Publicado: noviembre 28, 2025, 9:07 pm
José Luis Ábalos carga contra la presidenta del Congreso por «despreciarlo» como si fuera un diputado de segunda, o con menos categoría. El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE cree que Francina Armengol incumple claramente el Reglamento de la Cámara Baja, que en su artículo 14.1 especifica que la presidenta de la Cámara debe advertir a «la autoridad judicial» de «la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado o diputada».
Esto no se está cumpliendo, porque el juez no ha trasladado a la Cámara Baja todos los autos. Y esto ha enfadado a Ábalos, que ha remitido un escrito a la Mesa del Congreso quejándose del incumplimiento del Reglamento y exigiendo que Armengol ponga pie en pared ante el juez. «Me desprecia a mí, desprecia al Tribunal Supremo y desprecia al Congreso», aseguró Ábalos a EL MUNDO horas antes de entrar en prisión. Además, la ex mano derecha de Pedro Sánchez ha remitido a la Mesa del Congreso un escrito en el que exige a Armengol que cumpla con el Reglamento y, por tanto, no prevarique.
El ex ministro se queja de que el tercer auto del juez Leopoldo Puente no se ha remitido a la Cámara y, aun así, la presidenta no lo ha exigido. «La apelación que planteo no la realizo en función de la reivindicación de un derecho, por mi situación personal; lo hago en defensa de la Cámara y de su derecho reconocido a la inmunidad parlamentaria», asegura el diputado en el escrito, al que ha tenido acceso este diario. Lo que defiende el ex dirigente valenciano es que la inmunidad parlamentaria no afecta solo a la «situación personal del diputado en cuestión», cuando en realidad «va mucho más allá».
¿Por qué? Porque «la inmunidad parlamentaria tiene como fundamento el asegurar la independencia e integridad del órgano legislativo y no se concibe como un privilegio personal para los diputados o senadores, sino que está llamado a proteger la función parlamentaria y a asegurar que el poder judicial u otros poderes no pueden interferir debidamente en el fundamento del poder legislativo», agrega.
«Armengol no defiende al Congreso. No está cumpliendo la obligación y el compromiso que tiene, por el artículo 14 y por el suplicatorio, de exigir al Supremo que le envíe las resoluciones, autos y sentencias. El juez dice que sólo tiene que mandar los que se refieren a mi libertad y eso no es así», explicó el ex ministro a este diario.
«Ella tiene que defender al Congreso frente al Supremo y no lo está haciendo. No hay colaboración entre los poderes. La premisa es que se colabora desde el Congreso a cambio de que se informe a la Cámara», insiste. «El suplicatorio se pidió para investigar unos hechos, no unos delitos», agregó.
Hay que recordar qué el Gobierno balear que presidía Francina Armengol pagó 3,7 millones de euros públicos a la trama de Koldo García en plena pandemia a pesar de que sus técnicos certificaron que el material sanitario era de mala calidad e inservible para fines sanitarios. Al igual que ocurrió en otros procedimientos investigados, la negociación y el acuerdo con la empresa Soluciones de Gestión, patrocinada por el ex asesor personal de José Luis Ábalos y asociada al empresario Víctor de Aldama, fue verbal y el expediente administrativo se fabricó a posteriori sin dar opción a que otras empresas concurrieran.
La Guardia Civil ya ha concluido que, a pesar de la situación de emergencia, el proceso fue ilegal tras constatar que la adjudicación estaba predeterminada para beneficiar a esta compañía. El equipo de Armengol ha admitido que optó por la referida sociedad, que carecía de solvencia y experiencia alguna, porque se la prescribió el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y que el material que recibieron era de mala calidad. Pese a ello, el Ejecutivo balear, que almacenó el material inservible en una nave industrial, tardó tres años en reclamar el dinero a esta empresa.
Aunque el Ejecutivo de las Islas certificó de inmediato que las mascarillas no eran aptas para su uso, cursó una petición para que la mercancía fuera sufragada con fondos europeos. Para ello falseó un formulario en el que declaró por escrito que las mascarillas estaban perfectas y que el envío había cumplido con las exigencias previstas.
Pero las irregularidades no concluyeron ahí. En agosto de 2020, dos meses después de descartar por completo el material sanitario de la trama, la Conselleria de Sanidad balear expidió a la empresa vinculada a Koldo García un certificado de idoneidad para que optase a concursos públicos en otras comunidades autónomas. Hasta el punto de que el mismo alto cargo que primero avisó de que el material era defectuoso acreditó que la experiencia con el mismo había sido «satisfactoria».
Armengol manifestó que se mostraba indignada por lo sucedido y que era una víctima de la trama que ahora ha llevado al ex ministro de Transportes a la cárcel. A pesar de que la presidenta del Congreso de los Diputados siempre se ha desvinculado por completo de Koldo García, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó mensajes entre ambos en los que la ex presidenta balear facilitó al colaborador de Ábalos el teléfono de su consejera de Sanidad para que gestionara la contratación con las empresas que apadrinaba a cambio de comisiones. «Vale cariño, te mantengo informada de todo», contestó Koldo a Armengol.
