Publicado: noviembre 21, 2025, 9:07 am
Una ex alto cargo del Ministerio de Justicia con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (Carmen Lamela). El ponente de la sentencia que condenó al ex marido de la infanta Cristina, Iñaki Urgandarin, por el caso Noós (Antonio del Moral). El responsable del fallo del procés (Manuel Marchena). El encargado de un caso de violencia con violación dentro del matrimonio que inició una tendencia jurídica que luego se reforzaría con la Ley contra la Violencia de Género (Juan Ramón Berdugo). Un defensor de la justicia restaurativa y de los Derechos Humanos (Andrés Martínez Arrieta).
Los jueces del Supremo que han condenado por una mayoría de cinco contra dos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no son «militantes con toga» de la «ofensiva ultra», como aseguraba ayer la ministra de Juventud, Sira Rego. Los representantes de la más alta instancia jurisdiccional del país, que han tomado su decisión conforme a Derecho y en un procedimiento con todas las garantías, gozan de una incuestionable reputación por su imparcialidad, su cualificación técnica y la calidad jurídica de sus sentencias.
A la vista de las pruebas y del desarrollo del juicio, el tribunal no tenía otra opción que condenar a García Ortiz por un delito de revelación de secretos cometido con la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. El contundente testimonio de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, y la declaración de la víctima, que dijo que le habían «destrozado la vida», fueron esenciales.
El tribunal también ha tenido en cuenta la filtración del correo electrónico con la confesión del letrado del novio de Ayuso al fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto, la que reconocía que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», así como la filtración de la nota de prensa con los pormenores de las negociaciones que la defensa de González Amador había mantenido con la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad. Estas son las claves de una condena histórica:
EL TRIBUNAL
A cinco de los siete jueces del tribunal se les ha puesto la etiqueta de conservadores, por pertenecer varios de ellos a la asociación judicial de esta sensibilidad, la Asociación Profesional de la Magistratura, pero no es tan fácil meterlos en un saco ideológico tradicional. Por ejemplo, Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que finalmente ha condenado al fiscal general, es considerado progresista y fundó una asociación judicial moderada, la Francisco de Vitoria. Arrancó su carrera condenando a varios mandos policiales por la desaparición de ‘El Nani’ y se hizo célebre en 2000 con una sentencia que establecía que, cuando los toxicómanos cometían delitos, debían ser internados en centros de desintoxicación en vez de en la cárcel. Su neutralidad la mostró con Baltasar Garzón, pues lo condenó en el caso de las escuchas de Gürtel y lo absolvió en el caso de las víctimas del franquismo.
Berdugo es conservador, pero eso no le impidió ser ponente de la sentencia que confirmó penas de hasta 51 años de cárcel para los procesados de Gürtel. Y Marchena renunció en 2018 a presidir el CGPJ y el Supremo tras conocerse un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que, con su elección, su partido iba a controlar la Sala Segunda del TS «por detrás» a través del acuerdo de renovación del poder judicial entre PSOE y PP. La Sala de lo Penal que ahora condena a García Ortiz es la misma que en varias ocasiones ha rechazado distintas querellas presentadas por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
EL INTERÉS
Existen hasta 13 pruebas que han dejado sin salida a García Ortiz. Hasta seis mensajes, dos llamadas, un correo, una nota y un triple borrado han llevado al fiscal general a una inhabilitación de dos años. Para entenderlo hay que ir a principios de 2024, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid recibió un informe de la Agencia Tributaria en el que se apuntaba que el novio de Ayuso podría haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. El 7 de marzo, la mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, se comunicó con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, interesándose por el expediente. «¿Podrías pedirles que nos lo envíen?», le dijo en WhatsApp al día siguiente, dejando constancia de que el órgano que dirige García Ortiz tenía interés en este asunto. Este interés da arranque al «dominio», en palabras de Antonio Balas, del fiscal general sobre todo lo que sucedía.
«PUBLICIDAD POR FGE»
El 12 de marzo, a las 6.01 horas, elDiario.es publicó la primera información sobre el fraude fiscal del novio de Ayuso, con fragmentos de la documentación que la Fiscalía Provincial había facilitado a Villafañe. Pilar Rodríguez intercambió ese día varios mensajes comentando esta noticia, y al día siguiente escribió a uno de sus contactos: «El jueves Diego [Villafañe] me pidió las diligencias y le mandé toooodo. Así que imagino que después de analizarlas, es cuando se ha dado publicidad por FGE [Fiscalía General del Estado]».
«FRENÉTICO INTERCAMBIO»
A las 21.29 horas del 13 de marzo, EL MUNDO publicó: «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso». Esta noticia dio pie, según concluyó el Supremo en uno de sus autos, a un «frenético intercambio de comunicaciones» entre García Ortiz y otros fiscales, con los correos intercambiados entre la defensa del novio de Ayuso y el Ministerio Público como objeto de conversación. A las 21.34 horas, García Ortiz llamó a Rodríguez, y esta a su vez al fiscal encargado del caso. La fiscal jefe de Madrid escribió a las 21.54 un whatsapp al fiscal general: «Hola. A qué correo te mando los correos cruzados de Julián [Salto] y el abogado [del novio de Ayuso]?». García Ortiz le contestó con su dirección de correo personal y, minutos después, Rodríguez le remitió dos mails, a las 21.59 y 22.01 horas.
EL CORREO
El correo que García Ortiz recibió a las 21.59 horas contenía el mail que envió la defensa del novio de Ayuso a Fiscalía el 2 de febrero, reconociendo los delitos. Parte del contenido de aquel correo lo difundiría la Cadena Ser a las 23.25 horas (en la web, a las 23.51). Tras recibir dos correos intercambiados entre Fiscalía y la defensa, García Ortiz echó en falta un tercero, el de la información de EL MUNDO. Rodríguez inició una ronda de comunicaciones para intentar hacerse con él. Mientras, el fiscal general insistía. «En cuanto lo tengas», le escribió, y agregó: «Lo necesitamos para cerrar el círculo». A las 23.46 horas, Rodríguez le enviaba aquel mail.
LA NOTA
Pasada la medianoche, y una vez el fiscal general ya tenía acceso a todos los correos, la conversación con Rodríguez viró hacia un nuevo asunto: la nota de prensa que se iba a publicar para señalar que la defensa ofreció primero el pacto a Fiscalía, con datos reservados del novio de Ayuso. A las 00.12 del 14 de marzo, García Ortiz remitió a Rodríguez el comunicado a enviar y le escribió: «Échale un vistazo y dime si está bien». Rodríguez y Alonso revisaron el comunicado y dieron el visto bueno, a lo que García Ortiz contestó: «Gracias». La vista oral desveló un hecho que había pasado inadvertido en la instrucción y que fue incorporado por las acusaciones en sus calificaciones definitivas: esta nota de prensa también fue filtrada a El País horas antes de que fuera distribuida al resto de medios .A las 9.10 horas del 14 de marzo, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, recibió una llamada García Ortiz. Según ella testificó en el juicio, cuando le cogió el teléfono, le dijo: «¡Has filtrado los correos!». «Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes», recordó que le contestó el fiscal general. Antes y después de aquella llamada, García Ortiz contactó con Lastra para insistirle en que diera publicidad a la nota. «Es imperativo sacarla», le escribió el fiscal general en una secuencia de whatsapps que reveló EL MUNDO, y agregó: «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato».
EL TRIPLE BORRADO
García Ortiz borró los mensajes enviados y recibidos entre el 8 y el 14 de marzo. También cambió de teléfono una semana después de que el Supremo acordara abrirle una investigación. Igualmente eliminó la cuenta de Gmail en la que recibió el correo de la defensa del novio de Ayuso. Él dijo que lo hizo por seguridad.
