hasta ahora, el PSOE ha tenido que aportar información al Supremo, la Audiencia Nacional y el juzgado de Madrid. En una de esas sedes, la Audiencia, ejerce como acusación particular. Hace unos días, el juez y la Fiscalía negaron que hubiera motivos para retirarle esa condición, pero según el avance de las investigaciones ese criterio podría cambiar. Le acabó sucediendo al PP en el caso Gürtel y la investigación acabó echándoles del Gobierno.
