Publicado: noviembre 27, 2025, 1:07 pm
La Fiscalía ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo la prisión incondicional de José Luis Ábalos y Koldo García. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que existe un alto riesgo de fuga que justifica la más dura de las medidas cautelares contra el ex secretario de Organización del PSOE -hoy diputado del Grupo Mixto– y su mano derecha en la etapa en la que dirigió el Ministerio de Transportes.
Así lo ha expuesto en las vistas que han arrancado este jueves minutos después de las 10 de la mañana. Ábalos ha llegado con tiempo, con tres cuartos de hora de adelanto y una mochila semivacía. A las 12.30 estaba citado Koldo, que ha entrado en el Alto Tribunal rozando esa hora, con una mochila grande a reventar, vaqueros y calzado cómodo.
En la vistilla de medidas cautelares las acusaciones populares, que actúan de forma conjunta, también han pedido al magistrado Leopoldo Puente que envíe a prisión a Ábalos sin posibilidad de fianza. Está previsto que el magistrado tome una decisión de forma inminente.
La petición de modificación de medidas cautelares para ambos responde a la finalización de la investigación y, sobre todo, a la presentación de los escritos de acusación contra los tres encausados por el caso Koldo en el Supremo: Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía y las acusaciones populares consideran que la entidad de las penas reclamadas para los dos primeros y la proximidad del juicio justifican la prisión preventiva para asegurar su presencia en el banquillo.
El fiscal jefe ha expuesto que Ábalos aprovechó su cargo en el Gobierno para cometer los delitos investigados, referidos a la adquisición irregular de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes. «Ningún poder del Estado puede sustraerse al derecho penal», ha añadido, resaltando que por ese motivo la Justicia se representa con una venda en los ojos.
Koldo García, a su llegada al Tribunal Supremo.
La defensa de Ábalos, que ejerce desde fechas recientes el ex fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, ha esgrimido el arraigo de Ábalos para rechazar el riesgo de fuga. El investigado tiene «un trabajo conocido», ha dicho el letrado en referencia a su condición de diputado. De perder esa condición, ha dicho el abogado, se produciría una «vulneración del derecho de representación» política de los ciudadanos de Valencia, en cuya circunscripción resultó elegido.
Ha añadido la «ausencia de indicios reales» de delito, calificando de «incoherente» el informe patrimonial sobre el ex ministro. Y ha subrayado que ha tenido una semana para huir, desde que se convocó esta vistilla, y se ha presentado. A todo eso, el abogado ha agregado que con la petición de prisión lo busca la Fiscalía es un fin que no contempla la ley: que el investigado acceda a colaborar con la Justicia y reconozca los hechos.
En cuanto a Koldo, él mismo se ha opuesto a la prisión: «Todos tenemos derecho a aprender poco a poco», ha declarado, según fuentes conocedoras de la declaración. «No me voy a ir a ningún sitio», ha añadido. Ha resaltado que él cuida de su madre y tiene una hija pequeña que cuidar. Su letrada Leticia de la Hoz, ha cuestionado la competencia del Supremo para encausar a su defendido.
El fiscal jefe de Anticorrupción reclama para el ex ministro 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada. A Koldo García le atribuye los mismos delitos y solicita 19 años y medio de cárcel por la investigación en torno a la compra de material sanitario en la pandemia.
La petición de prisión de Anticorrupción para el ex ministro Ábalos abarca, además de la compra de las mascarillas en la pandemia, la contratación de Jésica Rodríguez -entonces su pareja- en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso para ella en la plaza de España de Madrid, la contratación de la otra amiga del ex ministro, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail o la operación de arrendamiento del chalet de la Alcaidesa (La Línea de la Concepción, en Cádiz). El fiscal también ve indicios de delito en la estancia de Ábalos en un chalet vacacional en Marbella, su papel en el rescate de Air Europa, las gestiones para la trama de los hidrocarburos o el contrato de arrendamiento de un piso con opción a compra en el Paseo de la Castellana de Madrid.
En su escrito de acusación, Luzón explica que la trama criminal comenzó a operar tan «pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico». Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres [el ex ministro, su ex asesor y Aldama] convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas».
«Cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz», agrega el fiscal. Asimismo, Luzón subraya que «la organización nació, además, con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del Ministerio de Transportes».
