Publicado: noviembre 24, 2025, 1:07 pm
La Audiencia Nacional ha concluido este lunes que el ex president de la Generalitat Jordi Pujol puede ser juzgado pese a su estado de salud. Pujol podrá seguir la vista oral desde su domicilio de Barcelona y el tribunal examinará su situación cuando le corresponda «una intervención activa», es decir, cuando le toque declarar dentro de unos meses.
La Sección Primera de lo Penal ha tomado esa decisión tras una vista a puerta cerrada previa al comienzo del juicio, en la que han escuchado a los médicos informar del «deterioro cognitivo moderado» que sufre. El propio Pujol, de 95 años, ha declarado por videoconferencia desde su domicilio de Barcelona ante el tribunal que preside el magistrado José Ricardo de Prada. Ha informado de que tiene problemas de salud, pero no ha pedido al tribunal que le exonere del juicio, algo que sí había hecho por escrito su defensa. «No estoy en mi mejor momento», ha dicho Pujol.
En el banquillo se sientan un total de 19 acusados, incluyendo los siete hijos de Pujol y Marta Ferrusdola, esta última también investigada en su día y ya fallecida. Las jornadas de hoy y mañana están dedicadas a las cuestiones previas. Eso incluirá numerosas alegaciones de las defensas para que el juicio no se llegue a celebrar.
La Fiscalía Anticorrupción pide para el ex president nueve años de prisión por los delitos de pertenencia a una asociación ilícita (cuatro años) y blanqueo de capitales (cinco años). La pena más alta corresponde al mayor de los hermanos, Jordi Pujol Ferrusola: 29 años de prisión. A los de su padre añade cinco delitos fiscales (tres años por cada uno), un delito de falsedad documental (tres años) y un delito de frustración de la ejecución (otros dos años) por haberse desprendido de bienes con los que tenía que hacer frente a deudas. A su ex esposa, Merçé Gironés, se le piden 17 años. Al resto de hijos, ocho, excepto a Josep, que llega a los 14.
«Actuando conjuntamente ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana», dice Anticorrupción.
La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón sostiene que el ex president «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC».
La tesis de la familia Pujol es que el dinero de Andorra provenía de la herencia del padre del ex president. En un comunicado, Pujol afirmó que nunca había encontrado «el momento adecuado para regularizarla».
La primera de las peticiones de las defensas ha sido que el tribunal declare su «falta de competencia» sobre el caso y lo remita a la Audiencia Provincial de Barcelona. El abogado Cristóbal Martell, en nombre de Jordi Pujol Ferrusola, ha indicado que en los muchos años que ha tardado la causa en llegar a juicio la doctrina del Supremo se ha clarificado y que la competencia de la Audiencia llega solo cuando los hechos delictivos se hayan producido íntegramente en el extranjero, no solo en parte.
«Solo será competencia de la Audiencia Nacional cuando el delito se cometa en su integridad en el extranjero. El balanceo de cuánto en España y cuánto fuera se ha acabado», ha indicado el letrado.
Una segunda alegación se ha dirigido a protestar por la «vaguedad» del escrito de acusación de Anticorrupción, que según la defensa debería llevar a retirar la parte de la acusación del blanqueo que tendría como origen los delitos de corrupción, porque estos no se han precisado. «Solo hay genéricas alusiones, sin concreción que permita habilitar una respuesta contraria».
La defensa de Josep Pujol también ha planteado cuestiones previas con repercusión en toda la causa, puesto que supondría la nulidad de prácticamente todo el material incriminatorio existente.
El abogado de Josep Pujol, Jaime Campaner, exhibe la portada de EL MUNDO.
El letrado Jaime Campaner ha indicado que el origen de la investigación de las cuentas de la familia Pujol en Andorra parte de la información de este diario que destapó su existencia. «Este es el comienzo del fin de esta causa. Todo se resume en una imagen, y esta es la imagen, señorías: la portada de EL MUNDO del 7 de julio de 2014, en donde se expresa a las claras el titular de que la familia Pujol ingresó 3,4 millones en un mes en un banco de Andorra», ha dicho el abogado, exhibiendo una copia de la portada, cuya aportación le ha reclamado el tribunal.
Esa «portada de impacto» acompañada de una información que «detallaba con rigor» las operaciones bancarias de la familia Pujol fue la que «desencadenó» el comunicado en que el ex president reconocía la existencia de dinero en el extranjero, con la explicación de la herencia. Eso, a su vez, «propulsó» el escrito de Anticorrupción que llevó a la Audiencia Nacional a emitir una comisión rogatoria a Andorra para obtener esa información.
La defensa ha indicado que tras la información bancaria publicada había una «obtención inconstitucional de fuentes de prueba» y que su responsable fue el comisiario José Manuel Villarejo, según indicios que constan en esta causa y en el caso Tándem. Ese origen ilícito contaminaría todas las actuaciones judiciales posteriores, ha indicado Campaner. Con «lo poquito que había antes» no se podría haber avanzado en la investigación, ha añadido.
El abogado ha recordado que María Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, declaró que había sido la Policía Nacional la que se había dirigido a ella para que declarara sobre los fondos. Y que constan mesnajes de Jorge Moragas, jefe de Gabinete del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, instándola a declarar: «Si lo contases todo, salvarías España».
El letrado ha solicitado al tribunal que resuelva ya sobre esta cuestión previa, y no espere a hacerlo en la sentencia. El motivo es que, conforme a la doctrina del Supremo, si los investigados deciden declarar sobre esos datos bancarios, estarían «sanando» la ilicitud inicial de los datos, que se podrían usar contra ellos. Si no lo hacen, estarían dejando de ofrecer una tesis alternativa a las de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La sesión ha concluido con la decisión del tribunal de dispensar a los acusados de asistir al resto de sesiones, salvo aquellas en que deban intervenir personalmente. El ex president, por tanto, tampoco tendrá que seguir la vista por videoconferencia. La sesión del martes también estará dedicada a las cuestiones previas de las defensas y a conocer la respuesta de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Concluirá con la declaración de la primera testigo, una ex secretaria de Jordi Pujol. Solo tras escuchar al casi centenar de testigos previstos declararán los investigados.
