Publicado: noviembre 22, 2025, 7:07 am
La primera reacción del Gobierno al duro golpe que ha supuesto en su estrategia de defensa cerrada del fiscal general del Estado que el Tribunal Supremo haya decidido condenarlo fue de prudencia. Tanto en público como en privado trasladaron su profundo desacuerdo con la sentencia, que no obstante reconocen que tienen el «deber legal» de acatar, pero optaron por «morderse la lengua».
A medida que han empezado a digerir el revés judicial también se ha ido elevando el tono de la crítica contra la resolución de cinco de los siete magistrados de la Sala Segunda -emitida el jueves- que consideran a Álvaro García Ortiz culpable de un delito de revelación de secretos. «Es indecente», sostienen fuentes gubernamentales.
En el Ejecutivo reconocen que recibieron con «sorpresa» el fallo que inhabilita al máximo responsable del Ministerio Público durante dos años, le impone una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por «daños morales» al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la difusión de datos fiscales de carácter privado. También admiten que les ha dejado una «sensación de indefensión». Pero advierten: «No cambia nuestra hoja de ruta. Esto no supone ninguna zancadilla a nada». La lectura que hacen en el núcleo duro de Pedro Sánchez es que el fallo no supone un golpe que pueda hacer descarrilar la legislatura.
El encargado de hacer de portavoz en público del monumental enfado del Gobierno está siendo el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que además es el líder del PSOE en Madrid. El mismo jueves por la noche afirmó en la Cadena Ser que García Ortiz «es inocente, a pesar de que lo diga el Tribunal Supremo», y que la sentencia «pone en riesgo ciertos valores democráticos, respeto al Estado de Derecho y que la regla sea igual para todos». «Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?», se cuestionó.
Este viernes fu nuevamente López el que incidió en la posición del Ejecutivo central en otra entrevista en TVE sobre un fallo que ya califican abiertamente de «broma de mal gusto». La idea que quieren trasladar a través del candidato que precisamente se enfrentará con Ayuso en las elecciones de 2027 es que «lanza un mensaje demoledor de impunidad» de la presidenta madrileña cuando «el origen de este proceso es un supuesto delito cometido por su pareja».
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.EFE
Desde Moncloa, asimismo, defienden que su desacuerdo con la sentencia contra García Ortiz no es un ataque a los jueces. «Estamos opinando sobre si es inocente o culpable, no creemos que haya un choque», argumentan. Consideran que no hay motivos para condenarlo y apuntan que cuando ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo en su declaración institucional del jueves que «España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial» estaba dejando la puerta abierta a que el fiscal presente un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Lejos de temer por que les pase factura en las urnas, la interpretación interna que, a su vez, hacen diversos cargos en el PSOE es que lo que consideran una «utilización de la Justicia para hacer política» ayuda a «movilizar» a su electorado. «Los ataques al presidente, ya sea a través de su mujer, de su hermano o ahora con el fiscal general, lo único que hacen es reforzarlo», apunta el responsable de una importante agrupación.
La misma idea trasladó este viernes Óscar López, titular de la cartera de Transportes y portavoz oficioso del Gobierno en X, que, sin criticar abiertamente la decisión del Supremo, sí dejó este mensaje de desacuerdo implícito a través de la citada red social: «Los que llevan nueve años intentando denodadamente acabar con Pedro Sánchez no han entendido nada. Y cada vez entienden menos».
El todavía fiscal general no asistió este viernes al acto en el Palacio Real por la conmemoración del 50 aniversario de restauración de la Monarquía en el que sí estuvieron representadas el resto de instituciones del Estado. En el Gobierno no concretan cuándo se hará efectivo su relevo -que será obligatorio una vez que se publique la sentencia en el BOE en los próximos días- y reiteran que el nombramiento podrá ser de «un sustituto o una sustituta».
