Publicado: noviembre 20, 2025, 5:07 am
Santos Cerdán León y Koldo García Izaguirre eran en el verano de 2015 los «ojos y los oídos» en Navarra de un proyecto minero que les haría ricos. Muy ricos. Millones de euros situados en vetas de potasa en el límite de la comunidad foral con Aragón. Cerdán y su amigo Koldo no lo dudaron. Mina Muga -el sueño de volver a convertir a Navarra en una potencia minera- estaba al alcance de su mano porque ellos, y solo ellos, tenían la capacidad para aunar los intereses de los impulsores de la mina con la constructora Acciona y derribar cualquier obstáculo administrativo hasta llegar a un cofre del tesoro de 700 millones en inversiones del que obtener fácilmente 14 millones de euros con sus mordidas del 2%.
Mina Muga era el sueño dorado de Cerdán, García y de su socio Antxon Alonso Egurrola. Un proyecto de extracción de hasta 1,5 millones de toneladas de potasa al año destinada a la elaboración de fertilizantes agrícolas. Cerdán y García fueron conscientes del negocio que se les abría cuando recibieron el correo de Pedro Rodríguez reconociendo que ellos eran los únicos que podían guiar a Geolcali -la mercantil impulsada por Rodríguez y sus cuatro socios- para hacer realidad la enorme mina de potasas.
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) desvela el pilar sobre el que se construyó la trama navarra de corrupción liderada por Cerdán en Navarra y que, a partir de 2018 junto a José Luis Ábalos, extendió sus redes en el resto de España y lo intentó en África. El acta de nacimiento de la corrupción se firmó el 16 de septiembre de 2015. Antxon Alonso, el gestor utilizado por Santos Cerdán en la trama, y Justo Pelegrini (alto directivo de Acciona) establecieron un «acuerdo marco de colaboración empresarial» sobre el que pivotó la adjudicación irregular de contratos a Acciona y Servinabar. La UCO apunta incluso hacia el vicepresidente de Acciona Juan Ignacio Entrecanales porque era uno de los convocados a una reunión con Antxon Alonso, Justo Pelegrini y Pedro Rodríguez en octubre de 2015.
Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto de la mina.UCO
El documento hallado por la UCOen la oficina de Servinabar junto a la plaza del Castillo de Pamplona se firmó 12 días después de que Antxon Alonso creara Servinabar. Pero, pese a estar recién constituida, el documento empresarial justifica la confianza de Acciona en Servinabar porque «goza de una buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra. Fruto de dicha implantación tiene acceso y/o genera oportunidades de negocio para las que en ocasiones pueda ser conveniente o necesaria la colaboración de un tercero de diversas maneras».
Desde ese instante, Santos Cerdán, Koldo García y Antxon Alonso activaron todas sus relaciones políticas, personales y económicas para lucrarse con un proyecto que en otoño de 2015 solo tenía permisos de investigación del Gobierno de Navarra, pero que en mayo de 2019 logró, como si de un milagro se tratara, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable firmada por Javier Cachón de Mesa, el director de Medio Ambiente colocado en ese puesto por la ministra Teresa Ribera el 22 de junio de 2018, según el informe policial.
Los «ojos y oídos» Cerdán y García comenzaron a cobrar en 2017 por sus servicios. Acciona contrató a Servinabar por 2,8 millones de euros para realizar el plan de seguridad de Mina Muga. Hasta ese momento, Antxon Alonso se multiplicaba para explicar el proyecto en los ayuntamientos de Navarra y de Aragón e, incluso, para utilizar su cercanía política con la presidenta de Navarra Uxue Barkos de Geroa Bai (la coalición nacionalista de la que forma parte el PNV). La UCO ha constatado que en marzo de 2016 Antxon Alonso le envió a Barkos un mensaje a través de su correo corporativo (lehendakaria@navarra.net) para que participara en una reunión con Fernando Merino de Acciona (investigado en la causa) y representantes de Highfield Resources, los accionistas australianos que compraron al grupo de Rodríguez los derechos sobre el proyecto en 2016.
Seis meses más tarde y en un extraño mensaje que Alonso se autoenvió entre su cuenta de correo corporativa y la personal se le advertía a Barkos del problema en la gestión de un «monte de sal» que se generaría por los residuos de la mina hasta llegar a las vetas con potasa. Era, según el administrador de Servinabar, el único impedimento para que la administración concediera el permiso definitivo con el que arrancar la extracción de potasa.
Antes de lograrlo, Cerdán y Koldo presionaron en 2018 al PSOE de Aragón para que el Ayuntamiento de Remolinos aceptara este «monte de sal» y lo escondiera en una antigua mina de potasa abandonada.Para lograrlo, Cerdán contactó con el líder del PSOE en Aragón Javier Lambán -fallecido el pasado agosto- y el presidente de la Diputación de Zaragoza Juan Antonio Sánchez Quero.
Los trámites administrativos engradados por la trama de Cerdán incluyeron hasta tres reuniones personales de Alonso con María Chivite y sus consejeros. Mientras tanto la australiana Highfield Resources, propietaria de Geolcali, encontró en China el respaldo de dos empresas mineras que firmaron un compromiso para aportar de 260 millones que se sumaban al crédito bancario sindicado de 320,6 millones. Pero el castillo de naipes comenzó a desmoronarse cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló en octubre de 2024 por un defecto formal el permiso concedido por el Gobierno de Navarra; uno de los tres con los que contaban los promotores. Los otros dos fueron concedidos por el Gobierno de España y el de Aragón.
La investigación de la UCO y la paralización de los trámites administrativos para iniciar la actividad -el Supremo estudia los recursos al fallo suspensivo dictado por la Justicia navarra- han herido de muerte a Mina Muga. Según fuentes de la compañía, se han realizado inversiones por 150 millones de euros y su puesta en marcha y explotación generaría 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos. «El proyecto mantiene intacta su propuesta de valor y su importancia estratégica al contribuir a reducir la dependencia de potasa rusa y bielorrusa mediante una producción nacional esencial para la autonomía y seguridad de suministro del continente», sostiene Geolcali.
